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Nacionales

Estudio revela que municipios más afectados por COVID- 19 recibieron menos ayuda económica.

Entre los municipios se encuentran Soyapango y Mercedes de la Ceiba, en el departamento de La Paz, quienes enfrentaron la pandemia con escases de recursos económicos.

Según el Comité de Veeduría del Fondo de Emergencia, las 262 alcaldías solo recibieron $191.7 millones que representa el 29.1% de los $659 millones obtenidos en préstamos.

El informe detalla que los municipios que registraron mayor contagio se les asignó menos ayuda económica, aun cuando el decreto 608 aprobó $2,000 millones de los cuales el 30% sería para los gobiernos municipales.

Bajo este Decreto Legislativo, se obtuvieron en 2020 tres créditos con el Fondo Monetario Internacional ($389 millones), el Banco Interamericano para el Desarrollo ($250 millones) y el Banco Mundial (USD 20 millones), que suman $ 659 millones.

Para el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, la distribución de los fondos por municipio fue lo opuesto a la incidencia de la pandemia y con base en el FODES, ley que contempla los criterios de población (50%), equidad (25%), pobreza (20%) y territorialidad.

A juicio de Wilson Sandoval, subcoordinador del Comité, no hubo una política pública del Ejecutivo que diera criterios para la administración de los fondos a nivel de las alcaldías.

Al respecto, citó dos casos. El primero corresponde al municipio de Soyapango, con una población aproximada de 283 mil y con una tasa de infección registrada de 19.6 casos por cada 100,000 habitantes, pero solo recibió $6 por cada persona.

Otro caso emblemático de una distribución no equitativa es en Mercedes de la Ceiba, municipio del departamento de La Paz, donde la tasa era mucho menor a 1 caso por cada 100,000 habitantes, sin embargo, recibió más de $336.20 por persona. Finalmente, en el documento se destacó que tanto los ministerios de Turismo, Agricultura y Salud como las alcaldías de San Salvador, San Miguel y Santa Ana no entregaron la información solicitada

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Nacionales

UNAPS espera que sus aportes sean considerados en Comisión de trabajo de la Asamblea legislativa.

Representantes de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) esperan que diputados los incluyen en la reforma de “Ley de regulación de los servicios de seguridad privada.

La Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) expresó, a través de un comunicado, que están dispuestos a participar en la discusión de la “Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”, presentada al Ministerio de Trabajo, la cual dejaría a miles de personas sin empleo.

A través de un comunicado, La UNAPS también manifestó que como gremio están abiertos a acudir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea para exponer los puntos de vistas.

Sostienen que, “existen vacíos y fallas en la normativa actual”, por ello solicitaron a la comisión ser tomados en cuenta para abordar en conjunto la situación sobre los servicios de seguridad privada.

Oscar Alberto Quiteño, presidente de UNAPS, aseguró que “como gremio estamos dispuestos a sentarnos y mejorar todo lo que se pueda mejorar, pero siempre y cuando sea factible económica y socialmente”.

De acuerdo con el comunicado de UNAPS, muchas de las reformas planteadas en la iniciativa implican aumentar el costo del servicio que se presta en empresas y residenciales.

“Con el incremento del salario mínimo, que recientemente entró en vigencia, el turno de 24 horas, pasó de $836 a casi $1,100 dólares y con la nueva ley, tal y como se plantea, pasaría de $1,100 a $2,600 dólares aproximadamente”, sostuvieron.

En el documento, exponen la importante de la creación  de un régimen de horarios especiales, que sean catalogados como servicio esencial, al igual que el caso de policías, soldados, bomberos, médicos, enfermeras, etc.

Para ello, dicen, se necesita de un diálogo en el que participe el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Asamblea Legislativa y empresas de seguridad. “ofrecemos una mesa nacional para discutir el tema con más tiempo, con la finalidad de corregir las deficiencias que se deba corregir”.

La gremial reiteró la disposición de atender cualquier invitación a fin de exponer sus puntos de vista para enriquecer la discusión, porque consideran que, de esa manera, se logrará la aprobación de una nueva ley que beneficie a todos los involucrados y “que nos permita seguir aportando al desarrollo económico y social del país a través de la generación de empleos”.

Se estima que en El Salvador existen cerca de 434 acreditadas en el Centro Nacional de Registro, las cuales generan 27 mil empleos directos. La nueva normativa provocaría mayor desempleo en el país, incluyendo 45 mil más indirectos del mismo rubro.

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