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Corrupción

Estudio revela que los contratos adjudicados con soborno aumentan su costo final 71%

Un análisis a una muestra de 90 proyectos adjudicados a Odebrecht en 8 países de Latinoamérica muestra que la corrupción le sale muy cara a las sociedades, pues se termina pagando mucho más por las obras adjudicadas

En esa muestra de contratos, se descubrió que al menos 50% de ellos había sido adjudicado con el pago de sobornos, mientras que la otra mitad no.

El dato fue entregado por Eduardo Engel, catedrático de la Universidad de Chile y quien participó del equipo investigador que realizó el análisis de estos contratos de Odebrecht. Engel participó como expositor durante la conferencia CAF «Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo», que tuvo lugar este jueves en Quito, Ecuador.

Los datos muestran que mientras en los contratos sin sobornos el valor final de las obras apenas creció 6%, en la otra mitad de contratos adjudicados bajo soborno, los costos aumentaron 71%.

Engel citó el caso de a Ruta del Sol tramo 2 en Colombia, que sufrió adiciones importantes.

Justamente, ese fue el mecanismo que en general se usó para aumentar el valor del contrato, pues las nuevas obras que se contrataron se adjudicaron sin la licitación respectiva y en una negociación directa entre el Estado y Odebrecht. Eso implicó unos costos mayores a los que se habrían pagado con licitación.

Para Engel, es claro que una de las formas de impedir esta modalidad es señalar que ninguna adición se puede hacer directamente entre el gobierno y el concesionario, sino que tiene que ser adjudicada por licitación y sin la participación del contratista que ganó el proceso inicial.

Recordó el caso de Chile, donde gracias a una reforma legislativa se impuso este principio y esto llevó a que hubiera una caída en los montos renegociados de los contratos: antes de la norma se adicionaban contratos hasta 20% del valor inicial y ese indicador cayó a 1% después de la entrada en vigencia de la ley.

Por su parte, Daniel Kaufmann, presidente del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales volvió a poner sobre la mesa el enorme impacto de la corrupción y su poder, pues al año se estima, se entregan US$2 billones (millones de millones) en sobornos a lo largo del mundo.

Por eso destacó que lograr una buena gobernanza que impida la corrupción tiene impactos muy importantes en las economías. Reveló que lograr una mejor gobernanza triplica el ingreso per cápita, aumenta los niveles de educación de la sociedad, libera recursos para salud y otros rubros y aumenta y facilita el acceso de los países al financiamiento internacional.

Para él, el enfoque de la lucha contra la corrupción tiene que hacerse desde la perspectiva de «captura del Estado», porque sin lugar a dudas la corrupción no es un hecho aislado ni una decisión personal de un funcionario: se trata de todo un sistema.

«La corrupción se mueve en un sistema de reglas de juego y en muchos casos alguna élite incide en la fijación de esas reglas y todo ello es legal», comentó.

Dijo que hay muchos sectores vulnerables frente a esta situación como las industrias extractivas, el sector energético y el de infraestructura, donde las normas de adjudicación de contratos, autorización de licencias, y en general los marcos de contratación y subcontratación tienen un sesgo en favor de los actores mismos de ese sector.

Dentro de las salidas planteadas está la de una mayor participación de la sociedad civil en la auditoría de lo proyectos y unas reglas más firmes de rendición de cuentas.

En ese sentido, Evelyn Hernández, en representación de Infraestructure Transparency Initiative–COsT, explicó que este proyecto consiste en un programa internacional basado en un enfoque de gobernanza multisectorial que permite, a través de mesas de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y el gobierno, hacerle seguimiento a proyectos claves. Hasta el momento el enfoque ha estado centrado en la divulgación de la información de los proyectos, el aseguramiento de los mismos y al fortalecimiento de la auditoría social.

Daniel Kaufmann por su parte hizo un llamado a los gremios empresariales, pues es claro que si bien hay unos que tienen disposición para encontrar salidas que ofrezcan mayor transparencia a en la contratación pública, hay otros que no muestran disposición como el sector petrolero.

Eduardo Engel dijo que también es necesario fortalecer las medidas para impedir que la puerta giratoria se convierta en una fuente de opacidades en la contratación pública. Para él es claro que las personas que dirigen las instituciones deben tener experticia en los temas, pero también es claro que deben tener unas normas que impidan que lleguen a los cargos con sesgos a favor de los empresarios del sector.

Tomado del periódico Dinero de Chile https://www.dinero.com/economia/articulo/estudio-revela-que-los-contratos-adjudicados-con-soborno-aumentan-su-costo-final-71/278808

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Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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