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Corrupción

Empleados hospitalarios sirven de correo criminal a pandillas de El Salvador

En lo que sería un nuevo caso de cooptación de instituciones estatales por grupos criminales en El Salvador, una red de empleados hospitalarios corruptos estaría señalada de ayudar a pandilleros en prisión a transmitir órdenes de ataque a sus cómplices.

Por medio de citas médicas en hospitales públicos, los pandilleros estarían enviando órdenes criminales a otros pandilleros mediante una red de empleados hospitalarios, según declaró Osiris Luna Meza, director general de centros penales de El Salvador, por medio de una entrevista en televisión.

Luna Meza afirmó que los pandilleros admitieron “haber comprado” a algunos empleados para que transmitieran información esencial a otros pandilleros por fuera de las cárceles, de acuerdo con informes oficiales de inteligencia obtenidos por el funcionario.

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La ley salvadoreña permite que los reclusos salgan de prisión para recibir tratamiento médico en hospitales públicos cuando tienen problemas de salud, pero el director de centros penales está pidiendo que se elimine esta práctica y que los presos reciban la atención que requieren dentro de las prisiones en las que están recluidos.

De acuerdo con declaraciones entregadas a la Prensa Gráfica, se supone que todas las cárceles de El Salvador tienen centros médicos donde pueden atender a los presos. Esos servicios se ampliarían con las reformas que propone Luna Meza para impedir que las pandillas utilicen a empleados de hospitales públicos para transmitir información.

Las nuevas revelaciones se conocen justo después de que el presidente Nayib Bukele declarara un “estado de emergencia” el 21 de junio pasado en varios centros de reclusión, por sospechas de un posible ataque.

Análisis de InSight Crime

Poderosas pandillas como la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 en El Salvador han recurrido durante años a la infiltración en instituciones estatales para garantizar protección y favorecer sus intereses criminales.

De hecho, en el pasado las pandillas “urdieron pactos electorales con los principales partidos políticos del país” e incluso han negociado acuerdos mediante los cuales han recibido dádivas como alimentos, dinero y empleos por parte de operadores políticos. Todo ello les ha permitido “ampliar su base de poder social y político”, como lo constató el trabajo de campo de InSight Crime para el 2017 en su investigación sobre pandillas y poder municipal en El Salvador.

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El sistema político no es la única institución estatal cooptada por las pandillas.

Entre 2010 y 2015, por ejemplo, se dice que 500 pandilleros infiltraron las fuerzas armadas y la policía de El Salvador. En algunos casos, los pandilleros han usado a miembros corruptos de la policía para que les ayuden en las redes de extorsión —su principal fuente de ingresos— o para corromper a soldados y conseguir armamento de alto poder.

Además, por más de una década el sistema carcelario de El Salvador ha servido como base de operaciones para la MS13 y Barrio 18, las dos pandillas más grandes del país. De acuerdo con el trabajo de campo realizado por InSight Crime en la región, “La toma de las prisiones por parte de las maras surgió de una combinación de malas políticas públicas y mayor habilidad y astucia organizacionales por parte de las maras”.

Tomado del Insight Crime Escrito por Parker Asmann

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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