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Corrupción

Este gobierno está desmantelando la democracia

La ligereza para hablar del presidente Bukele y la falta de asesoría profesional, lo hace retractarse de sus declaraciones y al final termina tomando su propia “medicina amarga” al no cumplir con lo prometido.

Prometió desaparecer la partida secreta para evitar más robo, pero luego se arrepiente y decide mantenerla porque es “necesaria”.

La ligereza para hablar del presidente Bukele y la falta de asesoría profesional, lo hace retractarse de sus declaraciones y al final termina tomando su propia “medicina amarga” al no cumplir con lo prometido.

Una de las promesas de campañas fue eliminar la partida secreta del presupuesto del Estado y porque había sido utilizada por Funes y Saca para malversar más de $651 millones entre ambas administraciones.

Asimismo, dijo que los gastos necesarios de la inteligencia, “saldrían de partidas auditables para evitar el robo que siempre ha existido, calificando estos fondos como “semillero de la corrupción”.

“Proponemos eliminar la partida secreta para que nadie se lucre de ella (…) y proponemos traer una comisión internacional contra la corrupción para que los corruptos ya no puedan meter sus manos en los bolsillos del pueblo”, se decía en el video publicado en la cuenta oficial del presidente.

Sin embargo, el 2 de junio 2019, Bukele clasificó como «secreto de Estado» toda la información relacionada con la inteligencia estatal, incluída la de los gastos, afirmación que no fue desmentida por ningún miembro del Gobierno, según investigación publicada por la revista Factum.

Nelson Fuentes, exminsitro de Hacienda, afirmó en septiembre del año pasado , que dicha partida no se eliminaría como se había prometido durante la campaña, declaraciones que desagradaron al mandatario tras dejarlo en evidencia.

De acuerdo a este medio de información local, en los primeros dos meses de su gestión, ya había gastado $2,114,961.56 de la partida secreta de la Presidencia, sin conocerse el destino de esos fondos.

La investigación detalla, que el primer desembolso con fecha 18 de junio de 2019, fue de $27,102, pero los desembolsos continuaron los días siguientes y en cantidades mayores.

El 26 de julio se registra una salida de $292,636, un día después se suman otros $653,820. Para el 1 de julio se gastaron $177,601, el 23 de julio otros $139,820 y el 29, $4250,443. El último gasto que se menciona en el documento sobre los movimientos de cuentas, salieron $116,278.

Con estos gastos también llegaron reproches por no cumplir la promesa de terminar con la corrupción ni transparentar los gastos “necesarios”, pero en su lujar justificó que éstos habían disminuido tres veces más en comparación a los gobiernos anteriores.

En diciembre, mes y medio después, vuelve a contradecirse, ya que los gastos mensuales en la casa de gobierno se triplicaron, siguiendo el ejemplo de los “mismos de siempre” y aún más.

De acuerdo a las encuestas de la UCA, hecha pública en septiembre de 2019, el 91 % de la población estaba de acuerdo con esa promesa y que también hiciera público los gastos, pero ni una cosa ni la otra. La partida secreta es más secreta ahora.

Para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, “Las promesas fueron una estrategia para capturar el voto porque, una vez en el Gobierno, cambia la perspectiva. Desde afuera se puede decir cualquier cosa, pero la perspectiva cambia ya ejerciendo el cargo”.

A juicio del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el incumplimiento de esos compromisos adquiridos por el gobernante solo fueron una retórica falsa y maliciosa”.

Sostiene que el Ejecutivo solo “modificó en papel” la partida de gastos reservados, pero al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) se le sigue inyectado elevadas sumas de dinero.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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