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Estados Unidos vuelve a recordarle al gobierno salvadoreño combatir la corrupción

Mientras el cabildero de Bukele en Washington busca abrirle paso a la casa Blanca, el congresista Antony J. Blinken reiteró a la canciller salvadoreña la urgencia de combatir la corrupción e impunidad.

A diferencia de los cancilleres de Guatemala, Pedro Brolo, y de Honduras, Lisandro Rosales, quienes sostuvieron encuentros con representantes del gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de febrero, la diplomática salvadoreña Alejandra Hill Tinoco solo ha tenido contacto vía teléfono con el secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken.

Esta sería la primera reunión de alto nivel que sostiene El Salvador con el equipo de la administración Biden, luego de que se diera una polémica por la visita express y su solicitud de reunión del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Washington.

Según un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado, el vocero del secretario Blinken, informó de la llamada entre la canciller, en la cual se abordaron diferentes temas, pero resaltó como principal, la eliminación de la corrupción.

También expresó a la ministra Hill Tinoco que el pilar fundamental del denominado plan Biden para Centroamérica es eliminar la corrupción y combatir la impunidad en El Salvador. Dicho plan incluye sanciones para funcionarios involucrados en corrupción.

Asimismo, se detalló que durante la conversación llamó al gobierno salvadoreño a “proteger y fortalecer instituciones democráticas”, sin pasar por alto la rendición de cuentas y la transparencia.

De igual manera Blinken, dejó claro que es importante garantizar el respeto a los derechos humanos, así como el combate a la corrupción e impunidad, considerados pilares fundamentales para la relación bilateral que aseguran la paz y la prosperidad en la región.

Cuesta arriba de Bukele

Para “limpiarle” el camino, de manera anticipada, el jefe de Estado recurrió a la contratación de cabilderos norteamericanos e invirtió $450,000, generando con ello un torbellino de críticas por la supuesta carencia de fondos para combatir la pandemia.

Tras el rechazo público, Bukele declaró a The Associated Press que había declinado de ese gasto, pero el cabildero en Washington Robert Stryk siguió trabajando para el gobierno haciendo llamadas a las oficinas legislativas de los republicanos.

El 6 de febrero pasado, se conoció que Sonoran Policy Group, de Stryk, había cobró pagos por 214.000 dólares a la agencia estatal de inteligencia de El Salvador por las gestiones realizadas y sin lograr sus objetivos.

La firma, que cambió nombre hace poco a Stryk Global Diplomacy, recibió el pago en mención por el último trimestre de 2020, siendo a finales de noviembre, según el documento presentado ante el Departamento de Justicia en el que se detallan las actividades de cabildeo exterior.

Sin embargo, los esfuerzos no han rendido los frutos esperados por el gobernante salvadoreño para lograr un acercamiento como el establecido con el expresidente Trump.

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, Bukele enfrenta el desafío de ganarse el apoyo del gobierno de Biden, que se ha alejado de la política dura de Trump hacia la inmigración, a la que el presidente salvadoreño cedió firmando un acuerdo que permitiría que Estados Unidos enviara solicitantes de asilo de otros países a El Salvador.

El último revés que recibió, fue a principios de febrero pasado cuando, Bukele se apersonó a solicitar una reunión con representantes del gabinete del Joe Biden, la cual fue denegada y que le generó otra avalancha de críticas.

Para librarse de este “bochorno” el mandatario tildó a la prensa internacional de poco confiable y reunió al Cuerpo Diplomático acreditado en su país para dar su propia versión.

No obstante, los congresistas Norma Torres y Albio Siles confirmaron que Bukele sí había insistido en una reunión, la cual fue rechazada. “Me alegra ver que el presidente Joe Biden establezca un nuevo tono con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele”, expresó en un tuit la legisladora Torres.

Según la fuente cercana a la Casa Blanca, esto manda dos mensajes: primero, que Washington dejará de tolerar abusos de poder; y segundo, que no querían permitir que Bukele usara la reunión para beneficios electorales a desarrollarse el próximo 28 de febrero.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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