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Corrupción

Empresa UDP NEC Ciudad Segura pone aviso de demanda a comuna capitalina por contrato de viedovigilancia.

Por “causa de agravio”  en dos acuerdos en el proceso de licitación, la compañía  japonesa presentó aviso de demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla.

La cuestionada adjudicación del proyecto de vieovigilancia a la empresa EyeTech Solutions S.A. de C.V. (ETS), el pasado 17 de enero 2020, le costará otra demanda al concejo municipal de Erneso Muyshondt.

Esta vez, la acción  procede de la empresa  UDP NEC Ciudad Segura, la cual también participó en la licitación con una oferta mucho menor a la que presentó la compañía mexicana, investigada por lavado de dinero. 

Un equipo de investigación de El Diario de Hoy, tuvo acceso al escrito y según este medio,  UDP NEC Ciudad Segura, solicita que se dicten medidas cautelares como suspender la ejecución del contrato que el concejo de San Salvador autorizó.

La concesión de servicio público del sistema de monitoreo y plataforma tecnológica de Smart City (Ciudad Inteligente) para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local en el municipio de San Salvador, costará a los contribuyentes de este municipio un nuevo impuesto del 4% para parar en 15 años  una deuda de $84.8 millones.

Para UDP NEC, los actos realizados por el concejo de San Salvador durante el proceso de licitación, le “causan agravio directo” a la UDP (Unión de Personas, formada para competir en la licitación) y al patrimonio de la misma.

Por ello, los demandantes pretenden impugnar los dos actos. El primero es el acuerdo municipal Nº 4.4 que adoptó el 17 de enero 2020 cuando adjudicó el contrato a ETS; y el segundo es el acuerdo Nº 5 tomado el 10 de febrero 2020 en el que declara “sin lugar” el recurso de revisión que interpuso UDP NEC, se detalla en el documento.

En ese último,  se confirma la adjudicación de la licitación a ETS y dieron instrucciones a las unidades involucradas a continuar con todos los trámites relacionados a la licitación, se plantea en el aviso de demanda.

La empresa japonesa argumenta que en ambos acuerdos hay “vicios de ilegalidad” entre estos: falta de notificación íntegra del acto de adjudicación; violación al derecho de defensa, violación al principio de igualdad; y no se adjudicó el contrato a la oferta más ventajosa para la administración (alcaldía).

En el  aviso de demanda, se aclara que la alcaldía le adjudicó el contrato de concesión de la videovigilancia a la otra empresa, en este caso a ETS, cuando NEC había ofertado por $5 millones menos por dar el mismo servicio.

NEC dice que en esos acuerdos el concejo “violó” varias cláusulas de las bases de licitación, y que en el procedimiento de contratación pública cometió “error de Derecho” al aplicar la Lacap (Ley de Adquisición y Contratación de la Administración Pública) y no la Ley de Asocio Público Privado.

UDP NEC pide medidas cautelares
La empresa japonesa solicita a la Cámara de lo Contencioso Administrativo que admitan el aviso de demanda contra el Concejo Municipal de San Salvador y al mismo tiempo, se suspendan los efectos de los actos a impugnar, en este caso los dos acuerdos municipales.

Además, pide que “de haberse llevado a cabo la firma del contrato, se ordene al Concejo Municipal de San Salvador que no gire la orden de inicio del contrato para que no se ejecute el mismo, que surgió en función de los actos ilegales que se impugnarán en sede jurisdiccional”. NEC le solicita a la Cámara que le requiera al concejo capitalino el expediente con los acuerdos que quiere impugnar y que les permita “reproducir por cualquier medio tecnológico dicho expediente…”.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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