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Secretos Políticos

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios. Así lo ha anunciado el gobierno recientemente. Los datos sobre homicidios solo incluirán la “violencia social” y no los casos relacionados con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Esta medida dificulta el análisis preciso de la precaria situación de seguridad del país.

Según un informe de El Mundo, el registro de homicidios del país no incluirá a víctimas de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pandilleros. Tampoco los cuerpos que se encuentren enterrados en fosas.

En los primeros 45 días del gobierno de Bukele, 35 presuntos pandilleros han muerto. Se cree que fueron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad —22 en junio y 13 en la primera quincena de julio—. Según El Diario de Hoy, estos incidentes ya no se incluirán en el recuento diario de muertes violentas.

 PNC informa sobre nueva estadística de homicidios.

La PNC hizo estas declaraciones durante la presentación de un informe de sobre los homicidios cometidos en los primeros 25 días del plan de seguridad mediante el cual se enviaron militares y policías a las calles para retomar los territorios dominados por las pandillas MS13 y Barrio 18.

Además de los 2.500 agentes de policía y 3.000 soldados que se enviarán a San Salvador, la capital del país, así como a otras ciudades como parte de la operación, otros 2.000 soldados se desplegarán hacia finales del año para intentar recuperar el control sobre las 14 capitales de los departamentos del país.

La tasa de homicidios de El Salvador ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Aunque sigue siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica, los 3.340 homicidios registrados en 2018 representaron una disminución del 15 por ciento con respecto a los 3.947 homicidios de 2017.

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios

La decisión de la administración Bukele de reportar datos incompletos de los homicidios parece ser un claro intento de maquillar una situación de seguridad que trata de controlar, o de ocultar posibles abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad del país.

Las fuerzas de seguridad de El Salvador tienen un largo historial de uso de la fuerza excesiva e incluso letal. En 2017, se reveló que una unidad especial de la policía, a manera de escuadrón de la muerte, utilizó las redes sociales para coordinar al menos tres asesinatos extrajudiciales de presuntos pandilleros. Al año siguiente, conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que algunos miembros de alto rango del ejército del país dirigían un escuadrón de la muerte clandestino, mediante el cual ejecutaban a presuntos pandilleros.

En el pasado, Estados Unidos ha proporcionado financiación a estas unidades élite acusadas de cometer graves abusos de poder.

 No cuentan muertes por enfrentamientos armados

Además, el nuevo método para el recuento de homicidios no incluye incidentes como la infame masacre por parte de la policía, en marzo de 2015, en una finca de San Blas. La policía aduce que un “intercambio de disparos” fue lo que condujo a la muerte de ocho presuntos pandilleros. Pero las investigaciones demostraron que los hombres fueron ejecutados y luego sus cuerpos se dispusieron de manera que pareciera que habían muerto en un tiroteo con la policía.

Y aunque al parecer los homicidios en El Salvador están disminuyendo, las desapariciones están aumentando. Los 3.514 casos de desapariciónregistrados por la Fiscalía General en 2018 fueron más que la cantidad de homicidios registrados ese mismo año. Los desaparecidos que fueron encontrados muertos, lo cual incluye a los que se encontraron en tumbas clandestinas —una táctica que solían utilizar las pandillas del país— no se incluirían en los nuevos registros oficiales de homicidios.

Aún más, las nuevas directrices podrían generar una situación caótica, dado que los homicidios registrados por la administración Bukele diferirán significativamente de los datos recabados por los médicos forenses del país o por la Procuraduría General.

Los contradictorios datos harían cada vez más difícil entender cabalmente las posibles tendencias de los homicidios, lo cual podría, entre otros obstáculos, complicar o retrasar la implementación de políticas efectivas para detener la violencia y la inseguridad.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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