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Secretos Políticos

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios. Así lo ha anunciado el gobierno recientemente. Los datos sobre homicidios solo incluirán la “violencia social” y no los casos relacionados con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Esta medida dificulta el análisis preciso de la precaria situación de seguridad del país.

Según un informe de El Mundo, el registro de homicidios del país no incluirá a víctimas de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pandilleros. Tampoco los cuerpos que se encuentren enterrados en fosas.

En los primeros 45 días del gobierno de Bukele, 35 presuntos pandilleros han muerto. Se cree que fueron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad —22 en junio y 13 en la primera quincena de julio—. Según El Diario de Hoy, estos incidentes ya no se incluirán en el recuento diario de muertes violentas.

 PNC informa sobre nueva estadística de homicidios.

La PNC hizo estas declaraciones durante la presentación de un informe de sobre los homicidios cometidos en los primeros 25 días del plan de seguridad mediante el cual se enviaron militares y policías a las calles para retomar los territorios dominados por las pandillas MS13 y Barrio 18.

Además de los 2.500 agentes de policía y 3.000 soldados que se enviarán a San Salvador, la capital del país, así como a otras ciudades como parte de la operación, otros 2.000 soldados se desplegarán hacia finales del año para intentar recuperar el control sobre las 14 capitales de los departamentos del país.

La tasa de homicidios de El Salvador ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Aunque sigue siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica, los 3.340 homicidios registrados en 2018 representaron una disminución del 15 por ciento con respecto a los 3.947 homicidios de 2017.

El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios

La decisión de la administración Bukele de reportar datos incompletos de los homicidios parece ser un claro intento de maquillar una situación de seguridad que trata de controlar, o de ocultar posibles abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad del país.

Las fuerzas de seguridad de El Salvador tienen un largo historial de uso de la fuerza excesiva e incluso letal. En 2017, se reveló que una unidad especial de la policía, a manera de escuadrón de la muerte, utilizó las redes sociales para coordinar al menos tres asesinatos extrajudiciales de presuntos pandilleros. Al año siguiente, conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que algunos miembros de alto rango del ejército del país dirigían un escuadrón de la muerte clandestino, mediante el cual ejecutaban a presuntos pandilleros.

En el pasado, Estados Unidos ha proporcionado financiación a estas unidades élite acusadas de cometer graves abusos de poder.

 No cuentan muertes por enfrentamientos armados

Además, el nuevo método para el recuento de homicidios no incluye incidentes como la infame masacre por parte de la policía, en marzo de 2015, en una finca de San Blas. La policía aduce que un “intercambio de disparos” fue lo que condujo a la muerte de ocho presuntos pandilleros. Pero las investigaciones demostraron que los hombres fueron ejecutados y luego sus cuerpos se dispusieron de manera que pareciera que habían muerto en un tiroteo con la policía.

Y aunque al parecer los homicidios en El Salvador están disminuyendo, las desapariciones están aumentando. Los 3.514 casos de desapariciónregistrados por la Fiscalía General en 2018 fueron más que la cantidad de homicidios registrados ese mismo año. Los desaparecidos que fueron encontrados muertos, lo cual incluye a los que se encontraron en tumbas clandestinas —una táctica que solían utilizar las pandillas del país— no se incluirían en los nuevos registros oficiales de homicidios.

Aún más, las nuevas directrices podrían generar una situación caótica, dado que los homicidios registrados por la administración Bukele diferirán significativamente de los datos recabados por los médicos forenses del país o por la Procuraduría General.

Los contradictorios datos harían cada vez más difícil entender cabalmente las posibles tendencias de los homicidios, lo cual podría, entre otros obstáculos, complicar o retrasar la implementación de políticas efectivas para detener la violencia y la inseguridad.

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Corrupción

José Luis Merino, el aliado financiero y político de Bukele

El excomandante Ramiro, como se le conoce en la militancia, mantiene una estrecha relación con el mandatario salvadoreño y nexos con el régimen de Maduro. Algunos miembros del FMLN también lo responsabilizan de la reciente derrota y de minar las bases del partido.

José Luis Merino es uno de los máximos líderes del partido Farabundo Martí y duramente criticado por los vínculos con el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Sobre estos señalamientos, Merino niega categóricamente que exista una alianza entre ambos, y los califica como una “fábrica de calumnias perversas que hay, mentes torcidas”, que divulgan una supuesta relación con el gobernante.

No obstante, estas declaraciones fueron desmentidas por Eugenio chicas, también exdirigente del partido farabundista y que conoce las andanzas de José Luis Merino.

“Dice Ramiro en la nueva entrevista que nunca han tenido relación financiera con Bukele. ¿Por qué nunca ha enfrentado a Bukele? ¿Dónde estuvo durante la campaña?, cuestionó Chicas.

Sin embargo, no solo la cúpula y militancia ponen en la “tela de juicio” la lealtad del comandante “Ramiro”, la cual fue expuesta en un artículo periodístico del medio digital El Independiente “Disputa de grupos al interior del FMLN”.

En la publicación, se señala que el grupo del FMLN bajo la responsabilidad de Merino elaboró un documento donde aseguraba que Bukele no era el “enemigo” o adversario principal y en su lugar, resaltaba el “liderazgo del presidente”.

Además, solicitaba que las recomendaciones expuestas en dicho documento fueran aplicadas “a juzgar por la pasividad que exhiben frente al gobierno desde que controlan la dirección del partido y que por eso lo percibe la militancia”.

Otra investigación realizada en septiembre del año pasado por Douglas Farah, experto en seguridad estadounidense, concluyó que había suficientes vínculos entre el presidente Nayib Bukele con José Luis Merino, PDVSA y la empresa creada por Hugo Chávez, Alba Petróleos.

La publicación titulada: “Informe evidencia que Nayib Bukele convive con la estructura corrupta de Alba Petróleos, José Luis Merino y el régimen de Maduro”.

Farah expuso “el peligro y la duplicidad de los vínculos” del presidente Nayib Bukele con la estructura político-económica del exguerrillero José Luis Merino y la empresa Alba Petróleos, “ya que la misma socava el estado de derecho salvadoreño y los objetivos políticos de EE.UU. con Venezuela y Nicaragua”.

Asimismo, la relación financiera del presidente Bukele con Alba Petróleos, sociedad vinculada a José Luis Merino, ha sido publicada por investigaciones de los medios salvadoreños.

El Faro y la Revista Factum, se ganaron el rechazo al gobierno por dar a conocer que Inverval, S.A. de C.V., empresa financiada por Alba Petróleos, entregó $1,974,200 al presidente cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, incluso, el mismo Bukele, aseveró en ese momento que: “Siendo sinceros: ¿qué empresa no recibió dinero de Alba Petróleos?».

De estos señalamientos y según documentación que tiene la Fiscalía General de la República entre el 1 de febrero y el 24 de febrero de 2013 Inverval emitió ocho cheques a Bukele, Obermet, empresa de la familia Bukele, Starlight, propietaria de Canal TVX, para comprar acciones y capital de Starlight.

No obstante, José Luis Merino, se mantiene firme y desmiente cualquier alianza con Bukele y aclaró que “no existe ninguna relación ni ha existido ninguna relación financiera ni ninguna relación de respaldo, incluyendo la fotografía esa,  pintada, donde manchaban mi chaleco rojo de color celeste, hasta una supuesta fotografía y una celebración, son fotografías viejas de convenciones de mi partido del FMLN, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer», manifestó durante una entrevista televisiva de  un medio venezolano.

El excomandante, sigue bajo la mira de EE.UU y las investigaciones centran en los nexos y negocios con el régimen de Maduro, la guerrilla colombiana y también con Nayib Bukele.

Actualmente José Luis Merino, figura en la lista negra del Departamento de Estado sobre funcionarios corruptos en El Salvador, vedados de ingresar a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, corrupción o financiamiento electoral ilícito.

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Noticias

Blindaje al nepotismo en la Asamblea Legislativa

La Corte Suprema de Justicia declaró reserva sobre la información que revela los vínculos familiares de diputados que contienen las declaraciones de Probidad.

Once Magistrados Corte Suprema de Justicia (CSJ) blindaron la información sobre el parentesco de los diputados que contienen las declaraciones de Probidad solicitado por el Tribunal de Ética, solicitada el 20 de enero pasado.

Con esta reserva, ésta institución queda imposibilitado para  continuar las investigaciones sobre  la contratación de familiares en el congreso y  los casos de nepotismo.

Para TEG, la contratación de familiares en la Asamblea Legislativa por parte de los parlamentarios es una acción contraria a la Ley de Ética Gubernamental.

La normativa “prohíbe  nombrar, contratar , promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio”

El TEG inicio la investigación luego de conocer Guillermo Gallegos expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, reconociera  públicamente que en el parlamento laboraban varios familiares.

Según el Tribunal, esta investigación contemplaba a los 84 diputados, entre los que figuran  Cristina López, exdiputada del PCN, quien recibe un salario sin asistir a trabajar y una más contra  Osiris Luna, director de Centros Penales, por no dar a conocer la información de sus viajes.

La imposición de la reserva, según los Magistrados es porque se viola el artículo 240 de la Constitución de la República que impone la reserva a las declaraciones de bienes.

Por lo tanto, no se  podrán conocer las identidades de parejas, hijos y otros familiares de los parlamentarios.

Los firmantes de este dictamen son los magistrados Marina de Jesús Marenco de Torrento, Óscar Armado Pineda Navas, Carlos Sánchez Escobar, Ovidio Bonilla Flores, Sandra Luz Chicas Bautista, Dafne Yanira Sánchez, Carlos Sergio Avilés, Doris Luz Rivas Galindo, Roberto Argueta Manzano, Elsy Dueñas Lovos y Roberto Carlos Calderón.

 De acuerdo al magistrado Sánchez Escobar, la petición del TEG no procedía porque se trataba de una «actividad administrativa sancionadora»; recomendado al resto de magistrados reservar la información patrimonial, donde consta quienes son sus familiares, que los diputados entregaron a la Sección de Probidad.

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