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El Salvador está en crisis, pero Bukele se enfoca en ganar las elecciones 2021.

El Movimiento de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), señaló la crisis que vive el país se profundiza, mientras el presidente Bukele continúa en una ilegal carrera electoral.

Para los representantes de esta organización es lamentable qué, en medio de una crisis, el gobierno reste importancia a la misma y mueva todo el aparato estatal hacia la contienda política del próximo año.

De acuerdo a sus valoraciones, la economía de El Salvador está en riesgo, ya que el volumen de la actividad económica disminuyó -9.3% en el primer semestre del año.

Asimismo, mencionan que el impacto ha sido evidente y uno de los rubros que más afectados ha sido el de la construcción, registrando un -37%, comercio con .18%, mientras que la industria manufacturera experimentó un .15%.

En su análisis detallan también que las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, entre otros servicios, con un -10%. Por su parte el agro cayó en un -2%.

Las exportaciones de bienes bajaron un -24% entre los meses de enero y agosto, con respecto al mismo período de 2019, porcentajes que reflejan un estancamiento en la economía nacional.

Otro de los indicadores que evaluaron son los que corresponden a lo social y donde ven un deterioro significativo. Estiman que alrededor de 75 mil personas han perdido su empleo en sector formal debido a la cuarentena obligatoria por Covid-19, sin contabilizar los cientos de miles de trabajadores informales que perdieron las fuentes de ingreso.

PROES también contempla qué, al finalizar el año, unas 600,000 personas habrán caído en la pobreza debido a un recorte de $22.1 millones a los programas específicos o con sesgos implícitos hacia las mujeres.

En los temas de Salud, consideran que el gobierno no tiene un abordaje integral, abandonó a los grupos más vulnerables y le ha recortado el presupuesto del 2020,US$21.5 millones al primer nivel de atención (adicionales a los US$33.5 millones que ya se había recortado con respecto al presupuesto de 2019).

Además, le restó a los hospitales nacionales US$39.8 millones a los hospitales, pero hace millonarias inversiones “en un elefante blanco que construye en el CIFCO”.

Llama la atención, dicen, que pese a disponer de alrededor de US$2,200 millones adicionales al presupuesto de 2020, provenientes de deuda externa e interna (incluyendo las últimas CETES vendidas), el Gobierno no le transfiere a las alcaldías los recursos que establece la ley, no le da la pensión a los adultos mayores ni garantiza la de los veteranos de guerra, le debe las semillas a los agricultores y no financia la producción local sino la importación de alimentos.

Esta indiferencia por parte del gobierno, ha generado un creciente malestar social. Hay protestas de veteranos de guerra, agricultores, personas que laboran en las alcaldías y pobladores comunitarios.

Esta situación apunta, según PROES a indicios de corrupción pública, la cual cobra fuerza tras las renuncias del ministro de hacienda, la superintendente del sistema financiero y el presidente del Banco Central de Reserva, quien desmintió al presidente Nayib Bukele sobre la supuesta carencia de recursos públicos.

Sin embargo, el grave deterioro económico, sanitario, educativo y social, no es la prioridad para un gobierno que hizo muchas promesas que nada más quedaron impresas en un plan de gobierno casi desconocido.

Finalmente, concuerdan que esta administración presidencial no le interesa enfrentar la crisis integral, sino confrontar con quienes le critican, atacar a la Asamblea Legislativa, violar las leyes y manipular la opinión pública para garantizar buenos resultados electorales.