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Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Centroamérica

“Ley especial de regulación de los servicios de seguridad”, dejará sin empleo a miles de trabajadores.

En el salvador existen cerca de 434 acreditadas en el Centro Nacional de Registro, que generan 27 mil empleos directos. La nueva normativa provocaría mayor desempleo en el país, incluyendo 45 mil más indirectos del mismo rubro.

Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pretenden regular los servicios de Seguridad privada con esta iniciativa de ley.

Al respecto, la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), que aglutina a 80 empresas y a más de 15 mil colaboradores, se muestran respetuosos a la propuesta parlamentaria, pero hacen algunas observaciones a la misma sin la intensión de incumplirla.

Asimismo, reconocen que existen vacíos y fallas en la normativa actual, por lo que la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es de total atinencia y urgente aprobación e implementación.

Sin embargo, las regulaciones plasmadas en el anteproyecto contienen algunos puntos sensibles, que impactarán económicamente a todos los sectores involucrados en el quehacer de la seguridad privada y finalmente al pueblo salvadoreño.

 Uno de ellos es que paracumplir la ley definitivamente hay que aumentar el costo del servicio que, con el aumento del salario mínimo, sería una cantidad imposible de cubrir por los clientes, en su mayoría colonias y pequeños negocios que son asediados por la delincuencia.

Por ejemplo, el turno de 24 horas, paso de$836 a casi $1,100 dólares y con la implementación de la ley como está, pasará de $1,100 a $2,600 dólares aproximadamente.

Dicho incremento, asegura laUNAPS, tendrá que trasladarse al cliente, pues la mayoría de empresas de seguridad sobrepasan los 100 empleados y no podrán accesar al subsidio ofrecido por el Señor Presidente de la República.

Ante tal situación, implementar la ley, tal como está, generará desempleo por la reducción de agentes ante el incremento del precio de los servicios de seguridad.

 La organización manifiesta que, a la fecha, se ha reducido la demanda de guardias en un aproximado del 6% equivalente a 4,050 empleos perdidos por la negativa de los clientes a pagar el aumento o cierre de empresas.

Otro punto de preocupación de la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada es el tema del seguro de vida, el cual se ha incrementado en un 320%, mucho mayor que el seguro de soldados y ejército.

De igual manera, las multas contempladas en la propuesta de ley se incrementa en algunos casos de $57.14 dólares a $29,200 dólares, sobrepasando parámetros de proporcionalidad, establecidos por jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, UNAPS y para cumplir con ley, propone que la comisión de Trabajo y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo a aprobar la ley, convoque a una gran Mesa de Dialogo Nacional donde estén representados todos los actores de la seguridad privada, para buscar consensos y lo mejor para todos.

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