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EL FOP obliga a las AFP a prestar el 53% al gobierno y solo paga 1.2% de interés por usar dinero de los trabajadores.

Por 14 años el gobierno ha tomado del fondo de las cuentas individuales de los trabajadores para financiar el pago de pensiones de estas dos instituciones ante la falta de fondos para cumplir con ese compromiso estatal.

El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) fue aprobado en 2006 por el expresidente Saca para que el gobierno tome dinero de las cuentas privadas de los cotizantes de las AFP y con eso pagar a los jubilados del ISSS y el INPEP.  

Por 14 años el gobierno ha tomado del fondo de las cuentas individuales de los trabajadores para financiar el pago de pensiones de estas dos instituciones  ante la falta de fondos para cumplir con ese compromiso estatal.

Cada modificación de la ley del FOP otorga más beneficios al gobierno y actualmente no tiene la obligación de pagar la amortización de esta deuda ni los intereses que ese dinero debería estar ganando para la jubilación de los trabajadores. 

En un inicio las administradoras del fondo de pensiones estaban obligadas a prestarle al Gobierno un 30% de los ahorros de los salvadoreños, pero en 2012 el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, solicitó a la Asamblea otra modificación a la ley y subió el techo a 45%. 

La promesa del ejecutivo para aumentar el porcentaje, fue pagar más tasa de interés por prestar  el dinero de los trabajadores, según la ley FOP, de Libor+0.75.  En los primeros años los trabajadores ganaban un retorno de aproximadamente 5%, pero desde 2009 esta cayó, por lo que comenzaron a recibir menos ganancias por su dinero al punto que la rentabilidad se redujo a menos del 2%.

Con esta ley, el Gobierno lograba dinero fresco para pagar inmediatamente a los jubilados mientras que a los cotizantes les prometió pagar a plazos de hasta 25 años. 

Asimismo el gobierno creo la figura de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que debían emitirse cada tres meses para obtener el dinero de forma rápida. Así, el Fiduciario (ahora Bandesal) solicita cada tres meses a las AFP que le preste cierta cantidad de dinero y estas empresas tienen que hacerlo, por ley.

En junio del 2016, la Asamblea modificó la ley del FOP nuevamente y ahora el Gobierno no tiene la obligación de pagar la amortización de esta deuda ni los intereses que ese dinero debería estar ganando y que es importante para tu jubilación. 

Cuentas individuales la caja chica del gobierno

En el 2017, el Congreso Legislativo aprobó subir el  techo del porcentaje de los fondos que el gobierno pueda tomar del fondo previsional y autorizando que el Ejecutivo tomara $500 millones más  de las cuentas individuales de los trabajadores, a través de la emisión de los cuestionados Certificados de Inversión Previsional (CIP).

En esa oportunidad la reforma fue por los partidos GANA, FMLN y un voto disidente de ARENA elevó el techo al 50% y según economistas, el FOP es un parche desde su creación y nunca ha buscado un debate técnico que lleve a una reforma sobre el modelo del sistema previsional.

Al respecto la  Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) ha  reiterado en varias ocasiones  que “la decisión de incrementar el límite de inversión obligatoria es perjudicial para el ahorro de los afiliados y los efectos de esta decisión se traducirán en pensiones más bajas para los trabajadores”.

Con estos préstamos, los salvadoreños que cotizan al sistema de pensiones han perdido $3,567 millones en rentabilidad por las bajas tasas de interés que el Estado les ha pagado a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP)., mientras que los cotizantes del sistema de pensiones les ha prestado desde 2006 un total de $6,216 millones a tasas de entre 1 y 3 % de interés.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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