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El covid-19 el negocio del gobierno de Bukele

La crisis sanitarias han sido la excusa del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gabinete a cargo del abordaje de la pandemia, para no rendir cuentas sobre los gastos realizados a la fecha.

Ayer se cumplieron 134 días desde que Bukele declaró por primera vez Estado de Emergencia por coronavirus.  El gobierno afirma que ha gastado $443,799,616.61, pero un porcentaje de la población se quedó fuera del bono y los paquete de alimentos, mientras médicos reclaman insumos para atender la pandemia.

La crisis sanitarias han sido la excusa del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su gabinete a cargo del abordaje de la pandemia, para no rendir cuentas sobre los gastos realizados a la fecha.

Muchos de éstos son calificados de irregulares, incluso los mismos funcionarios de su administración  han sacado provecho de la pandemia, ofertando insumos médicos a pesar de no ser del rubro y cuyos precios fueron inflados.

Entre ellos se menciona al Ministerio de Seguridad, quien aprobó un contrato por $549,359.41 para abastecer de alimentos a los albergues, a nombre de Blanca Meléndez Portillo, quien es empleada del Tribunal Supremo  Electoral y excuñada de Carolina Recinos, Comisionada Presidencial, señalada por nepotismo.

A la lista se suma el ministerio de Turismo quien favoreció  con una adjudicación  al primo del Ministro de Salud, Francisco Alabí Montoya,  José Ángel Montoya a quien pagó $19, 500.00 por el alquiler de una casa con 7 camas frente al  hospital San Rafael.

Al respecto, la revista GatoEncerrado tuvo acceso a los documentos y se comprobó que la ministra Morena Valdez autorizó  el pago mensual de $6,500.00 mensuales por esta propiedad.

Los gastos también se dispararon y según la Corte de Cuentas, el gobierno ocupó $350,000,000.00  para la entrega del bono de $300.00, pero el Ejecutivo anuncio en cadena nacional que gastaría $450 millones.

En el portal  de presidencia.gob.sv, se confirma la entrega del subsidio destinado solo  llegó  a 750,00 familias, menos de lo que anunció el mandatario en cadena nacional.

Además, el ente contralor asegura que de estos $350 millones, hay 30 millones que no pueden justificarse, ya que hay 100,000 personas que recibieron el bono sin contar con los criterios para recibirlos.

En cuanto los paquetes de alimentos, el presidente prometió que éstos llegarían a 3.4 millones de familias y cada uno valorado en $50 cada una, sin embargo, el Ministerio de Agricultura bajo su costo a $30.00 y la cantidad.

A la fecha, el gobierno no ha informado cuántos paquetes han sido entregados, cuantos faltan por llegar y el costo total de estos.

Gastos sin poder justificar

En las primeras fases del Hospital El Salvador también existen irregularidades y la Corte de Cuentas reporta $13,334,066.61, pero tiene presupuestado que costará $86,665,933.49.

Asimismo, la auditoria examina $13.3 millones en gastos por avances del hospital en Cifco, los cuales presentan al menos cuatro irregularidades y el principal obstáculo es la negativa del ministro de Obras Públicas  que se resiste a brindar un informe sobre el uso de los fondos.

Por su parte, el ministerio de Economía reportó  el de  $2,000,000.00 por servicio de call centers ( TP El Salvador, ATENTO, Sykes El Salvador, GESEL, entre otros)  para encargarse de las consultas sobre el bono de $300.00  entregados a la ciudadanía.

Sobre la compra de insumos médicos, el gobierno de Bukele es señalado de  autorizar a la  empresa española de venta de repuestos de automóviles  Javi Performance Parts SL, valorador en  $11,927.050.00.

Las irregularidades en compras continúan con la adquisición de mascarillas por un monto de  $3,000,000.00 que hizo el ministerio de Salud a la empresa Lasca Desing LLC. que vende porcelana fina.

La mayoría de las compras  presentan irregularidades, ya que aparte de  no corresponder a los rubros establecidos, hay  fallas de ética al beneficiar a amigos, familiares y socios de funcionarios del gabinete de Salud.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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