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Ejecutivo excede sus facultades y desafía otra vez resolución de la Sala de lo Constitucional.

Organizaciones expertas en procesos constitucionales advierten que el poder ejecutivo  incumple la resolución del supremo tribunal al aprobar una reforma al decreto 32. Los  ciudadanos no están obligados a acatarlo.

A través de un comunicado, siete organizaciones concuerdan que el “Ejecutivo ha excedido sus facultades por lo cual el decreto número 33 es nulo” y piden a la Sala de lo Constitucional  certificar a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento de sus sentencias y resoluciones.

De acuerdo a Acción Ciudadana (AC), el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), el movimiento ciudadano Libertad, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social, la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), expertos en procesos constitucionales, la actitud desafiante  es una “evidente violación de nuestra ley fundamental por parte de los funcionarios del Ejecutivo”.

“La FGR deberá realizar las investigaciones por las conductas antijurídicas que corresponda y promover las acciones ante la justicia, sin limitarse a la de carácter penal”,  dicen los firmantes del comunicado.

El pronunciamiento surge a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional el pasado viernes 7 de agosto, quien declaró inconstitucional el decreto 32, pero dejó sus efectos hasta el 23 de agosto por la crisis de la pandemia de covid-19.

En su sentencia, el máximo tribunal argumentó que solo la Asamblea Legislativa puede limitar o suspender derechos fundamentales como la libertad de circulación y el derecho al trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Salud reformó el decreto 32, indicando que la fase de apertura económica I será tres días después de lo establecido, es decir, 23 y no el 20 de agosto, reforma realizada mediante un nuevo decreto Ejecutivo 33, aun cuando la resolución afirma que no le corresponde.

De acuerdo a las organizaciones, con el decreto 33, el Ejecutivo vuelve a restringir derechos constitucionales de manera generalizada, a pesar del intento de la Sala de explicarle que la limitación y suspensión de los derechos «es algo que solo puede hacer la Asamblea Legislativa, nunca el Ejecutivo».

Ante la reiteración de la violación constitucional ya declarada, concluimos de conformidad al art. 164 de la Constitución que el Ejecutivo ha excedido sus facultades, por lo cual el Decreto número 33 es nulo.

La Sala de lo Constitucional exhorta a los poderes estatales a ponerse de acuerdo en manejar la pandemia de una forma integral, respetando los procesos de ley y no abusando de los vetos.

Finalmente, las organizaciones aseguraron que mantendrán  vigilantes de” las violaciones a la Ley fundamental que se vuelvan a producir en el contexto de la pandemia o en otras circunstancias, por cualquier órgano del Estado; exhortamos a estos a coordinar esfuerzos para producir una normativa apegada a la Constitución”.