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Desplazamiento forzado y desempleo obliga a salvadoreños a migrar a Estados Unidos

La falta de trabajo, la violencia pandilleril, la pandemia por covid-19 y la reubicación familiar, impulsan la migración de las personas con la esperanza lograr una mejor calidad de vida en los Estados Unidos.

Esta es la realidad de miles de salvadoreños y también centroamericanos que optan por migrar en busca del “sueño americano”, el cual termina, para muchos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Las causas que motivan a las personas a abandonar su tierra no es desconocida para el nuevo gobernante, pero la falta de un plan económico y social que dé tranquilidad a sus ciudadanos, frustra sus aspiraciones.

El pasado 13 de marzo, el presidente Bukele, expresó en un comunicado que las cifras corroboran la efectividad del Plan control Territorial, pero los informes de medicina general y la Policía Nacional Civil, dicen todo lo contrario al registrarse en los primeros 15 días de marzo, 21 homicidios y 53 personas desaparecidas.

Ayer, el mismo mandatario reafirmó que la inseguridad es una de las principales razones que provocan la migración de salvadoreños hacia diferentes destinos, mayormente hacia Estados Unidos.

Según la organización no gubernamental, Comité de Rescate Internacional, por sus siglas en inglés (IRC), otras de las causas que impulsan la migración son la violencia social, la pandemia y los desastres naturales.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó que, en los dos primeros meses de este año, casi 9,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo al gobierno mexicano; de los cuales un 11 % son salvadoreños.

En el último reporte de la patrulla fronteriza registra 2,185 niños salvadoreños que cruzaron la frontera de México hacia Estados Unidos entre febrero y marzo, muchos de ellos desafían los peligros con el objetivo de reunirse nuevamente con sus progenitores.

Nancy Pelos presidenta del congreso estadounidense, dijo durante una entrevista televisiva, que estos miles de migrantes cruzan la frontera por causas similares: la pobreza, el cambio climático, la corrupción que provoca malos gobiernos que no los atienden y la violencia de las pandillas o de bandas de narcotraficantes.

En el caso de El Salvador, estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.

Cabe señalar que Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, con la facción Sureños, suman no menos de 60.000 miembros distribuídos en más de 600 células a nivel nacional, responsables en su mayoría de los homicidios.

Sin embargo, la administración Bukele sostiene que la ola delincuencial ha mermado desde su llegada, pero sus palabras se contradicen al decir que «la gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse». 

De acuerdo con el informe de Cristosal “Señales de una Crisis. Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, 2018”, existe un vínculo entre la incapacidad de los Estados de proteger a la población y la falta de voluntad de hacerlo, traducida en corrupción e impunidad.

La investigación señala que la corrupción se convierte en un conductor de desplazamiento forzado interno en los países del Triángulo Norte centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, donde imperan los homicidios, extorsión y amenazas.

Cristosal pidió al gobierno de El Salvador que cree el reglamento y protocolo para complementar una ley para la atención de personas desplazadas por la violencia generada, principalmente, por las pandillas.

Asimismo, esta organización también recordó que la Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2020 la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno y que entró en vigencia el día 23 del referido mes.

De acuerdo a organizaciones humanitarias, el desplazamiento forzado generado por la violencia en El Salvador impactó principalmente en 2019 a los niños, niñas y adolescente.

«La mayor parte de ellas (las víctimas) siguen siendo niños y adolescentes entre 5 y 17 años, que es el 44,7 %» y «se mantiene la tendencia» de que las mujeres son las personas más vulneradas, manifestó la directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti.

El presidente salvadoreño tiene un enorme reto y es frenar la migración con oportunidades de empleos, salarios justos, programas sociales, pero ante todo controlar los territorios de las pandillas. Con la nueva legislatura, el gobernante no podrá justificar la falta de apoyo para dar cumplimiento a sus promesas de campaña.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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