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Desplazamiento forzado y desempleo obliga a salvadoreños a migrar a Estados Unidos

La falta de trabajo, la violencia pandilleril, la pandemia por covid-19 y la reubicación familiar, impulsan la migración de las personas con la esperanza lograr una mejor calidad de vida en los Estados Unidos.

Esta es la realidad de miles de salvadoreños y también centroamericanos que optan por migrar en busca del “sueño americano”, el cual termina, para muchos en la frontera entre México y Estados Unidos.

Las causas que motivan a las personas a abandonar su tierra no es desconocida para el nuevo gobernante, pero la falta de un plan económico y social que dé tranquilidad a sus ciudadanos, frustra sus aspiraciones.

El pasado 13 de marzo, el presidente Bukele, expresó en un comunicado que las cifras corroboran la efectividad del Plan control Territorial, pero los informes de medicina general y la Policía Nacional Civil, dicen todo lo contrario al registrarse en los primeros 15 días de marzo, 21 homicidios y 53 personas desaparecidas.

Ayer, el mismo mandatario reafirmó que la inseguridad es una de las principales razones que provocan la migración de salvadoreños hacia diferentes destinos, mayormente hacia Estados Unidos.

Según la organización no gubernamental, Comité de Rescate Internacional, por sus siglas en inglés (IRC), otras de las causas que impulsan la migración son la violencia social, la pandemia y los desastres naturales.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó que, en los dos primeros meses de este año, casi 9,000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo al gobierno mexicano; de los cuales un 11 % son salvadoreños.

En el último reporte de la patrulla fronteriza registra 2,185 niños salvadoreños que cruzaron la frontera de México hacia Estados Unidos entre febrero y marzo, muchos de ellos desafían los peligros con el objetivo de reunirse nuevamente con sus progenitores.

Nancy Pelos presidenta del congreso estadounidense, dijo durante una entrevista televisiva, que estos miles de migrantes cruzan la frontera por causas similares: la pobreza, el cambio climático, la corrupción que provoca malos gobiernos que no los atienden y la violencia de las pandillas o de bandas de narcotraficantes.

En el caso de El Salvador, estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.

Cabe señalar que Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, con la facción Sureños, suman no menos de 60.000 miembros distribuídos en más de 600 células a nivel nacional, responsables en su mayoría de los homicidios.

Sin embargo, la administración Bukele sostiene que la ola delincuencial ha mermado desde su llegada, pero sus palabras se contradicen al decir que «la gente no quiere irse de sus casas ni dejar a sus familias, pero la falta de oportunidades y de seguridad hace que tengan que irse». 

De acuerdo con el informe de Cristosal “Señales de una Crisis. Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, 2018”, existe un vínculo entre la incapacidad de los Estados de proteger a la población y la falta de voluntad de hacerlo, traducida en corrupción e impunidad.

La investigación señala que la corrupción se convierte en un conductor de desplazamiento forzado interno en los países del Triángulo Norte centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, donde imperan los homicidios, extorsión y amenazas.

Cristosal pidió al gobierno de El Salvador que cree el reglamento y protocolo para complementar una ley para la atención de personas desplazadas por la violencia generada, principalmente, por las pandillas.

Asimismo, esta organización también recordó que la Asamblea Legislativa aprobó en enero de 2020 la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno y que entró en vigencia el día 23 del referido mes.

De acuerdo a organizaciones humanitarias, el desplazamiento forzado generado por la violencia en El Salvador impactó principalmente en 2019 a los niños, niñas y adolescente.

«La mayor parte de ellas (las víctimas) siguen siendo niños y adolescentes entre 5 y 17 años, que es el 44,7 %» y «se mantiene la tendencia» de que las mujeres son las personas más vulneradas, manifestó la directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti.

El presidente salvadoreño tiene un enorme reto y es frenar la migración con oportunidades de empleos, salarios justos, programas sociales, pero ante todo controlar los territorios de las pandillas. Con la nueva legislatura, el gobernante no podrá justificar la falta de apoyo para dar cumplimiento a sus promesas de campaña.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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