Connect with us

Corrupción

Departamento de Estado de EUA centra su informe en la corrupción durante pandemia, violación a derechos humanos y ataques a la libertad de expresión.

Los casos de corrupción en El Salvador fueron retomados en el informe de Derechos Humanos correspondiente a 2020 del Departamento de Estado y cita las compras irregulares hechas por el gobierno salvadoreño.

La esperada lista Engel no llegó al Triángulo Norte, pero El Salvador sí recibió una noticia y no tan buena, ya que el Departamento de Estados de Estados Unidos hizo llegar un detallado informe sobre varios casos de corrupción denunciados en el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele.

Además, se menciona los ataques a la libertad de expresión y a medios de comunicación independientes y volvió hacer énfasis sobre el uso de la fuerza en el palacio legislativo el 9 de febrero de 2020.

 Por otra parte, hace fuertes señalamientos del involucramiento de agentes de seguridad en ejecuciones extrajudiciales y cita el reporte del 24 de agosto de la FGR, donde nueve agentes de la PNC que son investigados.

Actos de corrupción y transparencia

En estos puntos, el documento hace referencia a medios de comunicación que reportaron casos de corrupción, entre ellos las cuestionadas compras irregulares que favorecieron empresas de funcionarios de gobierno.

El actual ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y el del exdirector del FONAES, Jorge “Koky” Aguilar, ex director de FONAES. “las transacciones incluían la compra por $1.1 millones de máscaras protectoras con sobre precio este último es el único funcionario destituido por Bukele.

Siempre en el mismo tema de corrupción y la falta de transparencia, el informe retoma la apertura de 47 casos de enriquecimiento ilícito por parte de la Corte Suprema de Justicia, y también la detención del exministro de Defensa David Munguía Payés y López Davidson, ex presidente del COENA Gustavo por estar vinculados en la venta de armas al ministerio.

Otro político que figura en corrupción es Walter Araujo, al que identifican como “seguidor de Bukele”. Además, el informe reporta la identificación que la sección de Probidad de la CSJ hizo de $1.4 millones de fondos sin justificar en sus cuentas.

De igual manera, recalca que también 112 funcionarios públicos no presentaron su declaración de probidad a la CSJ en los últimos diez años, tal como lo reportaran en septiembre del año pasado.

Derechos humanos vulnerados

En este apartado, el Departamento de Estado, puntualiza su informe en las violaciones cometidas por los cuerpos de seguridad durante la cuarentena y avalada por el presidente

Por ejemplo, el informe numera los casos de crueldad, tratos degradantes o inhumanos por parte de agentes de seguridad, falta de investigación en casos relacionados a violencia contra la mujer, entre otros.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que el reporte incluye «un análisis profundo de los derechos humanos en casi 200 países y territorios» miembros de las Naciones Unidas y que guardan relación diplomática con los Estados Unidos.El funcionario precisó que las denuncias fueron recopiladas por investigadores en Washington, de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo y la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado «que investigaron, reunieron y editaron todos estos

Seguir leyendo

Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

Seguir leyendo

Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

Seguir leyendo

Popular