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Corrupción

Departamento de Estado de EUA centra su informe en la corrupción durante pandemia, violación a derechos humanos y ataques a la libertad de expresión.

Los casos de corrupción en El Salvador fueron retomados en el informe de Derechos Humanos correspondiente a 2020 del Departamento de Estado y cita las compras irregulares hechas por el gobierno salvadoreño.

La esperada lista Engel no llegó al Triángulo Norte, pero El Salvador sí recibió una noticia y no tan buena, ya que el Departamento de Estados de Estados Unidos hizo llegar un detallado informe sobre varios casos de corrupción denunciados en el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele.

Además, se menciona los ataques a la libertad de expresión y a medios de comunicación independientes y volvió hacer énfasis sobre el uso de la fuerza en el palacio legislativo el 9 de febrero de 2020.

 Por otra parte, hace fuertes señalamientos del involucramiento de agentes de seguridad en ejecuciones extrajudiciales y cita el reporte del 24 de agosto de la FGR, donde nueve agentes de la PNC que son investigados.

Actos de corrupción y transparencia

En estos puntos, el documento hace referencia a medios de comunicación que reportaron casos de corrupción, entre ellos las cuestionadas compras irregulares que favorecieron empresas de funcionarios de gobierno.

El actual ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y el del exdirector del FONAES, Jorge “Koky” Aguilar, ex director de FONAES. “las transacciones incluían la compra por $1.1 millones de máscaras protectoras con sobre precio este último es el único funcionario destituido por Bukele.

Siempre en el mismo tema de corrupción y la falta de transparencia, el informe retoma la apertura de 47 casos de enriquecimiento ilícito por parte de la Corte Suprema de Justicia, y también la detención del exministro de Defensa David Munguía Payés y López Davidson, ex presidente del COENA Gustavo por estar vinculados en la venta de armas al ministerio.

Otro político que figura en corrupción es Walter Araujo, al que identifican como “seguidor de Bukele”. Además, el informe reporta la identificación que la sección de Probidad de la CSJ hizo de $1.4 millones de fondos sin justificar en sus cuentas.

De igual manera, recalca que también 112 funcionarios públicos no presentaron su declaración de probidad a la CSJ en los últimos diez años, tal como lo reportaran en septiembre del año pasado.

Derechos humanos vulnerados

En este apartado, el Departamento de Estado, puntualiza su informe en las violaciones cometidas por los cuerpos de seguridad durante la cuarentena y avalada por el presidente

Por ejemplo, el informe numera los casos de crueldad, tratos degradantes o inhumanos por parte de agentes de seguridad, falta de investigación en casos relacionados a violencia contra la mujer, entre otros.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que el reporte incluye «un análisis profundo de los derechos humanos en casi 200 países y territorios» miembros de las Naciones Unidas y que guardan relación diplomática con los Estados Unidos.El funcionario precisó que las denuncias fueron recopiladas por investigadores en Washington, de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo y la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado «que investigaron, reunieron y editaron todos estos

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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