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Demanda de inconstitucionalidad Decreto 640

El decreto fue aprobado por 56 diputados, pero 12 eran suplentes, lo cual viola la Constitución y lo invalida. El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa modificaciones sobre el destino de los fondos.

En mayo pasado, se aprobó el decreto legislativo y se autorizó al Ejecutivo la gestión de $1,000 millones a través de la emisión de títulos valores. De los fondos, $600 millones se destinaron al fideicomiso, de los cuales $140 millones fueron asignados para el subsidio de salarios o planillas de las empresas.

Además, el Órgano Ejecutivo solicitó al congreso una reforma para duplicar el monto destinado para el programa de subsidio a salarios para empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del covid-19.

La Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB) publicó en twitter que para este día, el gobierno emitiría Certificados del Tesoro (CETES) por un monto máximo de $645,800.00 a una tasa de interés del 7.50 % anualizada y a 360 día plazo.

Sin embargo, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Legislativa, ya que dicho decreto viola los artículos 131 ord.4 y 148 inc.2C al utilizar indebidamente diputados suplementes para alcanzar el umbral de votación exigido.

De acuerdo al artículo 131 ord,4 Cn., el llamamiento de los diputados suplementes solo puede ser justificado en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal, imposibilidad de concurrir de los propietarios.

De acuerdo al registro de votación con que se aprobó el Decreto Legislativo 640 y que aparece en el sitio web de la Asamblea, éste contó con el umbral mínimo para emitir títulos de crétido: 56 diputados que equivalen a dos tercios de los diputados electos.

En la demanda también se contempla la violación al artículo 148 inc.2 de la Constitución y el que establece: “Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano Legislativo el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los diputados electos”.

Por lo tanto, de los 56 votos, 12 son inválidos por haber sido emitidos por parlamentarios suplentes que pasaron a ocupar el cargo de los propietarios sin la debida justificación constitucional.

De llevarse a cabo esta transacción, cometerán irresponsabilidad en adquirir esos CETES, poniendo en riesgo el dinero de los ahorrantes, ya que el gobierno ha pedido modificaciones al decreto 640, que les sirve de base para esta colocación y no hay garantía que los parlamentarios liberen los recursos previstos en ese decreto, dado que el gobierno no rinde cuentas de lo administrado a la fecha. Además, está la demanda de por medio.

Por su parte, Hacienda pide que este monto suba a $280 millones, reduciendo así los $360 millones del Programa de Otorgamiento de Crédito, parte del fideicomiso, a $220 millones.

Al respecto, el exiliado Mauricio Funes, escribió en su cuenta de twitter:” Y para qué necesitará más recursos el gobierno si aún tiene una disponibilidad de unos $1600 millones provenientes de la deuda autorizada por la Asamblea. ¿cuál es el afán de “enjaranarse””, citó.