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Demanda de inconstitucionalidad Decreto 640

En mayo pasado, se aprobó el decreto legislativo y se autorizó al Ejecutivo la gestión de $1,000 millones a través de la emisión de títulos valores.

El decreto fue aprobado por 56 diputados, pero 12 eran suplentes, lo cual viola la Constitución y lo invalida. El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa modificaciones sobre el destino de los fondos.

En mayo pasado, se aprobó el decreto legislativo y se autorizó al Ejecutivo la gestión de $1,000 millones a través de la emisión de títulos valores. De los fondos, $600 millones se destinaron al fideicomiso, de los cuales $140 millones fueron asignados para el subsidio de salarios o planillas de las empresas.

Además, el Órgano Ejecutivo solicitó al congreso una reforma para duplicar el monto destinado para el programa de subsidio a salarios para empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia del covid-19.

La Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB) publicó en twitter que para este día, el gobierno emitiría Certificados del Tesoro (CETES) por un monto máximo de $645,800.00 a una tasa de interés del 7.50 % anualizada y a 360 día plazo.

Sin embargo, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Asamblea Legislativa, ya que dicho decreto viola los artículos 131 ord.4 y 148 inc.2C al utilizar indebidamente diputados suplementes para alcanzar el umbral de votación exigido.

De acuerdo al artículo 131 ord,4 Cn., el llamamiento de los diputados suplementes solo puede ser justificado en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal, imposibilidad de concurrir de los propietarios.

De acuerdo al registro de votación con que se aprobó el Decreto Legislativo 640 y que aparece en el sitio web de la Asamblea, éste contó con el umbral mínimo para emitir títulos de crétido: 56 diputados que equivalen a dos tercios de los diputados electos.

En la demanda también se contempla la violación al artículo 148 inc.2 de la Constitución y el que establece: “Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano Legislativo el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los diputados electos”.

Por lo tanto, de los 56 votos, 12 son inválidos por haber sido emitidos por parlamentarios suplentes que pasaron a ocupar el cargo de los propietarios sin la debida justificación constitucional.

De llevarse a cabo esta transacción, cometerán irresponsabilidad en adquirir esos CETES, poniendo en riesgo el dinero de los ahorrantes, ya que el gobierno ha pedido modificaciones al decreto 640, que les sirve de base para esta colocación y no hay garantía que los parlamentarios liberen los recursos previstos en ese decreto, dado que el gobierno no rinde cuentas de lo administrado a la fecha. Además, está la demanda de por medio.

Por su parte, Hacienda pide que este monto suba a $280 millones, reduciendo así los $360 millones del Programa de Otorgamiento de Crédito, parte del fideicomiso, a $220 millones.

Al respecto, el exiliado Mauricio Funes, escribió en su cuenta de twitter:” Y para qué necesitará más recursos el gobierno si aún tiene una disponibilidad de unos $1600 millones provenientes de la deuda autorizada por la Asamblea. ¿cuál es el afán de “enjaranarse””, citó.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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