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Demanda de Bukele contra órganos del Estado ante CIDH es “inadmisible”.

El mandatario argumenta que la Asamblea y la Corte están violando “el derecho a la salud en el país” al no prorrogar un estado de emergencia por pandemia de coronavirus.

Las reacciones ante el anuncio  del presidente salvadoreño de  acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea, no se han hecho esperar.

Uno de los primeros en responderle al mandatario fue El director de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien dijo: “@nayibbukele su demanda es inadmisible por ser un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado”, citó Vivanco en su cuenta de Twitter.

El abogado y experto en derechos humanos, asegura que los controles entre órganos de Estado ayudan a proteger los derechos humanos, evitando que sean violados. «El ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola los derechos humanos, sino que los protege», por lo tanto la demanda no procede”.

Por su parte, Celia Medrano, de la organización humanitaria Cristosal, señala que «según la normativa de la CIDH, no es factible generar una demanda desde el poder Ejecutivo contra otros dos poderes del Estado». «No puede recurrirse a una instancia internacional en función de que el Estado se denuncie a sí mismo».

Las diferentes fracciones del congreso legislativo también han sentado posición al respecto señalando que es inadmisible denunciar a un estado contra otro órgano de estado y que afecta la imagen del país.

Margarita Escobar de ARENA, manifiesta que la CIDH esta creada para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, frente a los potenciales abusos del gobierno, no para proteger a los gobiernos, echándole a culpa a otro órgano del Estado  para abusar de los derechos humanos de la población.

Igual postura manifiesta Nancy Urbina, del FMLN, que afirma que “claramente señalan la improcedencia de esa medida anunciada por un presidente que pareciera que no conoce el marco regulatorio, porque un Estado no puede demandarse así mismo”.

Para el representante de Humber Saenz de Acción Ciudadana, el anuncio es calificado como un “error jurídico”, ya que es el Estado demandándose así mismo.

“Quienes pueden acudir a la CIDH, son las personas o grupos de la sociedad civil ante la violación a los derechos fundamentales que puedan cometer los Estados y se denuncia a los Estados, asegura un representante de Fusades .

El anuncio de la demanda se produce en medio de las constantes tensiones que tiene el Ejecutivo con el Congreso y la Corte Suprema, órganos a los que Bukele acusa de retirarle herramientas para frenar el avance de la COVID-19.

Según algunos analistas y activistas salvadoreños, Bukele ha impulsado medidas de carácter autoritario, como el ingreso a la sede del Congreso con militares y policías armados el pasado 9 de febrero, no obedecer los fallos del de la Sala de lo Constitucional, ejecutar decretos para frenar la pandemia y  sobrepasar las atribuciones que la Constitución le otorga y el abuso de poder.