Connect with us

Noticias

Corte de Cuentas desconoce de dónde salieron 100 mil personas que recibieron bono de $300.

Hasta la fecha, se desconoce cuáles fueron los criterios tomados por el gobierno para entregar los $300 a los afectados por la pandemia de covid-19.

El gobierno se niega a rendir cuentas sobre gastos para atender pandemia. Este nuevo “capricho” presidencial obstaculiza la negociación de una ley de emergencia y se antepone a la salud de la población.

Hasta la fecha, se desconoce cuáles fueron los criterios tomados por el gobierno para entregar los  $300 a los afectados por la pandemia de covid-19.

Los únicos datos que se conocen es que cerca de 100 mil beneficiados lo recibieron, sumando un total de $30 millones, según un informe de la Corte de Cuentas presentado a la Asamblea Legislativa.

En ese documento se señala falta de transparencia de los gastos del hospital que se construye en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones  (CIFCO) y también se cuestiona la poca colaboración de los ministerios de Salud y Obras Públicas en este tema.

El hermetismo del ejecutivo y del gabinete de gobierno, provocó la renuncia el pasado 11 de mayo de miembros del Comité de Emergencia, cuya responsabilidad era fiscalizar el uso de 2,000 millones de dólares.

Por su parte el gobierno de Bukele  asegura que solo dará informe de gastos a la Corte de Cuentas, sin embargo, este ente contralor asegura tener problemas para recolectar información sobre lo que está haciendo el Gobierno durante la emergencia.

La negativa del presidente  ha entrampado las negociaciones para consensuar una ley de emergencia ante la pandemia, anteponiendo su “capricho” antes que la salud de la población.

Diputados y analistas políticos, consideran que la postura del Ejecutivo contradice su “preocupación por la salud” del pueblo y  para no afectar su popularidad, culpa a los parlamentarios y  a la Corte Suprema de  ser obstáculo en el combate del coronavirus, mientras dilata el tiempo para mantener el control total de la emergencia.

Por su parte  Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, declaró que «La Corte de Cuentas es la institución que está determinada para auditar las cuentas del Estado, está haciendo su trabajo concurrentemente, hay un examen especial en estos momentos para esa auditoría».

Por su parte, diputados de varios partidos  reprochan que los informes presentados por los funcionarios de gobierno son incompletos, sin mayores detalles de los gastos y se cierran a no rendir cuentas sobre los fondos a fiscalizar.

«Mientras sigan presentando este tipo de informes será muy difícil que podamos aprobar que se use discrecionalmente, no estamos diciendo que no se puedan utilizar, sino que no se usen discrecionalmente los fondos», declaró el diputado Carlos Reyes.

En una entrevista en el programa Focos, del pasado 24 de mayo, la presidenta del órgano contralor, María Elena Rivas, dijo que “la entrega de la información no está con la fluidez que se quisiera”.

Asimismo, manifestó haber enviado el informe a la Asamblea Legislativa y remitió una copia a Casa Presidencial, pero a la fecha siguen sin recibir una justificación técnica que explique la entrega  de 30 millones de dólares a 100 mil beneficiarios cuya selección se hizo bajo criterios desconocidos.

Una investigación del Faro.net.” A la fecha de entrega del informe a la Asamblea (6 de mayo), la Corte de Cuentas señala que “los beneficiarios han sido 1,200,000 personas”. El dato, sin embargo, contrasta con el monto total que la misma Corte de Cuentas asegura que se ha invertido para la entrega del subsidio (350 millones).

Si el universo de beneficiarios ha sido 1.2 millones, cita la investigación, significa que el Gobierno tuvo que haber invertido 360 millones de dólares para cumplir con la entrega de $300 para cada familia.

La rendición de cuentas también ha sido negada a la CICIES, una institución avalada por Bukele para la luchar contra la corrupción en su gobierno y asignada para fiscalizar la ejecución de fondos  y que ha solicitado información sobre la emisión de deuda que se está haciendo, pero Hacienda justifica el motivo por el que no se puede dar lo solicitado.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

Seguir leyendo

Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

Seguir leyendo

Popular