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Corte de Cuenta denuncia resistencia de ministerios para ser auditados

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, denunció que funcionarios de gobierno se resisten para brindar toda la información sobre el manejo de fondos generados durante la pandemia del COVID-19 a fin de ser fiscalizados.

El ente contralor tiene 10 auditorías abiertas en los ministerios de Agricultura, Salud, Turismo, Obras Públicas, Seguro Social y Secretarias de Asuntos Estratégicos.

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, denunció que funcionarios de gobierno se resisten para brindar toda la información sobre el manejo de fondos generados durante la pandemia del COVID-19 a fin de ser fiscalizados.

Además de ello, señaló que el estado de emergencia no funciona como blindaje y los titulares de las instituciones deben justificar las compras realizadas, de acuerdo al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Creación de Protección Civil.

Durante la entrevista Frente a Frente de hoy, el presidente de CCR aseveró que tienen 10 procesos de investigación abiertos contra los ministerios de Turismo, Salud, Obras Públicas, Secretaría de Asuntos Estratégicos, Seguro Social y Agricultura.

Esta última dependencia, dijo, es una de las que ha manejado más recursos en la pandemia y es el que más resistencia ha puesto para colaborar con la Corte de Cuentas.

“En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos recibido muy poca colaboración desde su titular, Pablo Anliker, hacia abajo. Situación que nosotros creemos que no es concordante con los términos de transparencia y rendición de cuentas”, sostuvo Anzora.

En el MAG, la Corte de Cuentas trabaja en tres auditorías relacionadas con las compras que ha hecho para los paquetes agrícolas, las canastas alimentarias y la reserva estratégica de granos básicos, aunque falta información por parte del gobierno.

“Se ha trabajado en las dos acciones de control, pero muy a cuentagotas. En la de los paquetes agrícolas hemos comunicado 12 situaciones (irregularidades) al Ministerio, aunque ya obtuvimos algunas respuestas y ahorita están en la valoración de ellas los auditores”, explicó el titular del ente contralor.

Anzora, también aseguró que las valoraciones de los auditores determinaran si existe o no un «posible cometimiento de ilícitos penales» en una de las contrataciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En lo que respecta al manejo de los recursos asignados del Hospital El Salvador anexo Cifco, Corte de Cuentas manifestó que se han hecho 20 observaciones preliminares al ministerio de Salud, junto al MOP e ISSS, por estar involucrados.

“Algunas deficiencias que tienen que ver con control interno, en las adjudicaciones que tienen que ver con la calidad, el precio ofertado y aceptado por la administración y unas que tiene que ver con situaciones de legalidad… Hoy porhoy, hemos identificado que la inversión de manera preliminar será arriba de $26 millones”, aseguró Anzora.

En lo que respecta a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la CCR está auditando la entrega de $300 que el Gobierno le hizo a familias afectadas económicamente por la pandemia.

Para Turismo, se están evaluando aspectos como el uso de dinero para la contratación de hoteles, hostales y otros inmuebles para ser utilizados como centros de contención, si era necesario la contratación y la utilización de las instalaciones y el pago de estos centros de contención.

Anzora, afirmó que “se ha detectado que hay algunos pagos injustificados” y que se encuentran a la espera de recibir la respuesta de los funcionarios.

Para el presidente de la Corte de Cuentas, la falta de colaboración de parte de las instituciones, dificulta el trabajo de los auditores y debería ser todo lo contrario, por lo que reiteró que la institución es un aliado de la transparencia.

Internacionales

Comunidad internacional llama al gobierno restablecer el “orden constitucional» tras la destitución de cinco magistrados de CSJ y el Fiscal General.

La vicepresidenta, Kamala Harris, el Relator Especial de la ONU, Congresistas de Estados Unidos, la OEA y HRW, condenaron la decisión del órgano legislativo, la cual fue avalada por el presidente Nayib Bukele.

En su primer día y tras ocupar los curules del palacio Legislativo, la empoderada bancada de Nuevas Ideas, apartó del camino a cinco Magistrado de la Sala de lo Constitucional por considerar que cometieron «fraude a la constitución» y violar la separación de poderes.

Además, de los Magistrados de la CSJ, los diputados oficialistas también destituyeron, horas más tardes, al Fiscal General de la República, Raúl Melara.

Según el mismo Bukele, “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, citó en su cuenta oficial de twitter.

Para la comunidad internacional, la iniciativa, tildada por la oposición salvadoreña como la “orden presidencial”, fue calificada como un “Golpe de Estado al poder judicial” y “asalto a la democracia”.

La noticia provocó un tsunami reacciones por parte del gobierno norteamericano, entre ellos el de la Vicepresidenta de Estados Unidos Kamara Harris y miembros del Senado norteamericano, quienes expresaron su preocupación de la situación política que viven en El Salvador e hicieron el llamado a restablecer el orden constitucional.

En su cuenta oficial, Harris escribió: “Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del tribunal constitucional”. “Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”.

Asimismo, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también externo y aclaró que «una relación sólida» entre ambos países dependerá de que el gobierno respete y defienda la separación de poderes y las normas democráticas. 

Por su parte, Jim McGovern, miembro de la Cámara de los Representantes, dijo sentirse preocupado y “enojado por la nueva votación mayoritaria de la Asamblea Nacional del presidente Bukele para destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional».

El mismo sentir expresó el relator especial de la ONU, Diego García- Sayán, quien tampoco vaciló en condenar «los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional».

Otro que se refirió a la destitución de los Magistrados salvadoreños fue el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco y declaró que harían todos los esfuerzos posibles para afectar la relación de El Salvador y Estados Unidos, lo cual provocó otro enfrentamiento con el mandatario.

“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE.UU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de Derecho es una condición necesaria”, reitero Vivanco.

Con la avalancha de críticas de la comunidad internacional, Bukele se respondió con otro tuit en el cual aseguraba que estaba limpiando la casa y “eso no es de su incumbencia”.

Al respecto, la exdiplomática estadounidense Maricarme Aponte , afirmó en una entrevista a la Voz Pública, que la decisión de “destituir a magistrados y al fiscal está fuera de los márgenes de la Constitución. creo que hay órdenes y procesos que todos los países del mundo observan y son sus reglas. Aquí hubo una violación de las reglas y creo que incumbe”.

Finalmente, se conoció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken dijo que habló hoy con el presidente Bukele para expresarle sus serias preocupaciones sobre la decisión de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general de la República.

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Nacionales

Organizaciones y sindicatos listos para conmemorar el 1 de mayo

Trabajadores del sector público y privado afirman que se volcarán a las calles para defender los derechos laborales, la libertad sindical y la democracia ante los atropellos del gobierno de Bukele.

Las organizaciones sindicales, incluyendo los veteranos de guerra de La Fuerza Armada y del FMLN anunciaron diferentes actividades que realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Representantes de los sectores públicos y privados a nivel nacional instaron a las bases a apoyar la manifestación en las principales calles del país este primero de mayo y defender los derechos laborales que están en riesgos de ser arrebatados.

Asimismo, expresaron que el objetivo de la marcha es “exigir y reclamar” los temas pendientes, entre ellos, las pensiones, ley del agua y su descontento con las últimas acciones que ha hecho el Gobierno central; por ejemplo, la situación en el Centro Nacional de Artes, donde los maestros viven una gran incertidumbre.

“Representamos el esfuerzo, independiente clasista y autónomo de la clase trabajadora”, detalló uno de los líderes sindicales, durante la conferencia de prensa.

Los representantes afirmaron estar claros que es una “lucha acérrima”, fuerte, ya que el sistema los ve como enemigos, pero en estos tiempos modernos, se cuenta con la oportunidad de expresar mensajes de realidad al pueblo salvadoreño.

Aseguran que buscan la unidad total, porque día a día se van construyendo los derechos laborales, y cada elemento que se ha obtenido, hasta el momento, se tiene que garantizar.

La marcha iniciará en la 29 calle Poniente y finalizará en la Plaza Morazán. ellos buscan una unidad total, porque los sectores que representan son pilares de la sociedad.

Policías se suman a las marchas

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía(MTP),también suman a las marchas conmemorativas del día del trabajador, por cuarto año consecutivo.

La corporación policial, asegura que son parte de la clase trabajadora y como tales tienen derechos, junto a diferentes sindicatos, organizaciones y colectivos de trabajadores.

Asimismo, expresaron en sus redes sociales que:” Policía que defiende sus derechos, puede defender a su pueblo”, aún cuando hay intimidación por parte de los altos mandos.

Recordaron que, gracias a ellas, los miembros de la corporación ahora reciben bonos trimestrales, y que, pese a la persecución de sus líderes, éstos fueron aprobados por el gobierno del FMLN y que hasta la fecha se mantienen.

Sería su cuarto año consecutivo, desde su fundación, que participan en la conmemoran el día internacional del trabajador y reivindicar los derechos de los miembros de esta institución policial.

Por otra parte, denunciaron que en los municipios de San Salvador y Santa Tecla, las autoridades han suspendido las licencias para garantizar, según ellos, la seguridad en la toma de posesión de la Asamblea y concejos municipales.

Los uniformados, aseguran que es anormal el dispositivo especial, “algo que nunca se había hecho, ya que es un acto político y la PNC había brindado seguridad únicamente con un equipo de la UMO por cualquier eventualidad», indicó.

El pasado 28 de abril el Movimiento de los Trabajadores de la Policía cumplieron seis años en su lucha por defender los derechos laborales de todos los elementos que la conforman.

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