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Corrupción en ONG´S ligadas a familiar de Milton Benítez

Una investigación realizada por Univisión da cuenta de una vasta trama de corrupción en Honduras que involucra la malversación de fondos públicos mediante organizaciones sin fines de lucro fantasmas y un fondo reservado, está vinculada a decenas de ONG y al menos 176 políticos, según documentos judiciales y fuentes familiarizadas con una amplia investigación realizada por fiscales anticorrupción.

Los documentos oficiales y los registros judiciales que Univisión revisó vinculan a los políticos con una red de al menos 53 organizaciones que recibieron más de 70 millones de dólares en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.

Según información no oficial, algunas de estas ONG están ligadas a un familiar cercano de Milton Benítez, quien ha conseguido librarse de cualquier investigación a solicitud de Benítez.

Los documentos indican que el alcance total de la trama podría implicar a decenas más de estas instituciones, hasta a 360 diputados y exdiputados y quizás cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.

El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.

Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.

Una de las redes que Univisión descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.