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Corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica: con focos rojos

En El Salvador, se pierde por la corrupción el equivalente a más del 60% del presupuesto de Educación, y en Honduras, lo desviado equivale a 2.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura. De ese tamaño es la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, advirtió el ICEFI este martes.

Escrito por Por Christa Bollmann para estrategiaynegocios.net

Corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica: con focos rojos

En El Salvador, se pierde por la corrupción el equivalente a más del 60% del presupuesto de Educación, y en Honduras, lo desviado equivale a 2.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura. De ese tamaño es la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, advirtió el ICEFI este martes.

Escrito por Por Christa Bollmann para estrategiaynegocios.net

“Si el Triángulo norte quiere avanzar hacia un camino de democracia y desarrollo, tiene que acabar con la corrupción y la impunidad que minan cualquier posibilidad de vivir en una sociedad más democrática alejada de la barbarie”, advirtió Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en Guatemala.

Mencos participó el martes en la presentación del libro La Corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, realizada por ICEFI.

El estudio deja claro que la captura del estado es el efecto más nocivo de la corrupción política en los tres países. Se define dicha forma de corrupción como la intervención de grupos legales o ilegales al formular leyes, decretos y políticas públicas con el fin de obtener ventajas económicas, ventajas penales o de legitimación social.

La investigación, hecha pública simultáneamente en los tres países, pone en perspectiva las consecuencias de la relación perversa entre la corrupción, la política y la impunidad.

En Guatemala, correspondió al representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, comentar la investigación junto al Secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rotman Pérez.

En El Salvador, lo hizo la subsecretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Lourdes Palacios, y en Honduras, el vocero y representante del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la Misión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.

La publicación arroja luces sobre el estado de la corrupción y entrega valiosas ideas para continuar en el esfuerzo por erradicarla. Debe ser considerada en los programas y proyectos que el sistema de justicia lleva adelante en sus tareas anticorrupción, tanto internas como frente a la sociedad, como requisito para construir una democracia más profunda en beneficio de todos los ciudadanos”, comentó Velásquez, sin dejar de advertir que en la lucha anticorrupción “no hay intocables”.

En el foro, los reflectores también apuntaron al sector privado, que está obligado a analizar su responsabilidad en los esfuerzos de lucha contra la corrupción.

En palabras del director del ICEFI, “esos baños de pureza que algunas cámaras pretenden darse no son válidos en el contexto del Triángulo Norte”.

Dice Mencos: «Las élites empresariales como financistas electorales espurios, medios de comunicación que actúan de manera deshonesta y financiamientos indirecto a los políticos, crean un escenario en el que queda claro que el poder no lo dan los votos sino el dinero que se utiliza para financiar los partidos políticos».

¿Por dónde y por quiénes pasa la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica?

El libro documenta ocho caminos que le han abierto paso a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e impunidad.

La investigación recoge los casos de corrupción más relevantes de cada país, los describe y expone de qué forma estos representan no solo un robo de recursos públicos, sino el robo de oportunidades de desarrollo y mejores condiciones de vida para la población más vulnerable.

La corrupción, concluye el estudio, no es exclusiva del sector público. Cerca de 149 investigaciones identificadas para el análisis en 18 países de Latinoamérica dan cuenta de que en el 80% de los casos está involucrado el sector privado, y las áreas más vulnerables son la construcción, la infraestructura, la energía y los hidrocarburos.

Algunos elementos son comunes en las prácticas corruptas identificadas en los tres países, pero si en Honduras los ilícitos ocurren principalmente en el gobierno central y en El Salvador en el ámbito municipal, en Guatemala, se producen a lo largo y ancho de la administración pública.

La vulnerabilidad del sector salud, de la obra pública y la contratación de plazas fantasmas, así como las adquisiciones, fideicomisos y de mecanismos paralelos a la ejecución del gasto público, son comunes a los tres países.

Corrupción ¿Cuánto nos cuesta?

Honduras

En Honduras, la corrupción entre 2007 y 2014 representó el 4.3% del PIB y el 95% de los casos se relaciona con el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Las adquisiciones públicas, la prestación de servicios, contratación de obras y fideicomisos para ejecutar el gasto público, están manchados de corrupción.

A decir del ICEFI, “La corrupción significa 5 veces el presupuesto de desarrollo e inclusión social del gobierno; 2.5 veces el presupuesto de la secretaría de infraestructura; 2 veces el presupuesto de la secretaría de seguridad y casi el 70% del presupuesto destinado a salud y cerca del 35% del presupuesto destinado a la educación”.

El Salvador

En El Salvador, del análisis realizado entre 1989 y 2017 se establece que las categorías relevantes de corrupción son cuatro: las adquisiciones públicas, el recurso humano -por medio de plazas fantasmas-, la malversación y fraude en la ejecución del presupuesto -mediante los fideicomisos- y la negligencia y obstrucción de los mecanismos de investigación de actos corruptos.

El libro plantea más de 20 casos de presunta corrupción. El dinero perdido equivale en costos actuales a 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, 1.25 veces el presupuesto del sector de justicia, cerca del 95% del presupuesto para salud y el 60% del presupuesto destinado a Educación.

En El Salvador, la corrupción se documenta en la obra pública y en la opaca partida secreta presidencial que representó casi el 50% de los recursos relacionados con corrupción.

Guatemala

En Guatemala, los casos documentados desde 2008 hasta 2017 plantean más categorías relacionadas con actos ilícitos: captura de instituciones, defraudación aduanera y tributaria, casos de corrupción administrativa, tráfico de influencias, adquisiciones públicas, principalmente las que afectan el derecho a la salud, corrupción judicial y municipal.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Cooptación del Estado. De acuerdo con los investigadores: “Este caso logró cambiar los intereses estratégicos del estado de Guatemala para poner la estructura pública al servicio de una estructura criminal que en poco tiempo logró sus objetivos. El caso La Línea que sacó del poder al binomio presidencial de entonces –Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti- fue el detonante que activó las protestas ciudadanas en 2015. “Lo que sabemos hoy es que el Partido Patriota fue una estructura criminal que cooptó el poder por la vía de las urnas, cuya idea era minar la institucionalidad para sus propios intereses”, advirtió Mencos.

¿Cómo combatirla?

Frente a cada ruta de corrupción reflejada en los casos de Honduras, El Salvador y Guatemala, el ICEFI plantea acciones concretas para erradicarla: aprobar y poner en marcha políticas nacionales o espacios de coordinación multisectorial y democráticos para la transparencia, el combate a la corrupción y un gobierno abierto; una política fiscal que priorice la transparencia, y asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas.

Propone acciones que garanticen el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales; y hace énfasis en facilitar la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil.

La investigación propone reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y, por último, una reforma estructural del sistema de administración de justicia, que implica fortalecer capacidades.