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Coronavirus: falta de acuerdos detiene reactivación total del transporte público

Algunas de las actividades comerciales comienzan a adaptarse al proceso de reapertura bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero para la ciudad de Guatemala el servicio de transporte público sigue siendo irregular, y empresarios y autoridades aún discuten la manera de reactivarlo.

A más de dos meses de la reapertura nacional el servicio de transporte público para la ciudad de Guatemala sigue varado, pero en las regiones donde el servicio funciona de manera parcial es imposible monitorear el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

Los departamentos donde ya comienzan a funcionar los buses la poca cantidad de inspecciones impiden velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Fotografía: Prensa Libre. Los departamentos donde ya comienzan a funcionar los buses la poca cantidad de inspecciones impiden velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Fotografía: Prensa Libre.

Algunas de las actividades comerciales comienzan a adaptarse al proceso de reapertura bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero para la ciudad de Guatemala el servicio de transporte público sigue siendo irregular, y empresarios y autoridades aún discuten la manera de reactivarlo.

Existe una mesa de diálogo entre autoridades de Gobierno, transportistas y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); pero después de varias semanas de conversaciones, los consensos no se hacen presentes y, por consecuencia, los capitalinos y residentes de municipios aledaños deben buscar otras opciones para movilizarse.

Datos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) señalan que aproximadamente mil buses rojos están detenidos, lo que significa dejar de prestar el servicio a unos 586 mil usuarios.

También está suspendido el servicio de Transurbano, el cual cuenta con 350 buses para unos 300 mil usuarios, según Asopagua.

Los números exponen las necesidades de transporte que tiene la capital del país, pero los transportistas añaden que necesitan un respaldo oficial para retornar a sus operaciones, porque cumplir protocolos sanitarios y con limitada ocupación representa gastos que no pueden asumir de manera directa.

“Honestamente, no ha habido ningún avance en las últimas dos semanas; de hecho, el grupo que cubre Mixco ya se quiere sublevar sin que les hayan autorizado los protocolos de bioseguridad y la implementación de todas las medidas sanitarias. Ellos ya quieren salir a trabajar, pero nosotros lo miramos contraproducente por la segunda ola de covid, que ya es una realidad”, expuso Edwin Amaya, secretario de Asopagua.

Según Amaya, la falta de acuerdos podría significar protestas de pilotos en los próximos días, porque muchos trabajadores enfrentan problemas económicos y necesitan incorporarse a sus labores.

“Yo me imagino que va a haber acciones de hecho (…) Hay una situación, porque no hemos logrado los acuerdos; hasta pareciera que hay un interés de alguien, pero no sabemos de quién, para que el transporte urbano ya no salga”, dijo Amaya.

La tarifa es incierta

Una de las instituciones que ha formado parte de las mesas de dialogo es la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que considera que no hay fecha definida para la reactivación del servicio por dos motivos: los protocolos de bioseguridad y el costo que tendrá el pasaje.

“Aquí son dos cosas, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, que ya está siendo superado por la Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid–19; en esto hay avances, ya solo faltaría el tema económico, que es lo que más le preocupa a los transportistas”, señaló Édgar Guerra, defensor de la PDH.

Entre algunas de las ideas que se discuten en las mesas de diálogo está una subvención, que podría ser presentada mediante una iniciativa de ley al Congreso, pero Guerra reconoció que aún no se ha definido la ruta.

Sin control

Otros de los problemas que ha visto la defensoría de la PDH es que no existe un control total para que los buses respeten las recomendaciones básicas para prestar el servicio, entre ellas no saturar los buses y no excederse en los cobros, problemas que ya se ven en la provincia, donde el servicio de transporte se ha reactivado.

“En los monitoreos, hemos visto que hasta cobran de más y el incumplimiento de los protocolos”, señaló Guerra.

Por su parte, la Dirección General de Transporte (DGT), informó que todos los días realizan operativos de control, y aunque han visto quejas graves en las redes sociales, no han podido sancionar a ningún bus porque no tienen los datos exactos.

“De momento, en los operativos de inspección que hemos hecho en departamentos y la capital, no se ha impuesto ninguna sanción; esto es porque están realizando el ensayo y el transporte no ha retornado al 100%, y tampoco están fuera todas las unidades, pero muchas veces las faltas se realizan cuando ya pasan de nuestro operativo”, explicó Héctor Ramírez, portavoz de la DGT.

Alcaldías insuficientes

Parte del monitoreo en los buses, donde ya existe servicio, depende de las diferentes alcaldías, que han comunicado sus quejas a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), porque no cuentan con todo el personal necesario para los controles.

“Lo que hemos visto es que no hay capacidad de la DGT, menos de las municipalidades, para hacer la supervisión y el control como se debiera; sin embargo, las comunas han estado haciendo un esfuerzo para llevar el control en el tema del aforo, pero es realmente difícil (…) Los reportes dicen que no se está cumpliendo tampoco con el tema del distanciamiento social”, indicó Marvin de León, director ejecutivo de la Anam.

La cartera de Salud respondió que le corresponde verificar el cumplimiento de los protocolos previo al funcionamiento del servicio y que colaboran con inspecciones, pero resalta que las entidades encargadas de emitir sanciones no son ellos.

“En el tema de las autorizaciones para su funcionamiento, compete directamente a las municipalidades y al Ministerio de Comunicaciones, así como también pueden imponer las sanciones respectivas por el incumplimiento de los protocolos, como sucedió recientemente con una unidad en Mixco, que fue multada por la comuna por la aglomeración de personas dentro del autobús”, según información compartida por el Sistema Integral de Atención en Salud.

Nota tomada de prensalibre.com

Internacionales

Comunidad internacional llama al gobierno restablecer el “orden constitucional» tras la destitución de cinco magistrados de CSJ y el Fiscal General.

La vicepresidenta, Kamala Harris, el Relator Especial de la ONU, Congresistas de Estados Unidos, la OEA y HRW, condenaron la decisión del órgano legislativo, la cual fue avalada por el presidente Nayib Bukele.

En su primer día y tras ocupar los curules del palacio Legislativo, la empoderada bancada de Nuevas Ideas, apartó del camino a cinco Magistrado de la Sala de lo Constitucional por considerar que cometieron «fraude a la constitución» y violar la separación de poderes.

Además, de los Magistrados de la CSJ, los diputados oficialistas también destituyeron, horas más tardes, al Fiscal General de la República, Raúl Melara.

Según el mismo Bukele, “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, citó en su cuenta oficial de twitter.

Para la comunidad internacional, la iniciativa, tildada por la oposición salvadoreña como la “orden presidencial”, fue calificada como un “Golpe de Estado al poder judicial” y “asalto a la democracia”.

La noticia provocó un tsunami reacciones por parte del gobierno norteamericano, entre ellos el de la Vicepresidenta de Estados Unidos Kamara Harris y miembros del Senado norteamericano, quienes expresaron su preocupación de la situación política que viven en El Salvador e hicieron el llamado a restablecer el orden constitucional.

En su cuenta oficial, Harris escribió: “Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del tribunal constitucional”. “Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”.

Asimismo, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también externo y aclaró que «una relación sólida» entre ambos países dependerá de que el gobierno respete y defienda la separación de poderes y las normas democráticas. 

Por su parte, Jim McGovern, miembro de la Cámara de los Representantes, dijo sentirse preocupado y “enojado por la nueva votación mayoritaria de la Asamblea Nacional del presidente Bukele para destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional».

El mismo sentir expresó el relator especial de la ONU, Diego García- Sayán, quien tampoco vaciló en condenar «los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional».

Otro que se refirió a la destitución de los Magistrados salvadoreños fue el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco y declaró que harían todos los esfuerzos posibles para afectar la relación de El Salvador y Estados Unidos, lo cual provocó otro enfrentamiento con el mandatario.

“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE.UU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de Derecho es una condición necesaria”, reitero Vivanco.

Con la avalancha de críticas de la comunidad internacional, Bukele se respondió con otro tuit en el cual aseguraba que estaba limpiando la casa y “eso no es de su incumbencia”.

Al respecto, la exdiplomática estadounidense Maricarme Aponte , afirmó en una entrevista a la Voz Pública, que la decisión de “destituir a magistrados y al fiscal está fuera de los márgenes de la Constitución. creo que hay órdenes y procesos que todos los países del mundo observan y son sus reglas. Aquí hubo una violación de las reglas y creo que incumbe”.

Finalmente, se conoció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken dijo que habló hoy con el presidente Bukele para expresarle sus serias preocupaciones sobre la decisión de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general de la República.

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Nacionales

Organizaciones y sindicatos listos para conmemorar el 1 de mayo

Trabajadores del sector público y privado afirman que se volcarán a las calles para defender los derechos laborales, la libertad sindical y la democracia ante los atropellos del gobierno de Bukele.

Las organizaciones sindicales, incluyendo los veteranos de guerra de La Fuerza Armada y del FMLN anunciaron diferentes actividades que realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Representantes de los sectores públicos y privados a nivel nacional instaron a las bases a apoyar la manifestación en las principales calles del país este primero de mayo y defender los derechos laborales que están en riesgos de ser arrebatados.

Asimismo, expresaron que el objetivo de la marcha es “exigir y reclamar” los temas pendientes, entre ellos, las pensiones, ley del agua y su descontento con las últimas acciones que ha hecho el Gobierno central; por ejemplo, la situación en el Centro Nacional de Artes, donde los maestros viven una gran incertidumbre.

“Representamos el esfuerzo, independiente clasista y autónomo de la clase trabajadora”, detalló uno de los líderes sindicales, durante la conferencia de prensa.

Los representantes afirmaron estar claros que es una “lucha acérrima”, fuerte, ya que el sistema los ve como enemigos, pero en estos tiempos modernos, se cuenta con la oportunidad de expresar mensajes de realidad al pueblo salvadoreño.

Aseguran que buscan la unidad total, porque día a día se van construyendo los derechos laborales, y cada elemento que se ha obtenido, hasta el momento, se tiene que garantizar.

La marcha iniciará en la 29 calle Poniente y finalizará en la Plaza Morazán. ellos buscan una unidad total, porque los sectores que representan son pilares de la sociedad.

Policías se suman a las marchas

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía(MTP),también suman a las marchas conmemorativas del día del trabajador, por cuarto año consecutivo.

La corporación policial, asegura que son parte de la clase trabajadora y como tales tienen derechos, junto a diferentes sindicatos, organizaciones y colectivos de trabajadores.

Asimismo, expresaron en sus redes sociales que:” Policía que defiende sus derechos, puede defender a su pueblo”, aún cuando hay intimidación por parte de los altos mandos.

Recordaron que, gracias a ellas, los miembros de la corporación ahora reciben bonos trimestrales, y que, pese a la persecución de sus líderes, éstos fueron aprobados por el gobierno del FMLN y que hasta la fecha se mantienen.

Sería su cuarto año consecutivo, desde su fundación, que participan en la conmemoran el día internacional del trabajador y reivindicar los derechos de los miembros de esta institución policial.

Por otra parte, denunciaron que en los municipios de San Salvador y Santa Tecla, las autoridades han suspendido las licencias para garantizar, según ellos, la seguridad en la toma de posesión de la Asamblea y concejos municipales.

Los uniformados, aseguran que es anormal el dispositivo especial, “algo que nunca se había hecho, ya que es un acto político y la PNC había brindado seguridad únicamente con un equipo de la UMO por cualquier eventualidad», indicó.

El pasado 28 de abril el Movimiento de los Trabajadores de la Policía cumplieron seis años en su lucha por defender los derechos laborales de todos los elementos que la conforman.

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