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Coronavirus: falta de acuerdos detiene reactivación total del transporte público

Algunas de las actividades comerciales comienzan a adaptarse al proceso de reapertura bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero para la ciudad de Guatemala el servicio de transporte público sigue siendo irregular, y empresarios y autoridades aún discuten la manera de reactivarlo.

A más de dos meses de la reapertura nacional el servicio de transporte público para la ciudad de Guatemala sigue varado, pero en las regiones donde el servicio funciona de manera parcial es imposible monitorear el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

Los departamentos donde ya comienzan a funcionar los buses la poca cantidad de inspecciones impiden velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Fotografía: Prensa Libre. Los departamentos donde ya comienzan a funcionar los buses la poca cantidad de inspecciones impiden velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Fotografía: Prensa Libre.

Algunas de las actividades comerciales comienzan a adaptarse al proceso de reapertura bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero para la ciudad de Guatemala el servicio de transporte público sigue siendo irregular, y empresarios y autoridades aún discuten la manera de reactivarlo.

Existe una mesa de diálogo entre autoridades de Gobierno, transportistas y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); pero después de varias semanas de conversaciones, los consensos no se hacen presentes y, por consecuencia, los capitalinos y residentes de municipios aledaños deben buscar otras opciones para movilizarse.

Datos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) señalan que aproximadamente mil buses rojos están detenidos, lo que significa dejar de prestar el servicio a unos 586 mil usuarios.

También está suspendido el servicio de Transurbano, el cual cuenta con 350 buses para unos 300 mil usuarios, según Asopagua.

Los números exponen las necesidades de transporte que tiene la capital del país, pero los transportistas añaden que necesitan un respaldo oficial para retornar a sus operaciones, porque cumplir protocolos sanitarios y con limitada ocupación representa gastos que no pueden asumir de manera directa.

“Honestamente, no ha habido ningún avance en las últimas dos semanas; de hecho, el grupo que cubre Mixco ya se quiere sublevar sin que les hayan autorizado los protocolos de bioseguridad y la implementación de todas las medidas sanitarias. Ellos ya quieren salir a trabajar, pero nosotros lo miramos contraproducente por la segunda ola de covid, que ya es una realidad”, expuso Edwin Amaya, secretario de Asopagua.

Según Amaya, la falta de acuerdos podría significar protestas de pilotos en los próximos días, porque muchos trabajadores enfrentan problemas económicos y necesitan incorporarse a sus labores.

“Yo me imagino que va a haber acciones de hecho (…) Hay una situación, porque no hemos logrado los acuerdos; hasta pareciera que hay un interés de alguien, pero no sabemos de quién, para que el transporte urbano ya no salga”, dijo Amaya.

La tarifa es incierta

Una de las instituciones que ha formado parte de las mesas de dialogo es la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que considera que no hay fecha definida para la reactivación del servicio por dos motivos: los protocolos de bioseguridad y el costo que tendrá el pasaje.

“Aquí son dos cosas, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, que ya está siendo superado por la Municipalidad de Guatemala, Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid–19; en esto hay avances, ya solo faltaría el tema económico, que es lo que más le preocupa a los transportistas”, señaló Édgar Guerra, defensor de la PDH.

Entre algunas de las ideas que se discuten en las mesas de diálogo está una subvención, que podría ser presentada mediante una iniciativa de ley al Congreso, pero Guerra reconoció que aún no se ha definido la ruta.

Sin control

Otros de los problemas que ha visto la defensoría de la PDH es que no existe un control total para que los buses respeten las recomendaciones básicas para prestar el servicio, entre ellas no saturar los buses y no excederse en los cobros, problemas que ya se ven en la provincia, donde el servicio de transporte se ha reactivado.

“En los monitoreos, hemos visto que hasta cobran de más y el incumplimiento de los protocolos”, señaló Guerra.

Por su parte, la Dirección General de Transporte (DGT), informó que todos los días realizan operativos de control, y aunque han visto quejas graves en las redes sociales, no han podido sancionar a ningún bus porque no tienen los datos exactos.

“De momento, en los operativos de inspección que hemos hecho en departamentos y la capital, no se ha impuesto ninguna sanción; esto es porque están realizando el ensayo y el transporte no ha retornado al 100%, y tampoco están fuera todas las unidades, pero muchas veces las faltas se realizan cuando ya pasan de nuestro operativo”, explicó Héctor Ramírez, portavoz de la DGT.

Alcaldías insuficientes

Parte del monitoreo en los buses, donde ya existe servicio, depende de las diferentes alcaldías, que han comunicado sus quejas a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), porque no cuentan con todo el personal necesario para los controles.

“Lo que hemos visto es que no hay capacidad de la DGT, menos de las municipalidades, para hacer la supervisión y el control como se debiera; sin embargo, las comunas han estado haciendo un esfuerzo para llevar el control en el tema del aforo, pero es realmente difícil (…) Los reportes dicen que no se está cumpliendo tampoco con el tema del distanciamiento social”, indicó Marvin de León, director ejecutivo de la Anam.

La cartera de Salud respondió que le corresponde verificar el cumplimiento de los protocolos previo al funcionamiento del servicio y que colaboran con inspecciones, pero resalta que las entidades encargadas de emitir sanciones no son ellos.

“En el tema de las autorizaciones para su funcionamiento, compete directamente a las municipalidades y al Ministerio de Comunicaciones, así como también pueden imponer las sanciones respectivas por el incumplimiento de los protocolos, como sucedió recientemente con una unidad en Mixco, que fue multada por la comuna por la aglomeración de personas dentro del autobús”, según información compartida por el Sistema Integral de Atención en Salud.

Nota tomada de prensalibre.com

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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