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Congreso acumula tareas y no define prioridades

Septiembre no comenzó de la mejor manera para el Congreso y basta con recodar las sesiones plenarias la semana pasada. El martes, el pleno de diputados no fue capaz de llegar a un punto en común para aprobar el orden del día y el jueves

Las bancadas en el Congreso no logran los acuerdos necesarios que permitan el avance de la agenda legislativa, en ella se incluye la aprobación de un paquete de iniciativas para la reactivación económica, la postergada elección de Cortes y una futura discusión para el proyecto de presupuesto.

Septiembre no comenzó de la mejor manera para el Congreso  y basta con recodar las sesiones plenarias la semana pasada. El martes, el pleno de diputados no fue capaz de llegar a un punto en común para aprobar el orden del día y el jueves, la agenda se aprobó en un segundo intento,  la falta de quórum impidió el avance de las iniciativas programadas.

Las bancadas  no logran los acuerdos  que permitan el avance de la agenda legislativa, que  incluye la aprobación de un paquete de iniciativas para la reactivación económica, la postergada elección de magistrados para las Cortes y una futura discusión para el proyecto del presupuesto 2021.

Las reformas a la ley del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para facilitar créditos bancarios, validar un préstamo millonario para la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobar la ley de vacunación son algunos de los proyectos legales, que junto a la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, quedaron postergados.

El Congreso sesionó el jueves con quórum reducido, además de aprobar el orden del día  envió iniciativas de ley a comisiones de trabajo, como el proyecto de presupuesto 2021  a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para evaluación y emisión de dictamen.

También se programaron dos interpelaciones a ministros. El 17 de septiembre deberá comparecer ante el pleno la ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, y el 24 de septiembre, el de Desarrollo Social, Raúl Romero.

Se ha demostrado que los juicios políticos frenan la discusión de proyectos de ley, y por ende la agenda de trabajo, porque algunos han llegado a extenderse varios meses, como ocurrió en la legislatura pasada con el exministro de Desarrollo Social.

Priorizar temas

Durante las recientes sesiones plenarias la primera fase de las sesiones se enfrascan en una extensa discusión entre diputados que buscan poner como prioridad la elección de magistrados para las Cortes y otros que promueven iniciativas para mitigar los daños a la económica a causa del covid-19, desacuerdos que difícilmente podrán ser resueltos a la brevedad, según Celia Luna, investigadora de la Asociación para las Investigaciones en Estudios Sociales (Asies).

“Más que pronosticar un estancamiento en la agenda legislativa ya lo estamos viviendo, yo creo que la prioridad en este momento debería de ser la elección de Cortes, ya llevamos casi un año de atraso, hay que ver también a favor de quién se está trabajando, la ciudadanía necesita tener buenos jueces, que sean probos, transparentes, objetivos, para que la justicia le llegue a las personas y que los casos no queden impunes”, resaltó.

Pero también hay quienes consideran que por lo extenso que pueda ser la elección de las próximas autoridades judiciales es necesario priorizar el proyecto de presupuesto, ya que sin recursos acordes al contexto nacional, será difícil responder a  las necesidades y problemas.

“Tienen que priorizar, el tema de presupuesto si no se aprueba en el plazo que establece la Constitución vamos a tener nuevamente que utilizar el presupuesto del 2019, el proyecto va a necesitar muchas reformas porque no está adaptado y con la agenda tan controversial y trabada le va a costar muchísimos candados e incompetencia al Estado”, argumentó Francisco Quezada, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Reactivación o Cortes

Aunque el proyecto de presupuesto apenas lleva unos días en el Palacio Legislativo y algunos diputados consideran necesario que antes de entrar a discutir un punto tan complejo y crucial para el país se debe  limpiar la mesa y cumplir con una orden Constitucional para la elección de Cortes, señaló el diputado Samuel Pérez de Movimiento Semilla.

“El oficialismo ahorita se da cuenta de que ni siquiera llegan a los votos para aprobar la agenda del día. Yo creo que va a ser complicado avanzar y dudo que se logren aprobar los temas que el Ejecutivo le interesan (…). Primero tendríamos que conocer las Cortes, es de absoluta prioridad, no sé por qué andan metiendo antes otros temas en la agenda legislativa, seguido del presupuesto al que se le deben de hacer modificaciones sustanciales para la reactivación, le quitan dinero al Mides y le dan un montón a Comunicaciones”, enfatizó.

Algunas bancadas buscan apoyar paquetes para la reactivación económica, considerando que hay un tiempo prudente y preciso para hablar de un presupuesto, mientras la encrucijada legal por  elegir magistrados obedece a un problema que no creó el Organismo Legislativo, indicó el diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“El tema de Cortes yo lo veo lejos porque estamos en una situación atípica que no la provocó el Congreso, la provocó la Corte de Constitucionalidad con sus fallos y sus amparos, también un informe del Ministerio Público que plantean la exclusión de personas (…). Para el tema de presupuesto tenemos un tiempo para discutirlo y aprobarlo, la agenda legislativa del Congreso no la podemos interrumpir, tenemos que seguir legislando”, señaló.

Son pocos los diputados que han manifestado abiertamente su apoyo a la elección de magistrados y la reactivación económica, por lo que   esperan que lleguen los consensos  para desentrampar la agenda, indicó Rodolfo Neutze, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

“No caminamos, hay una agenda de legislación normal y de reactivación  pendiente, algunos  solo quieren ver eso, otros el tema de magistrados y jueces,  pocos  queremos ambas cosas”, refirió el congresista.

A criterio de los analistas es necesario que los diputados no caigan en una oposición negativa bloqueando agendas, por el contrario, todos deben de mostrar voluntad política para resolver la agenda de país, donde sesionar más de dos veces por semana puede ser una solución.

Nota tomad a de prensalibre.com

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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