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Congresistas demócratas de EE.UU. piden a Bukele ceñirse a las reglas democráticas y respetar a la libertad de prensa.

El representante presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Eliot L. Engel, llamó a los miembros del partido Demócrata en Cámara y Senado a expresar “profunda preocupación” por los señalamientos del Presidente Nayib Bukele a la prensa salvadoreña, en específico a medios de comunicación independientes.

El acoso y los ataques a periodistas de los medios de comunicación por parte del gobierno no han pasado por alto para los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Hoy emplazan al mandatario salvadoreño.

El representante presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Eliot L. Engel, llamó a los miembros del partido Demócrata en Cámara y Senado a expresar “profunda preocupación” por los señalamientos del Presidente Nayib Bukele a la prensa salvadoreña, en específico a medios de comunicación independientes.

A través de una carta enviada este día, los legisladores expresar su profunda preocupación por el creciente acoso que ejerce el gobierno salvadoreño contra los medios de comunicación independientes y de investigación en el país.

Asimismo, manifestaron “alarma” por los ataques al periódico El Faro, tras revelar una investigación que señala al Gobierno de mantener negociaciones con las estructuras de la pandilla MS-13, un medio qué según los legisladores estadounidenses, es muy respetado no solo en El Salvador sino también en toda la comunidad internacional

Los congresistas también citaron los casos de los que fueron víctimas la periodista de Gato Encerrado, Julia Gavarrete, que denunció el hurto de su computadora en su vivienda, mientras cubría una actividad gubernamental.

Tampoco pasó por alto el ataque del que fue víctima el editor de la revista Disruptiva, a quien le fue extraído su equipo informático y mapa del municipio de San José Villanueva donde el medio estaba realizando un experimento de monitoreo de la infección por COVID-19.

“Desafortunadamente, estas acciones siguen un patrón de ataques a la prensa salvadoreña. La Asociación Salvadoreña de Periodistas ha informado de más de 60 ataques documentados contra la prensa desde que asumió el cargo el año pasado” reza la misiva.

Le recuerdan al presidente Bukele que “la comunidad internacional sigue muy de cerca estos ataques a la libertad de prensa. El 18 de mayo de 2020, el Departamento de Estado transmitió un documento al Congreso sobre El Salvador que decía: Los periodistas que critican la política del gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales son alimentadas por el trato que Bukele les da en las redes sociales.

Estos esfuerzos, que incluyen la elección selectiva de retirar publicidad de los medios de comunicación críticos con sus políticas para dar forma al contenido, socavan el intercambio de puntos de vista sano y abierto que la libertad de prensa permite y no promueve la independencia de los medios”, asevera el documento enviado al presidente Bukele.

Los congresistas le hacen saber al presidente Nayib Bukele que hay una relación fuerte entre ambas naciones y que El Salvador es un socio principal en términos comerciales, de cooperación y donde residen más de dos millones de compatriotas

“Si bien los desacuerdos entre los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación seguramente ocurrirán en cualquier democracia, creemos que los gobiernos siempre deben garantizar el pleno respeto de la libertad de prensa. Le instamos a que trate nuestras inquietudes con la seriedad con la que las transmitimos”.

Por ello, le recuerdan que la libertad de prensa “es el pilar de cualquier democracia” y añaden que “es de gran importancia que nuestros países redoblen el compromiso para proteger a los periodistas mientras desarrollan su trabajo con coraje cada día”.

El Diario de Hoy contactó a un asesor demócrata de la Cámara de Representantes, quién declara al medio que siguen de cerca la situación que vive el país y hay “una preocupación creciente por la negativa del presidente de ceñirse a reglas democráticas básicas, como la libertad de prensa” o el irrespeto a la independencia de poderes.

La carta está firmada por legisladores demócratas:

Eliot Engel, preside la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; y Nita Lowey, de Apropiaciones, a cargo de asignar los fondos, Albio Sires, al frente del subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental; y el senador Patrick Leahy, vicepresidente de la Cámara de Apropiaciones del Senado. Sin la firma de este último, el Legislativo de su país no asigna fondos de cooperación a nadie, entre otras personalidades estadounidenses.

carta traducida al español

“Estimado presidente Bukele:

Como saben, desde hace mucho tiempo apoyamos una relación sólida entre Estados Unidos y El Salvador y la necesidad de seguir colaborando para garantizar un futuro mejor para nuestros dos países.

Hoy, escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la creciente hostilidad de su gobierno hacia los medios de comunicación independientes y de investigación en El Salvador.

Una prensa libre es un pilar central de cualquier democracia y es de suma importancia que nuestros países redoblen nuestro compromiso de proteger a los periodistas en el desempeño de su valiente trabajo todos los días.

En particular, estamos alarmados por los recientes ataques contra El Faro, uno de los principales medios de investigación independientes de Centroamérica.

El periodismo de primer nivel de El Faro es muy respetado no solo en El Salvador sino también en toda la comunidad internacional.

Su gobierno ha atacado su credibilidad a través de artículos anónimos en los medios administrados por el gobierno.

Además, estamos muy preocupados por la agresiva auditoría de las finanzas de El Faro por parte de su Ministerio de Finanzas, que parece ser un esfuerzo por intimidarlos

El viernes pasado, El Faro publicó una investigación de meses de duración sobre las supuestas negociaciones de su gobierno con la MS-13.

Tras la publicación de este artículo, el director de su prisión nacional, Osiris Luna, anunció que había dado pleno acceso a la Fiscalía General para investigar «noticias difundidas maliciosamente» que eran «totalmente falsas».

Desafortunadamente, estas acciones siguen un patrón de ataques a la prensa salvadoreña.

La Asociación Salvadoreña de Periodistas ha informado de más de 60 ataques documentados contra la prensa desde que asumió el cargo el año pasado.

En particular, nos preocupan los ataques cibernéticos y los allanamientos dirigidos a los medios de comunicación que investigan la respuesta al COVID-19 de su gobierno.

En julio, la revista Gato Encerrado fue víctima de un ciberataque que resultó en la pérdida de todo lo que publicó el medio en los últimos 6 meses.

Ese mismo mes, la computadora de la reportera de Gato Encerrado Julia Gavarrete fue robada de su casa mientras estaba en la Casa Presidencial cubriendo un evento del gobierno.

Un incidente similar ocurrió el 13 de julio cuando un hombre irrumpió en el departamento del editor de la revista Disruptiva mientras él y su familia dormían y robó dos computadoras y un mapa del municipio donde la revista estaba realizando un experimento de monitoreo de la infección por COVID-19.

Instamos a que se investiguen de inmediato estos incidentes.

La comunidad internacional sigue muy de cerca estos ataques a la libertad de prensa.

El 18 de mayo de 2020, el Departamento de Estado transmitió un documento al Congreso sobre El Salvador que decía: “Los periodistas que critican la política del gobierno enfrentan amenazas, muchas de las cuales son alimentadas por el trato que Bukele les da en las redes sociales.

Estos esfuerzos, que incluyen la elección selectiva de retirar publicidad de los medios de comunicación críticos con sus políticas para dar forma al contenido, socavan el intercambio de puntos de vista sano y abierto que la libertad de prensa permite y no promueve la independencia de los medios

El Departamento de Estado no es el único que comparte estas preocupaciones. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado sentimientos similares durante el año pasado.

Si bien los desacuerdos entre los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación seguramente ocurrirán en cualquier democracia, creemos que los gobiernos siempre deben garantizar el pleno respeto de la libertad de prensa. Le instamos a que trate nuestras inquietudes con la seriedad con la que las transmitimos.

Gracias por su atención a este asunto urgente. Sinceramente

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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