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Corrupción

Comisionada presidencial de Bukele, Carolina Recinos, en lista de corruptos del Triángulo Norte

En la lista, que no es la Engel, también se incluyen al ex ministro de Justicia, Rogelio Rivas, José Luis Merino, dirigente del FMLN y padrino política de Nayib Bukele, el diputado Guillermo Gallegos y Sigfrido Reyes. 

Una fuente del Congreso de Estados Unidos reveló la información donde se mencionan a cinco personajes salvadoreños, vinculados con actos de corrupción o narcotráfico en el Triángulo Norte. 

La lista dada a conocer en medios salvadoreños, la encabezan dos funcionarios del actual gobierno, la comisionada presidencial Carolina Recinos y Rogelio Rivas, quien fungió como ministro de Seguridad hasta abril pasado y que fuera destituido por preparar su candidatura a espaldas del presidente. 

De la administración del FMLN, se mencionan a Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa y José Luis Merino, también exdirigente del FMLN y que anteriormente había aparecido en listas estadounidenses de funcionarios bajo investigación por lavado de dinero y localmente es señalado de ser el financista de actual gobernante salvadoreño.  

Otro que se menciona en el documento es el actual diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien abrió las puertas del partido para impulsar a Bukele a la presidencia en el 2019. 

En lo que respecta Recinos, el documento afirma que “la jefa de gabinete actual de la administración del presidente Nayib Bukele ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”.  

Cabe señalar que la comisionada pesa una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental por la contratación de sus hermanos en cargos públicos y de haber intervenido para que una de sus hermanas accediera a un préstamo en Bandesal, pese a no reunir los requisitos de capacidad de pago.  

Asimismo, una investigación de medio digital El Faro Net, detalla que en el 2014,,una subsidiaria de Alba Petróleos, la empresa con capital venezolano dirigida por líderes del partido de izquierda, demandó a Carolina Recinos y a su esposo y actual embajador en Rusia, Arnoldo Bernal, por una deuda de $227,000, embargando dos propiedades de la pareja. 

En el caso de Rogelio Rivas, el informe del Departamento de Estado, lo relaciona con vínculos “significativos actos de corrupción al otorgarle a su propia compañía de construcción varios contratos no competitivos y no publicitados para construir estaciones de policía y otros edificios que caían bajo su autoridad, e infló el costo de los materiales”. 

Según un artículo de El Faro, Rivas fue apartado del gobierno por tener aspiraciones de convertirse en el sucesor de Bukele, generando conflictos internos con los altos dirigentes de Nuevas Ideas que terminó con su destitución. 

En cuanto a los señalamientos de José Luis Merino, estos no son nuevos ya que arrastra un pasado de ilícitos relacionados con las empresas Alba donde varios directivos y él eran los responsables de haber otorgado millones de dólares en préstamos a particulares. 

Hoy nuevamente, es incluído por “significativos actos de corrupción” cuando desempeñó diferentes cargos públicos, entre estos, como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sánchez Cerén. 

Guillermo Gallegos y Sigfrido Reyes 

De acuerdo al listado, el parlamentario de Gana, Guillermo Gallegos es descrito como “involucrado en actos significativos de corrupción a lo largo de su período”. En 2017, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó más de $3 millones injustificados en el patrimonio del político. 

Gallegos es uno de los funcionarios más criticados por la sociedad civil, cuya carrera política inicio en ARENA, luego pasó a GANA, es considerado un aliado del oficialismo y tiene la inmunidad presidencial en el tema del nepotismo, al ser uno de los legisladores que más familiares tiene contratados en la Asamblea Legislativa. 

A lo largo de su carrera política ha acumulado un sinfín de  irregularidades que van desde cobrar viáticos legislativos para viajes que nunca realizó hasta haber entregado desde la presidencia de la Asamblea .  

El otro nombre que tampoco sorprende es el de Sigfrido Reyes, investigado por “apropiarse de fondos públicos para beneficio personal” a través de gastos fraudulentos en viajes y sobre quien pesa una orden de captura desde el 9 de enero de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa, por $6 millones.  

Bukele defiende a sus aliados 

El gobernante salvadoreño no negó ni admitió los señalamientos, solo limitó a criticar y en tono sarcástico escribió en su cuenta de twitter: “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO”. 

Luego volvió al ataque y dijo: “tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos”. 

En otro tuit responsabilizó a George Soros de estar tras estas acciones:” Veamos los nombres de quienes publican, quienes lo promueven, los medios que lo retoman, los que lo comparten, son los mismos esbirros de @georgesoros. y ya conocemos su manual y la sabemos cómo vencerlo”. 

Por su parte, Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, opinó que “viene a confirmar lo que este gobierno trata de desmentir: que la corrupción es parte de la administración Bukele al igual que lo fue en la administración del FMLN”. 

El representante de Cristosal, Noah Bullock, consideró que esta lista muestra que “no hay nada nuevo bajo el sol, la corrupción es una práctica común del ejercicio del poder público”, al tiempo que exhortó a poner atención a las palabras del senador Patrick Leahy, quien vincula los golpes del oficialismo a una tensa relación con Estados Unidos. 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch,calificó  “firme pronunciamiento” del Senador Patrick Leahy al dejar claro que los ataques de Bukele al Estado de derecho tendrán consecuencias con el FMI, el Banco Mundial, el BID y la asistencia directa de Estados Unidos e invito al mandatario salvadoreño a leerlo. 

El listado fue remitido al Congreso en el informe 004271 del Departamento de Estado de Estados Unidos titulado «Funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador», adjuntando «la parte recientemente desclasificada». 

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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