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Corrupción

Comisionada presidencial de Bukele, Carolina Recinos, en lista de corruptos del Triángulo Norte

En la lista, que no es la Engel, también se incluyen al ex ministro de Justicia, Rogelio Rivas, José Luis Merino, dirigente del FMLN y padrino política de Nayib Bukele, el diputado Guillermo Gallegos y Sigfrido Reyes. 

Una fuente del Congreso de Estados Unidos reveló la información donde se mencionan a cinco personajes salvadoreños, vinculados con actos de corrupción o narcotráfico en el Triángulo Norte. 

La lista dada a conocer en medios salvadoreños, la encabezan dos funcionarios del actual gobierno, la comisionada presidencial Carolina Recinos y Rogelio Rivas, quien fungió como ministro de Seguridad hasta abril pasado y que fuera destituido por preparar su candidatura a espaldas del presidente. 

De la administración del FMLN, se mencionan a Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa y José Luis Merino, también exdirigente del FMLN y que anteriormente había aparecido en listas estadounidenses de funcionarios bajo investigación por lavado de dinero y localmente es señalado de ser el financista de actual gobernante salvadoreño.  

Otro que se menciona en el documento es el actual diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien abrió las puertas del partido para impulsar a Bukele a la presidencia en el 2019. 

En lo que respecta Recinos, el documento afirma que “la jefa de gabinete actual de la administración del presidente Nayib Bukele ha participado en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”.  

Cabe señalar que la comisionada pesa una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental por la contratación de sus hermanos en cargos públicos y de haber intervenido para que una de sus hermanas accediera a un préstamo en Bandesal, pese a no reunir los requisitos de capacidad de pago.  

Asimismo, una investigación de medio digital El Faro Net, detalla que en el 2014,,una subsidiaria de Alba Petróleos, la empresa con capital venezolano dirigida por líderes del partido de izquierda, demandó a Carolina Recinos y a su esposo y actual embajador en Rusia, Arnoldo Bernal, por una deuda de $227,000, embargando dos propiedades de la pareja. 

En el caso de Rogelio Rivas, el informe del Departamento de Estado, lo relaciona con vínculos “significativos actos de corrupción al otorgarle a su propia compañía de construcción varios contratos no competitivos y no publicitados para construir estaciones de policía y otros edificios que caían bajo su autoridad, e infló el costo de los materiales”. 

Según un artículo de El Faro, Rivas fue apartado del gobierno por tener aspiraciones de convertirse en el sucesor de Bukele, generando conflictos internos con los altos dirigentes de Nuevas Ideas que terminó con su destitución. 

En cuanto a los señalamientos de José Luis Merino, estos no son nuevos ya que arrastra un pasado de ilícitos relacionados con las empresas Alba donde varios directivos y él eran los responsables de haber otorgado millones de dólares en préstamos a particulares. 

Hoy nuevamente, es incluído por “significativos actos de corrupción” cuando desempeñó diferentes cargos públicos, entre estos, como viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sánchez Cerén. 

Guillermo Gallegos y Sigfrido Reyes 

De acuerdo al listado, el parlamentario de Gana, Guillermo Gallegos es descrito como “involucrado en actos significativos de corrupción a lo largo de su período”. En 2017, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó más de $3 millones injustificados en el patrimonio del político. 

Gallegos es uno de los funcionarios más criticados por la sociedad civil, cuya carrera política inicio en ARENA, luego pasó a GANA, es considerado un aliado del oficialismo y tiene la inmunidad presidencial en el tema del nepotismo, al ser uno de los legisladores que más familiares tiene contratados en la Asamblea Legislativa. 

A lo largo de su carrera política ha acumulado un sinfín de  irregularidades que van desde cobrar viáticos legislativos para viajes que nunca realizó hasta haber entregado desde la presidencia de la Asamblea .  

El otro nombre que tampoco sorprende es el de Sigfrido Reyes, investigado por “apropiarse de fondos públicos para beneficio personal” a través de gastos fraudulentos en viajes y sobre quien pesa una orden de captura desde el 9 de enero de 2020 por los delitos de peculado, lavado de dinero y estafa, por $6 millones.  

Bukele defiende a sus aliados 

El gobernante salvadoreño no negó ni admitió los señalamientos, solo limitó a criticar y en tono sarcástico escribió en su cuenta de twitter: “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO”. 

Luego volvió al ataque y dijo: “tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos”. 

En otro tuit responsabilizó a George Soros de estar tras estas acciones:” Veamos los nombres de quienes publican, quienes lo promueven, los medios que lo retoman, los que lo comparten, son los mismos esbirros de @georgesoros. y ya conocemos su manual y la sabemos cómo vencerlo”. 

Por su parte, Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, opinó que “viene a confirmar lo que este gobierno trata de desmentir: que la corrupción es parte de la administración Bukele al igual que lo fue en la administración del FMLN”. 

El representante de Cristosal, Noah Bullock, consideró que esta lista muestra que “no hay nada nuevo bajo el sol, la corrupción es una práctica común del ejercicio del poder público”, al tiempo que exhortó a poner atención a las palabras del senador Patrick Leahy, quien vincula los golpes del oficialismo a una tensa relación con Estados Unidos. 

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch,calificó  “firme pronunciamiento” del Senador Patrick Leahy al dejar claro que los ataques de Bukele al Estado de derecho tendrán consecuencias con el FMI, el Banco Mundial, el BID y la asistencia directa de Estados Unidos e invito al mandatario salvadoreño a leerlo. 

El listado fue remitido al Congreso en el informe 004271 del Departamento de Estado de Estados Unidos titulado «Funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador», adjuntando «la parte recientemente desclasificada». 

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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