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Corrupción

Clan Bukele ordenó la destitución de Rogelio Rivas por tener aspiraciones presidenciales y ocupar fondos estatales.

La sorpresiva salida del exministro de Justicia y Seguridad dejó muchas dudas en la opinión pública. Una investigación del periódico El Faro revela los motivos de su despido.

Rogelio Rivas no solo incumplió el pago de impuestos sobre la renta durante ocho años, adeudando $10,563.65 del 2013 al 2017, pero aún con esta insolvencia fue juramentado por el presidente Bukele y sigue también los últimos tres años.

En una notificación electrónica que giró el ministerio de Hacienda, el 28 de enero de 2021, la División de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras le informa la deuda correspondiente y el pago inmediato de los mismos.

Sin embargo, no fue la evasión fiscal el motivo de destitución sino sus aspiraciones de perfilarse como candidato a la presidencia de 2024 y no consultar al presidente Bukele ni a sus hermanos quienes son los que llevan las riendas en la toma de decisiones.

Así lo reveló una investigación periodística del periódico El Faro, la cual toma como fuente un informe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el que señala que Rivas construía un plan para ser el próximo presidente en El Salvador.

La OIE también asegura que el exministro de Justicia utilizaba recursos públicos, provocando su salida de forma abrupta del gabinete de gobierno el pasado 26 de marzo, aunque el infirmo fue entregado el 11de enero de 2021 a Casa Presidencial.

Según la investigación, en dicho informe se establece que el dinero para esa cuenta provendría principalmente de partidas gubernamentales destinadas para la construcción de infraestructura y de procesos de compra durante la pandemia.

Asimismo, la OIE advertí de que “se había conformado una situación que, al ser expuesta al conocimiento público, puede tener serio impacto en el gobierno del presidente Bukele, no solo por el uso y destino que se está haciendo de los fondos públicos”.

En la publicación del Faro se detalla que el documento de 19 páginas y titulado “Análisis de la situación registrada al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad”, solicita “la máxima secretividad” por las interioridades descritas sobre esa cartera de Estado”, irónicamente elaborado por un empleado al que Rivas despidió del Ministerio, que terminó trabajando para el OIE.

La veracidad de esta información se sustenta en la copia que dice tener el faro, la cual coincide con otras informaciones que tienen en su poder: licitaciones, memorandos y una factura de energía eléctrica por más de $500 que corresponde a una casa que rentaba.

En esa vivienda, ubicada en la colonia San francisco, funcionaba un centro de troles, pagado aparentemente con fondos del Ministerio de Seguridad pero que no era para promover el Plan Control Territorial, como aparentemente se hizo ver, sino para trabajar a favor de las aspiraciones políticas de Rivas.

De acuerdo al medio digital, en dicho lugar laboraban, al menos, 10 personas cuya labor era generar y operar cuentas falsas para aplaudir o atacar a personas desde internet, el cual está a cargo de un asesor de Rivas y representante de otro medio digital que promueve al gobierno de Bukele.

Pese a ello, su sucesor, Gustavo Villatoro, aseguró que Rivas seguía dentro del ministerio, pero esta versión fue desmentida por el ex titular que estaba “fuera de la función pública” y que el Faro podía publicarlo que “quisieran”, guardándose el derecho a demandarlos.

Sobre esta publicación, Nayib Bukele no se ha pronunciado, pese a tratarse de un exfuncionario de su gabinete y que la misma OIE lo señala de corrupción. Tampoco la CICIES ha brindado su declaración en el caso.

Para la organización ARPAS, la destitución de Rivas señalado de evasión tributaria y posibles actos de corrupción, fue un acierto del presidente, pero guarda silencia con otros funcionaros involucrados en el mismos ilícitos, entre ellos Francisco Alabí en Salud y a Pablo Anliker, que tienen cuentas pendientes en Corte de Cuentas, la Fiscalía y hasta la misma CICIES creada por el presidente.

En marzo de 2019, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, manifestó que la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) permitirá transparentar la administración pública, cuya entidad buscaría combatir casos de corrupción en El Salvador.

Rivas sentenció que aquellos que critican esta iniciativa es porque temían se auditados y “que primeros en oponerse son los diputados de la Asamblea, sobre todo el FMLN, que es un partido que acaba de estar en el poder y que habían a encontrar irregularidades en el manejo de los fondos y algunos procedimientos administrativos”, citó.

Cabe señalar que Rivas Franco ganó múltiples contratos en la Alcaldía de San Salvador mientras él presidía el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y asesoraba al entonces alcalde Nayib Bukele en el período 2015-2018.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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