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Corrupción

Clan Bukele ordenó la destitución de Rogelio Rivas por tener aspiraciones presidenciales y ocupar fondos estatales.

La sorpresiva salida del exministro de Justicia y Seguridad dejó muchas dudas en la opinión pública. Una investigación del periódico El Faro revela los motivos de su despido.

Rogelio Rivas no solo incumplió el pago de impuestos sobre la renta durante ocho años, adeudando $10,563.65 del 2013 al 2017, pero aún con esta insolvencia fue juramentado por el presidente Bukele y sigue también los últimos tres años.

En una notificación electrónica que giró el ministerio de Hacienda, el 28 de enero de 2021, la División de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras le informa la deuda correspondiente y el pago inmediato de los mismos.

Sin embargo, no fue la evasión fiscal el motivo de destitución sino sus aspiraciones de perfilarse como candidato a la presidencia de 2024 y no consultar al presidente Bukele ni a sus hermanos quienes son los que llevan las riendas en la toma de decisiones.

Así lo reveló una investigación periodística del periódico El Faro, la cual toma como fuente un informe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el que señala que Rivas construía un plan para ser el próximo presidente en El Salvador.

La OIE también asegura que el exministro de Justicia utilizaba recursos públicos, provocando su salida de forma abrupta del gabinete de gobierno el pasado 26 de marzo, aunque el infirmo fue entregado el 11de enero de 2021 a Casa Presidencial.

Según la investigación, en dicho informe se establece que el dinero para esa cuenta provendría principalmente de partidas gubernamentales destinadas para la construcción de infraestructura y de procesos de compra durante la pandemia.

Asimismo, la OIE advertí de que “se había conformado una situación que, al ser expuesta al conocimiento público, puede tener serio impacto en el gobierno del presidente Bukele, no solo por el uso y destino que se está haciendo de los fondos públicos”.

En la publicación del Faro se detalla que el documento de 19 páginas y titulado “Análisis de la situación registrada al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad”, solicita “la máxima secretividad” por las interioridades descritas sobre esa cartera de Estado”, irónicamente elaborado por un empleado al que Rivas despidió del Ministerio, que terminó trabajando para el OIE.

La veracidad de esta información se sustenta en la copia que dice tener el faro, la cual coincide con otras informaciones que tienen en su poder: licitaciones, memorandos y una factura de energía eléctrica por más de $500 que corresponde a una casa que rentaba.

En esa vivienda, ubicada en la colonia San francisco, funcionaba un centro de troles, pagado aparentemente con fondos del Ministerio de Seguridad pero que no era para promover el Plan Control Territorial, como aparentemente se hizo ver, sino para trabajar a favor de las aspiraciones políticas de Rivas.

De acuerdo al medio digital, en dicho lugar laboraban, al menos, 10 personas cuya labor era generar y operar cuentas falsas para aplaudir o atacar a personas desde internet, el cual está a cargo de un asesor de Rivas y representante de otro medio digital que promueve al gobierno de Bukele.

Pese a ello, su sucesor, Gustavo Villatoro, aseguró que Rivas seguía dentro del ministerio, pero esta versión fue desmentida por el ex titular que estaba “fuera de la función pública” y que el Faro podía publicarlo que “quisieran”, guardándose el derecho a demandarlos.

Sobre esta publicación, Nayib Bukele no se ha pronunciado, pese a tratarse de un exfuncionario de su gabinete y que la misma OIE lo señala de corrupción. Tampoco la CICIES ha brindado su declaración en el caso.

Para la organización ARPAS, la destitución de Rivas señalado de evasión tributaria y posibles actos de corrupción, fue un acierto del presidente, pero guarda silencia con otros funcionaros involucrados en el mismos ilícitos, entre ellos Francisco Alabí en Salud y a Pablo Anliker, que tienen cuentas pendientes en Corte de Cuentas, la Fiscalía y hasta la misma CICIES creada por el presidente.

En marzo de 2019, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, manifestó que la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) permitirá transparentar la administración pública, cuya entidad buscaría combatir casos de corrupción en El Salvador.

Rivas sentenció que aquellos que critican esta iniciativa es porque temían se auditados y “que primeros en oponerse son los diputados de la Asamblea, sobre todo el FMLN, que es un partido que acaba de estar en el poder y que habían a encontrar irregularidades en el manejo de los fondos y algunos procedimientos administrativos”, citó.

Cabe señalar que Rivas Franco ganó múltiples contratos en la Alcaldía de San Salvador mientras él presidía el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y asesoraba al entonces alcalde Nayib Bukele en el período 2015-2018.

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Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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