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Corrupción

Clan Bukele ordenó la destitución de Rogelio Rivas por tener aspiraciones presidenciales y ocupar fondos estatales.

La sorpresiva salida del exministro de Justicia y Seguridad dejó muchas dudas en la opinión pública. Una investigación del periódico El Faro revela los motivos de su despido.

Rogelio Rivas no solo incumplió el pago de impuestos sobre la renta durante ocho años, adeudando $10,563.65 del 2013 al 2017, pero aún con esta insolvencia fue juramentado por el presidente Bukele y sigue también los últimos tres años.

En una notificación electrónica que giró el ministerio de Hacienda, el 28 de enero de 2021, la División de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras le informa la deuda correspondiente y el pago inmediato de los mismos.

Sin embargo, no fue la evasión fiscal el motivo de destitución sino sus aspiraciones de perfilarse como candidato a la presidencia de 2024 y no consultar al presidente Bukele ni a sus hermanos quienes son los que llevan las riendas en la toma de decisiones.

Así lo reveló una investigación periodística del periódico El Faro, la cual toma como fuente un informe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el que señala que Rivas construía un plan para ser el próximo presidente en El Salvador.

La OIE también asegura que el exministro de Justicia utilizaba recursos públicos, provocando su salida de forma abrupta del gabinete de gobierno el pasado 26 de marzo, aunque el infirmo fue entregado el 11de enero de 2021 a Casa Presidencial.

Según la investigación, en dicho informe se establece que el dinero para esa cuenta provendría principalmente de partidas gubernamentales destinadas para la construcción de infraestructura y de procesos de compra durante la pandemia.

Asimismo, la OIE advertí de que “se había conformado una situación que, al ser expuesta al conocimiento público, puede tener serio impacto en el gobierno del presidente Bukele, no solo por el uso y destino que se está haciendo de los fondos públicos”.

En la publicación del Faro se detalla que el documento de 19 páginas y titulado “Análisis de la situación registrada al interior del Ministerio de Justicia y Seguridad”, solicita “la máxima secretividad” por las interioridades descritas sobre esa cartera de Estado”, irónicamente elaborado por un empleado al que Rivas despidió del Ministerio, que terminó trabajando para el OIE.

La veracidad de esta información se sustenta en la copia que dice tener el faro, la cual coincide con otras informaciones que tienen en su poder: licitaciones, memorandos y una factura de energía eléctrica por más de $500 que corresponde a una casa que rentaba.

En esa vivienda, ubicada en la colonia San francisco, funcionaba un centro de troles, pagado aparentemente con fondos del Ministerio de Seguridad pero que no era para promover el Plan Control Territorial, como aparentemente se hizo ver, sino para trabajar a favor de las aspiraciones políticas de Rivas.

De acuerdo al medio digital, en dicho lugar laboraban, al menos, 10 personas cuya labor era generar y operar cuentas falsas para aplaudir o atacar a personas desde internet, el cual está a cargo de un asesor de Rivas y representante de otro medio digital que promueve al gobierno de Bukele.

Pese a ello, su sucesor, Gustavo Villatoro, aseguró que Rivas seguía dentro del ministerio, pero esta versión fue desmentida por el ex titular que estaba “fuera de la función pública” y que el Faro podía publicarlo que “quisieran”, guardándose el derecho a demandarlos.

Sobre esta publicación, Nayib Bukele no se ha pronunciado, pese a tratarse de un exfuncionario de su gabinete y que la misma OIE lo señala de corrupción. Tampoco la CICIES ha brindado su declaración en el caso.

Para la organización ARPAS, la destitución de Rivas señalado de evasión tributaria y posibles actos de corrupción, fue un acierto del presidente, pero guarda silencia con otros funcionaros involucrados en el mismos ilícitos, entre ellos Francisco Alabí en Salud y a Pablo Anliker, que tienen cuentas pendientes en Corte de Cuentas, la Fiscalía y hasta la misma CICIES creada por el presidente.

En marzo de 2019, el exministro de Justicia y Seguridad Pública, manifestó que la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) permitirá transparentar la administración pública, cuya entidad buscaría combatir casos de corrupción en El Salvador.

Rivas sentenció que aquellos que critican esta iniciativa es porque temían se auditados y “que primeros en oponerse son los diputados de la Asamblea, sobre todo el FMLN, que es un partido que acaba de estar en el poder y que habían a encontrar irregularidades en el manejo de los fondos y algunos procedimientos administrativos”, citó.

Cabe señalar que Rivas Franco ganó múltiples contratos en la Alcaldía de San Salvador mientras él presidía el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y asesoraba al entonces alcalde Nayib Bukele en el período 2015-2018.

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Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Corrupción

EE.UU y Reino Unido inician sanciones a funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Ambas naciones están decididas a combatir los actos ilícitos y han iniciado con Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Las penalizaciones han comenzado penalizando a funcionarios vinculados con la corrupción en los países que son parte del Triángulo Norte.

En Guatemala, las sanciones son para un funcionario y un exfuncionario, se trata de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, sobre quien pesa serias acusaciones, entre ellas interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones.  

Según el Departamento de Estado, Alejos sirvió como secretario privado para la administración presidencial 2008-2012 de Álvaro Colom, y Felipe Alejos es un diputado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.  

De acuerdo al informe, ambos funcionarios facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.     

“Estas acciones de sanción se realizan en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción.  

Al coordinarnos con socios globales con ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluyendo la interrupción de acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes”, cita el comunicado de prensa del Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, se detalla que los funcionarios sancionados son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Tras el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunión de manera virtual con el presidente guatemalteco, para anunciar que aumentarán la ayuda en la región a fin de gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras buscan los medios para calmar la crisis migratoria en la frontera con México.

«Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa», manifestó Harris.

Es la segunda conversación que la funcionaria sostiene con el gobernante, Alejandro Giammattei. Se tiene previsto que Harris visite a esa nación en el mes de junio.

Mas sanciones a Centroamérica

El Gobierno británico quien también congeló activos y vetó la entrada a tres personas con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que son tres centroamericanos incluidos en una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso sanciones en el marco de un nuevo régimen contra la corrupción internacional.

Oscar Ramón Nájera, diputado hondureño, utilizó su cargo «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros».

Asimismo, se castigó al guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», siendo su segunda sanción.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida».

«Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indica el Gobierno británico, que le acusa de «privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».

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