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Bukele y la falsa promesa del NO endeudamiento.

La retórica engañosa del presidente Nayib Bukele fue efectiva para ocupar la silla presidencial pero no para sacar de la deuda al país como lo prometió. Ahora tiene al país sumergido en deuda histórica.

Las expectativas de la población, incluso de la comunidad internacional eran grandes y tras ellas grandes promesas que pretendían terminar con la corrupción, rechazaba el endeudamiento del país, eliminar el gasto secreto, eliminar la contribución especial, entre otras.

Sin embargo, en los primeros 100 días de gobierno el presidente Bukele y su gabinete mostraba una evidente distancia de los temas que había prometido a una población sedienta de justicia.

Lo dicho: “ El dinero alcanza cuando nadie roba”, fue eso, un dicho más que utilizó para encarar públicamente a sus opositores del ARENA y el FMLN, el partido de izquierda con el cual llegó a gobernar dos alcaldías.

En su discursiva, el mandatario prometía que su gobierno no continuaría endeudando al país, pero recién asumido el cargo necesitó 750 millones con el justificable que era urgente saldos pendientes que dejaron sus antecesores.

Para las organizaciones sociales nacionales y extranjeras, al igual que analistas

políticos, la administración Bukele adolece de muchas irregularidades y vacíos como por ejemplo, millonarios fondos sin destino específico, recortó el subsidio al gas, no mantiene la contribución especial para seguridad con el impuesto a las telefónicas, asignación de recursos a dependencias no prioritarios, entre otros.

Esta situación, según actores de la sociedad civil, representa graves incumplimientos al compromiso presidencia de presentar un presupuesto transparente, incumpliendo con ello su promesa de campaña de “no más endeudamiento”.

Gobierno pone en saldo rojo al país

Para agosto de 2019, El Salvador había alcanzado una deuda pública total de $ 20.311 millones, una cifra más alta y que evidencia un acelerado endeudamiento en los últimos cinco años. Sobre este tema, en su momento, el analista económico Claudio de Rosa afirmó que ese debía terminar con el endeudamiento para pagar gastos corrientes, “porque si se está muy endeudado se pagan más intereses”.

Una de las quejas del Nayib Bukele desde su llegada es la falta de fondos para cumplir con su plan quinquenal, del cual poco o nada se conoce, incluso utilizó su popularidad para poner en contra a la población fin de presionar a los diputados y que terminó con la militarización de la Asamblea y con $109 millones en la cartera del Ejecutivo, destinados para la ejecución del Plan Control Territorial que debe desarrollarse entre 2019 y 2021, sumarán un costo de 571.2 millones de dólares.

Con la llegada de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las exigencias de fondos continuaron y en conferencia de Prensa el gobernante también aseguró que fluiría mucho dinero de donaciones y cooperación internacional, lo cual quedó demostrado por el expresidente del Banco Central de Reserva que revelo que el Ejecutivo si tenía los recursos para enfrentar la pandemia.

En los datos expuestos por el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, el Gobierno ha dispuesto de $2,643 millones en deuda para enfrentar la pandemia de los cuales $1,643 millones es deuda externa y $1,596 millones corresponden a compromisos internos.

Estas declaraciones ante la comisión que investiga el uso de los fondos del Covid-19 le costó el puesto al titular de dicho banco, orden que vino de uno de los hermanos de Bukele.

Por lo tanto la afirmación de no haber recibido “ni un centavo por la mitad” de la deuda por $3 millones que la Asamblea Legislativa autorizó dos meses antes de atender la emergencia sanitaria.

Además, la economista Michelle Molina de Icefi, en declaraciones a la revista Gato

“durante la crisis, el Ejecutivo sí ha estado utilizando desembolsos de deuda, provenientes de las ‘tarjetas de crédito’ que son las Letes y Cetes” y según el mismo informe de Hacienda, el Gobierno ha emitido casi $900 millones mediante éstos mecanismos.

En mayo pasado, El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, y el vicerrector de proyección social, Omar Serrano, informaron que más de la mitad de los $3,000 millones autorizados por la Asamblea Legislativa para financiar la atención a la pandemia por COVID-19 no están destinados para la sociedad en general, sino en el pago de deudas asumidas por el Gobierno de Nayib Bukele.

Para muchos críticos del gobierno y ante la medida de no transparentar el gasto público, ven al país hacia un hoyo fiscal, sobre tobre todo, con la reciente emisión de $644.8 millones en Certificados del Tesoro (Cetes) a una tasa de interés de 7.5 % que deberá pagar en el plazo de un año.

La colocación se basa en el Decreto Legislativo 640, del 5 de mayo de 2020, que avala al Ministerio de Hacienda gestionar $1,000 millones en nueva deuda para la recuperación económica por la pandemia del covid-19, mismo que tiene una demanda de inconstitucionalidad.

Desde el punto de vista de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, “más allá de la validez del destino de los recursos, es reprobable el alarmante incremento del endeudamiento estatal que ya sobrepasó límites históricos”

Esta organización, como el resto de la sociedad civil ven una “crisis de deuda”, donde el gobierno no podrá pagar y nadie le prestará más, lo cual ese desfinanciamiento provocaría un colapso económico nacional.

Asimismo, sostienen que “insistir en más deuda como única fuente de ingresos , confirma que el Presidente Bukele le faltan tres cosas importantes. La primera es la creatividad para buscar alternativas al endeudamiento, es decir, que por su cabeza no pasan ideas como combatir la evasión, la elusión tributaria o “renegociar la deuda externa”.

Lo que sí es evidente que con la millonaria deuda, Bukele se alejó por completo de una promesa de campaña y ha colocado a El Salvador como la nación Centroamérica que más ha incrementado su deuda pública para enfrentar la emergencia de salud por la pandemia de covid-19, según proyecciones de varios organismos locales y regionales.