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Corrupción

Bukele también cometió evasión fiscal

La transparencia nunca se ha llevado con el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, ya que el gobernante salvadoreño también se encuentra entre los evasores de tributos.

Asegura perseguir a los evasores de tributos, pero él tampoco declaró un millón de dólares entre 2012 a 2015.

La transparencia nunca se ha llevado con el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, ya que el gobernante salvadoreño también se encuentra entre los evasores de tributos.

Según investigaciones periodísticas realizada en 2018, se encontraron irregularidades en la declaración de probidad durante su gestión como alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 a 2015, por lo que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Corte Plena iniciar un juicio civil.

De acuerdo a los documentos, Bukele no declaró a Hacienda cerca de $850 mil en ingresos otorgados por la agencia de publicidad Obermet, bajo la representación legal de su hermano Karim Bukele.

Con esta investigación, el aspirante a la presidencia por el Movimiento Nuevas Ideas y finalmente adoptado por GANA, expuso a Probidad que el dinero que le otorgó a Obermet, empresa familiar cobraba por terceras personas, cambiaban los cheques y le entregaban en efectivo.

Su declaración no fue convincente para probidad ya que no era suficientemente clara para justificar los incrementos patrimoniales. Además, probidad también cuestiona que el gobernante no notificó la adquisición de un apartamento en la declaración correspondiente al ejercicio fiscal, cuyo valor rondaba los $300 mil, con dinero de los cheques de Obermet.

Según la Probidad, al menos $330 mil dólares no habrían sido cancelados por Bukele en concepto de impuesto sobre la renta en la adquisición de este bien y las regalías de Obermet.

Sobre esto, el entonces alcalde capitalino cuestionó, como es costumbre las acciones fiscalizadoras, respondiendo que no había problema, ya que se trata de donaciones de una empresa familiar y que el responsable de determinar si existió una evasión fiscal es el Ministerio de Hacienda.

Karim Bukele, aseguró a la revista Factum que el apartamento en mención fue un regalo de su padre Armando, por lo que dicho inmueble, junto con las donaciones de Obermet, ya habían pagado impuesto previo a llegar a manos del actual alcalde capitalino.

Asímismo, reconoció que las donaciones de Obermet ayudaron a financiar la campaña que su hermano realizó para ganar la alcaldía de San Salvador en 2015.

Probidad en su momento recriminó el trabajo del Estado, el cual debe transparentar las actividades económicas que los funcionarios mantienen de forma paralela con la función pública.

De acuerdo con una publicación de la Prensa Gráfica, la empresa publicitaria de los Bukeles decenas de ganó contratos de publicidad para entidades del Ejecutivo entre 2012 y 2016, lo que le habría reportado regalías por más de $20 millones de dólares.

Con ello queda claro que el presidente Bukele habría recibido donaciones de Obermet producto de contratos publicitarios del FMLN, partido lo llevó a la vida política con el gane de la alcaldía Nuevo Cuscatlán en 2012.

Para Bukele la evasión fiscal debe ser castigada para acabar con la corrupción, sin embargo aplica solo para sus oponentes, a los que él llama “los mismos de siempre”, olvidándose que él y su gabinete son los principales evasores al no rendir cuentas.

Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Corrupción

EE.UU y Reino Unido inician sanciones a funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Ambas naciones están decididas a combatir los actos ilícitos y han iniciado con Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Las penalizaciones han comenzado penalizando a funcionarios vinculados con la corrupción en los países que son parte del Triángulo Norte.

En Guatemala, las sanciones son para un funcionario y un exfuncionario, se trata de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, sobre quien pesa serias acusaciones, entre ellas interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones.  

Según el Departamento de Estado, Alejos sirvió como secretario privado para la administración presidencial 2008-2012 de Álvaro Colom, y Felipe Alejos es un diputado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.  

De acuerdo al informe, ambos funcionarios facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.     

“Estas acciones de sanción se realizan en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción.  

Al coordinarnos con socios globales con ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluyendo la interrupción de acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes”, cita el comunicado de prensa del Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, se detalla que los funcionarios sancionados son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Tras el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunión de manera virtual con el presidente guatemalteco, para anunciar que aumentarán la ayuda en la región a fin de gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras buscan los medios para calmar la crisis migratoria en la frontera con México.

«Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa», manifestó Harris.

Es la segunda conversación que la funcionaria sostiene con el gobernante, Alejandro Giammattei. Se tiene previsto que Harris visite a esa nación en el mes de junio.

Mas sanciones a Centroamérica

El Gobierno británico quien también congeló activos y vetó la entrada a tres personas con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que son tres centroamericanos incluidos en una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso sanciones en el marco de un nuevo régimen contra la corrupción internacional.

Oscar Ramón Nájera, diputado hondureño, utilizó su cargo «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros».

Asimismo, se castigó al guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», siendo su segunda sanción.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida».

«Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indica el Gobierno británico, que le acusa de «privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».

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