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Corrupción

Bukele se promueve como “presidente de la paz” al igual que Nicolás Maduro en Venezuela.

Para desviar la atención del atentado contra la militancia del FMLN en el que se involucra a la seguridad del ministro de Salud, el mandatario imita al dictador venezolano con el hashtag #NayibPresidenteDeLaPaz.

En noviembre de 2019, a casi cinco meses de asumir la presidencia en El Salvador, Nayib Bukele, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela e inicio una confrontación política con Nicolás Maduro.

En ese cruce de palabras por twitter, Bukele se jactó de ser un presidente electo democráticamente y criticó que el régimen de Maduro realiza violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra su pueblo.

Sin embargo, en tema de violaciones a derechos humanos, transparencia y corrupción, el mandatario salvadoreño se ha quedado corto y cada día, adopta políticas muy parecidas a las del gobernante venezolano.

El gobierno de Bukele no solo comparte a un grupo de asesores que impulsaron el golpe de estado en el país petrolero y que están involucrados en casos de malversación de fondos, sino que replican las mismas estrategias populista de su homólgo Nicolás Maduro para causar un desgaste político a los partidos de oposición.

Así que no es extraño que días después de los atentados a los militantes del FMLN, en el cual perdieron la vida dos de ellos, Bukele impulsa en redes sociales la etiqueta #NayibPresidenteDeLaPaz, un eslogan que ocuparon también en el régimen chavista el año pasado.

Con esta estrategia, tanto Maduro como Bukele buscan salir de la agenda política de violencia en su país. En el caso de El Salvador, el mandatario teme una reducción de votos el próximo 28 de febrero.

Además, ha caído en una serie de contradicciones en cuanto a los actos violentos del pasado domingo contra la caravana del partido FMLN y que lo responsabilizan directamente.

Ante esta situación, poco favorable para su comprada imagen populista, la cual se vio afectada por el hashtag #BukeleAsesino que lo supero en twitter, sus asesores venezolanos lanzaron #NayibPresidenteDelaPaz, con la ayuda de numerosas cuentas falsas.

El auto nombrarse “Presidente de la paz”, no guardar una relación de consonancia con sus discursos “incendiarios”, que incitan al odio y a la violencia. Además, en reiteradas ocasiones ha amenazado a diputados y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En agosto de 2020, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la organización Human Rights Watch (HRW) rechazaron las frases que el presidente salvadoreño durante una cadena nacional de radio y televisión, en contra de cinco jueces del Poder Judicial.

Durante la cadena nacional, el presidente exclamó: «me llaman dictador. ¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos…, declaraciones que lo hacen cada vez más parecido a su rival venezolano.

Este patrón autoritario, motivó a que los ciudadanos salvadoreños solicitaran el cierre de la cuenta de Bukele por considerar que alienta el odio político  en las bases de su partido y funcionarios, quienes replican el mismo discurso.

«Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha venido utilizando la plataforma de twitter para ordenar acciones que violen los derechos humanos. Esto es según las organizaciones internacionales de derechos humanos (Human Rights Watch y ONU Derechos Humanos)», expresa parte de la petición.

Cabe señalar que en el 2013. El ahora presidente salvadoreño, siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán, declaró en su cuenta de twitter que era un fiel admirador del dictador Maduro y según analistas, la copia autoritaria de Bukele busca disolver un poder de estado como es el legislativo para instaurar una dictadura poniendo sus propios diputados que “arrodillados” al presidente.

Por lo que el reciente atentado, podría interpretarse como un “acto intimidatorio” para acorralar a sus adversarios políticos, incluso las victimas que sobrevivieron al ataque armado, manifiestan su temor al declarar.

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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