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Corrupción

Bukele mintió como alcalde y ahora como presidente

Las irregularidades en su gestión como Alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital salvadoreña San Salvador, confirman que la mentira es su principal estrategia para sacar ventaja a sus opositores.

En su paso como alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador hizo promesas que nunca cumplió. La historia se repite, esta vez desde la silla presidencial.

Las irregularidades en su gestión como Alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital salvadoreña San Salvador, confirman que la mentira es su principal estrategia para sacar ventaja a sus opositores.

Quienes trabajaron de cerca en ambos municipios, conocen las tácticas empleadas que busca llenar de “esperanza” a una población cansada de la corrupción, pero nada más utiliza ese sentimiento para beneficio propio.

Quienes trabajaron de cerca en ambos municipios, conocen las tácticas empleadas que busca llenar de “esperanza” a una población cansada de la corrupción, pero nada más utiliza ese sentimiento para beneficio propio.

Entre el 2012 y 2015, Nayib Bukele endulzó los oídos de un pueblo con promesas inalcanzables, comenzando con un proyecto con el cual atraería una millonaria inversión de dólares y lo dejó plasmado en su cuenta de twitter en el que expresó: “ En unas horas, lanzaremos el Modelo Solidario, con el que pretendemos atraer una inversión de $1,000,000,000.00 a Nuevo Cuscatlán en 10 años” , con fecha 2014. https://twitter.com/nayibbukele/status/468883094595194881.

El supuesto proyecto incluía, un nuevo hospital de Diagnóstico, una catedral Cástrense, hoteles y restaurantes exclusivos, promesas que nunca se realizaron y que aún esperan.

En lugar de crear un municipio próspero, dejó una millonaria deuda denunciada en agosto de 2016 por el concejal de Nuevo Cuscatlán, Gerardo Barón, quien señalaba una situación de endeudamiento de más de $5 millones.

Los números rojos continuaron con la administración de Michelle Sol, amiga del ahora presidente y funcionaria de gobierno, la cual dejó mucho más “sangrada a la comuna y a sus habitantes que actualmente carecen de servicios básicos.

Para sus detractores, Bukele usó a ese pequeño municipio como trampolín para llegar a San Salvador y posteriormente a la presidencia de El Salvador.

Bukele declaró a Probidad $846,622.45 en concepto de donaciones entre el 2012 y 2015 de la empresa Obermet, pero Probidad estableció que hay indicios de enriquecimiento ilícito por un total de $331,908.48, monto no declarado en Impuesto sobre la Renta a Hacienda por ingresos donados por su hermano.

Adicional a esta deuda, quedó pendiente con $5,408.60, destinados al mantenimiento de elevadores del mercado, $53,411.25 en medicamentos utilizados en jornadas médicas, $107,027.19 en facturas de telefonía móvil y $105,908.23. en servicio de internet, según información que proporción UAIP.

Con toda la red de mentiras bien estructurada, Bukele provoca ser expulsado del partido FMLN en el 2017 por violar los principios y normativas internas del partido. Las acusaciones sobre él fueron “fomentar conductas personalistas, generar división interna, por actos difamatorios, dañar el honor e imagen de una persona, irrespetar los derechos de la mujer”, actitudes que persisten en su rol de presidente de la República.

Finalmente, el alcalde capitalino se declara independiente y busca al mejor postor. Dando inicio a un dilema por consolidar su candidatura como Presidente de El Salvador.

Sin embargo, el resultado eran 100 días de “desaciertos”, según lo tipificó la PROES es una organización social que aglutina a un amplio espectro de profesionales de El Salvador, junto a otros actores de la sociedad civil.

Era más de lo mismo, pero si cumplió dos cosas: “la medicina amarga”,” el sufrimiento” y el “someter” a los otros órganos del Estado para cambiar a El Salvador, dejando de lado el ofrecimiento de terminar con la corrupción, el nepotismo, mejorar los programas sociales, dignificar a las víctimas de El Mozote, dar la pensión a los veteranos de guerra, trabaja de la mano con las municipalidades, trabajar con transparencia, en fin, promesas que a un año están en el limbo.

Además de no cumplir con dichos ofrecimientos, hay un retroceso en la seguridad y ha empoderado a la Policía Nacional Civil y al Fuerza Armada, los cuales actúan con represión hacia la población y están sumisos al Ejecutivo.

Según PROES, el gobierno ha hecho de la política de gobierno, al ocultar el endeudamiento actual del país debido a su mala administración.

Con la contienda electoral a la vuelta de la esquina, el presidente, promueve el engaño y el clientelismo, además asolapar la corrupción al permitir que los paquetes agrícolas y las canastas solidarias sean entregados por los funcionarios de gobierno y partidos políticos afines que aspiran una diputación.

Además, engaña, miente y se apropia de obras que quedaron finalizadas y negociadas por el anterior gobierno, como el financiamiento para el Hospital Rosales, el bypass de San Miguel, el apoyo por parte de México para generar empleo en el campo y frenar la migración, la compra de medicamentos para hospitales, entre otras.

En un año de gestión está claro que la mentira continuará reinando desde el Ejecutivo en lo que resta del mandato de Bukele, quien pidió a la población “cerrar los ojos” para que vivan una realidad de fantasía y que tras un tardío despertar será “ la medicina amarga” para todos , incluso para sus fieles seguidores.

Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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