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Corrupción

Bukele empoderada pandillas con las negociaciones

En una entrevista concedida al Diario de Hoy, el criminólogo e investigador de temas de seguridad y de las pandillas en el país, Carlos Ponce afirma que “la pandilla aún tiene un control robusto en el territorio” y no puede medirse la efectividad del Plan control Territorial porque no se tiene claridad de los parámetros de éste, al menos, públicamente.

La efectividad del Plan Control Territorial es cuestionada y el presidente Bukele sigue el patrón de sus antecesores al negociar con estas estructuras criminales.

En una entrevista concedida al Diario de Hoy, el criminólogo e investigador de temas de seguridad y de las pandillas en el país, Carlos Ponce afirma que “la pandilla aún tiene un control robusto en el territorio” y no puede medirse la efectividad del Plan control Territorial porque no se tiene claridad de los parámetros de éste, al menos, públicamente.

Para Ponce, las treguas pactadas con estos grupos delincuenciales los han empoderado, por lo que diferentes analistas ven una contradicción entre la reducción de los índices delincuenciales y el enfoque geográfico, es decir, que se priorizaron algunos municipios, pero no hay disminución, mientras que en otros que no estaban en el plan si experimentan una reducción.

En ese sentido, el profesional cuestiona si esta realidad se debe al Plan Control Territorial, el cual se ha publicitado en los medios de comunicación o hay algo más, por ejemplo, las negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas, como fue denunciado recientemente por el periódico digital El Faro.

Además, el amplio despliegue policial y militar en ciertas zonas es visto como una estrategia disuasiva más que efectiva y para lograr los objetivos debería ir acompañada de otros elementos, a parte que no se tiene la cantidad de elementos de seguridad para ampliarlo a nivel nacional.

En la misma entrevista, el criminólogo fue consultado sobre si el gobierno estaría usando inteligencia policial para combatir las pandillas, Ponce recordó que ésta ha sido utilizada con fines políticos, electorales, pero actualmente desconoce su enfoque y aplicación. El Plan Control Territorial solo lo conoce el gobierno de Bukele.

Las treguas las fortalecen

“Las pandillas tienen un amplio control en el territorio” y todo apunta a que existe una negociación, tal como lo citó El Faro. Además, señala que no se han debilitado como se ha hecho creer con el Plan del gobierno.

Incluso, dice, durante la pandemia quedó claro quien tiene el mando y estas estructuras montaron “un sistema de vigilancia mucho más efectivo que el Gobierno, que obligaba a golpes a los residentes de diferentes comunidades a que acataran las medidas de distanciamiento social y que no salieran”, apuntó Ponce.

La actual tregua no difiere mucho de las anteriores, por ejemplo, Munguía Payés, adoptó “estados de sitios focalizados”, anunciaba endurecer las cosas, pero “clandestinamente estaba negociando con las pandillas”.

Hoy, el actual gobierno toma el mismo discurso a fin de ocultar la negociación, manipula ese sentimiento de inseguridad en la población y vender los resultados con una estrategia publicitaria en los medios.

Lo que no se puede negar, sostiene, es que las pandillas tienen la capacidad de hacer varias cosas en el territorio. “Tienen una base social bastante amplia” y este tipo de negociación entre políticos viene a legitimarlas, a reconocerlas y al final se vuelven influyentes en las decisiones de sus comunidades e incidir en los resultados electorales.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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