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Corrupción

Bukele, dos años de populismo, corrupción y menos democracia.

Las encuestas le da un 86.5 a su gestión, pero tras estos resultados hay una millonaria inversión en publicidad, tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de su aceptación, el gobernante abraza la corrupción que criticó a sus antecesores.

El mandatario Nayib Bukele, cumple dos años de gestión en medio duras críticas de la comunidad internacional ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte de los diputados oficialistas que controlan el poder legislativo, decisión aprobada por el jefe de Estado.

Desde su llegada al poder, con el apoyo incondicional del partido GANA, que surge de una fractura política de ARENA, Bukele centró su trabajo en debilitar a la oposición y para lograrlo, invirtió millones de dólares en especialistas de marketing político, cabilderos y asesores venezolanos.

La confrontación con la pasada legislatura, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y hasta con la Procuraduría de Derechos Humanos, surgen a raíz de los señalamientos por el abuso de poder del presidente y la falta de transparencia de los fondos, esté último detonó con la militarización de la Asamblea Legislativa en febrero del año pasado, acto que fue calificado como un intento de “golpe de Estado” por los parlamentarios.

Con las elecciones para diputados y alcaldes de principio de año, el pleito terminó con los diputados salientes, ya que ahora tiene control total del poder Legislativo, pero arreciaron contra la Sala de lo Constitucional por una serie de fallos, que, para el mandatario, le restaban facultados.

Finalmente, nueve meses después de emitirlos, llega la orden de destitución y la nueva Asamblea Legislativa, en la primera sesión, votó por la destitución de los Magistrados y el fiscal general, nombrando simultáneamente a sus sucesores, proceso que continúa siendo señalada de inconstitucional.

Sobre este último acontecimiento, diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, criticó la medida de los partidos afines al presidente, entre ellos el partido oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados GANA, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), y advirtió que era un golpe a la separación de poderes e independencia judicial.

Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han intervenido para que se revierta esta decisión parlamentaria, pero Bukele se mantiene firme al decir que es “irreversible”, aun cuando no está entre sus facultades.

Desquebrajamiento de la democracia

Ni los señalamientos de corrupción en la malversación de los fondos del Estado y donaciones, tampoco los casos de nepotismo en su gobierno, son motivos suficientes para cuestionarlo, por el contrario, califican su gestión con un 86.5 por ciento.

Este amplio apoyo le dio 61 diputados con la coalición de GANA en las elecciones pasadas, sumándose otra alianza con el PDC y PCN para sumar 64 diputados, quienes ahora junto con el presidente salvadoreño.

De acuerdo a los sondeos de opinión del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia y del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), a nota del mandatario es de 8.87 y 8.3.

Sin embargo, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares calificado de “negativo” al analizar la situación política que deja ver retrocesos en materia democrática y participación social.

Además, dicen que, en el actual gobierno, no hay verdaderos cambios, por el contario, hay una profundización del modelo autoritario y neoliberal, que se refleja en la migración, un tema de agenda en el triángulo Norte y que Bukele desestima.

Por su parte, Óscar Ortiz, opinó que los dos años de gobierno han estado marcados por un retroceso en la democracia, atropellos al marco constitucional, corrupción y peligrosamente, un país sin rumbo, donde la improvisación, el populismo y el discurso de odio es lo que predomina.

En el mismo contexto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), también hace sus valoraciones de la gestión presidencial en el estudio denominado “El Salvador: Año Político”, que comprende el período de junio 2020 a mayo 2021.

Según la institución, “es preocupante”, la seguridad jurídica del país, y hacen referencia a la destitución de Magistrados de la Sala lo Constitucional y Fiscal General de la República, el pasado primero de mayo, por parte de la Asamblea Legislativa.

A juicio de Natalia Santos, Investigadora de FUSADES, “se puede debilitar el clima de inversiones. Los constantes ataques hacia el sector privado, la Constitución y el Estado de Derecho, también afectan. Sobre este tema se han pronunciado, gremiales y organizaciones internacionales”.

Un punto que se destaca del Ejecutivo es la gestión de vacunas contra COVID-19 y afirma que desde que inició el Plan de vacunación, el pasado 17 de febrero, se han adquirido más de 2 millones de inoculantes y se han inmunizado a 1 millón 832 mil 228 salvadoreños.

No obstante, en el tema de las relaciones bilaterales, Fusades no quita el dedo del renglón de las recientes confrontaciones entre el gobierno salvadoreño con la administración Biden, sobre los pronunciamientos por diversos temas, entre ellos los ataques a otros órganos de Estado, prensa nacional, organizaciones sociales y el manejo de los recursos públicos.

En lo que respecta a la democracia, esta organización advierte de “autoritaria” la destitución de funcionarios judiciales, a la luz de un posible proyecto político en aras de concentrar el poder político y es calificada como una “afrenta directa contra el principio de división de poderes”.

Según los críticos, la gobernanza gira en torno al presidente y no en torno a la población. La delincuencia pandilleril está fuera de control, migración forzada, miles de desaparecidos, desempleo, programas sociales cerrados, productores y proveedores locales en quiebra, acoso a la prensa, sindicalismo atado, corrupción estatal y una deuda millonaria difícil de solventar.

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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