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Corrupción

Bukele, dos años de populismo, corrupción y menos democracia.

Las encuestas le da un 86.5 a su gestión, pero tras estos resultados hay una millonaria inversión en publicidad, tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de su aceptación, el gobernante abraza la corrupción que criticó a sus antecesores.

El mandatario Nayib Bukele, cumple dos años de gestión en medio duras críticas de la comunidad internacional ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte de los diputados oficialistas que controlan el poder legislativo, decisión aprobada por el jefe de Estado.

Desde su llegada al poder, con el apoyo incondicional del partido GANA, que surge de una fractura política de ARENA, Bukele centró su trabajo en debilitar a la oposición y para lograrlo, invirtió millones de dólares en especialistas de marketing político, cabilderos y asesores venezolanos.

La confrontación con la pasada legislatura, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y hasta con la Procuraduría de Derechos Humanos, surgen a raíz de los señalamientos por el abuso de poder del presidente y la falta de transparencia de los fondos, esté último detonó con la militarización de la Asamblea Legislativa en febrero del año pasado, acto que fue calificado como un intento de “golpe de Estado” por los parlamentarios.

Con las elecciones para diputados y alcaldes de principio de año, el pleito terminó con los diputados salientes, ya que ahora tiene control total del poder Legislativo, pero arreciaron contra la Sala de lo Constitucional por una serie de fallos, que, para el mandatario, le restaban facultados.

Finalmente, nueve meses después de emitirlos, llega la orden de destitución y la nueva Asamblea Legislativa, en la primera sesión, votó por la destitución de los Magistrados y el fiscal general, nombrando simultáneamente a sus sucesores, proceso que continúa siendo señalada de inconstitucional.

Sobre este último acontecimiento, diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, criticó la medida de los partidos afines al presidente, entre ellos el partido oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados GANA, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), y advirtió que era un golpe a la separación de poderes e independencia judicial.

Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han intervenido para que se revierta esta decisión parlamentaria, pero Bukele se mantiene firme al decir que es “irreversible”, aun cuando no está entre sus facultades.

Desquebrajamiento de la democracia

Ni los señalamientos de corrupción en la malversación de los fondos del Estado y donaciones, tampoco los casos de nepotismo en su gobierno, son motivos suficientes para cuestionarlo, por el contrario, califican su gestión con un 86.5 por ciento.

Este amplio apoyo le dio 61 diputados con la coalición de GANA en las elecciones pasadas, sumándose otra alianza con el PDC y PCN para sumar 64 diputados, quienes ahora junto con el presidente salvadoreño.

De acuerdo a los sondeos de opinión del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia y del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), a nota del mandatario es de 8.87 y 8.3.

Sin embargo, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares calificado de “negativo” al analizar la situación política que deja ver retrocesos en materia democrática y participación social.

Además, dicen que, en el actual gobierno, no hay verdaderos cambios, por el contario, hay una profundización del modelo autoritario y neoliberal, que se refleja en la migración, un tema de agenda en el triángulo Norte y que Bukele desestima.

Por su parte, Óscar Ortiz, opinó que los dos años de gobierno han estado marcados por un retroceso en la democracia, atropellos al marco constitucional, corrupción y peligrosamente, un país sin rumbo, donde la improvisación, el populismo y el discurso de odio es lo que predomina.

En el mismo contexto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), también hace sus valoraciones de la gestión presidencial en el estudio denominado “El Salvador: Año Político”, que comprende el período de junio 2020 a mayo 2021.

Según la institución, “es preocupante”, la seguridad jurídica del país, y hacen referencia a la destitución de Magistrados de la Sala lo Constitucional y Fiscal General de la República, el pasado primero de mayo, por parte de la Asamblea Legislativa.

A juicio de Natalia Santos, Investigadora de FUSADES, “se puede debilitar el clima de inversiones. Los constantes ataques hacia el sector privado, la Constitución y el Estado de Derecho, también afectan. Sobre este tema se han pronunciado, gremiales y organizaciones internacionales”.

Un punto que se destaca del Ejecutivo es la gestión de vacunas contra COVID-19 y afirma que desde que inició el Plan de vacunación, el pasado 17 de febrero, se han adquirido más de 2 millones de inoculantes y se han inmunizado a 1 millón 832 mil 228 salvadoreños.

No obstante, en el tema de las relaciones bilaterales, Fusades no quita el dedo del renglón de las recientes confrontaciones entre el gobierno salvadoreño con la administración Biden, sobre los pronunciamientos por diversos temas, entre ellos los ataques a otros órganos de Estado, prensa nacional, organizaciones sociales y el manejo de los recursos públicos.

En lo que respecta a la democracia, esta organización advierte de “autoritaria” la destitución de funcionarios judiciales, a la luz de un posible proyecto político en aras de concentrar el poder político y es calificada como una “afrenta directa contra el principio de división de poderes”.

Según los críticos, la gobernanza gira en torno al presidente y no en torno a la población. La delincuencia pandilleril está fuera de control, migración forzada, miles de desaparecidos, desempleo, programas sociales cerrados, productores y proveedores locales en quiebra, acoso a la prensa, sindicalismo atado, corrupción estatal y una deuda millonaria difícil de solventar.

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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