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Bukele da la espalda la CICIES y sus funcionarios reservan la información

El mandatario salvadoreño impulsó su creación tras la corrupción de sus antecesores, pero se resiste a colaborar con la investigación por negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.

Desde la firma de su convenio en diciembre de 2019, la Cicies había permanecido en silencio tras las denuncias de corrupción del gobierno de Nayib Bukele durante la pandemia por covid-19.

Estos señalamientos hicieron eco y fue la misma CICIES-OEA quien dio tres avisos a la Fiscalía en la que advertía de delitos como actos arbitrarios y negociaciones ilícitas de funcionarios del actual gobierno.

Sin embargo, Bukele, lejos de colaborar con su iniciativa de anticorrupción, se ha negado a rendir cuentas a las autoridades e instituciones que constitucionalmente ejercen control sobre los gastos del Estado como la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas.

Asimismo, ha desacreditado la función de la Fiscalía y violentado la constitución al mandar a la policía a frenar la investigación, ya que la considera “política”, medida con la cual busca disuadir la atención de la población que está cansada de corrupción de los gobiernos anteriores y reprocha que el actual mandatario entorpezca la investigación.

Raúl Melara, afirma que la Comisión Anticorrupción en el caso “compras covid.19” han encontrado 17 indicios de irregularidades en la compra de insumos y que ellos (la Cicies), “ha estado realizando una auditoría en todo el proceso de adjudicación y de asignación de fondos públicos relativos a la pandemia”.

Por su parte, las organizaciones Cristosal, Tracoda, Líderes, Los Siempre Sospechosos de Todo y Azul Originarios, sostienen que la PNC ha desnaturalizado su rol constitucional al obstaculizar la investigación y mostraron su apoyo a Fiscalía.

Se estima que un 66.8% de las compras de insumos médicos están bajo investigación por considerarse negociaciones ilícitas, cuyo monto ronda los 31 millones asignados a nueve contratos,

Según Fiscalía, Agricultura, Seguridad, Gobernación y el ISSS también son investigadas por favorecer con contratos anómalos a empresas sin experiencia o ligadas a funcionarios, amigos y familiares del gobierno.

A pesar de los avances en el caso “compras Covid.19” y los señalamientos a dependencia del Estado, Bukele no acepta que la Cicies que el mismo impulsó, ahora lo esté señalando de corrupción, incluyendo a su gabinete.

Para frenar la auditoria de la CCR, los ministros han calificado la documentación como reservados y el MAG fue uno de los primeros tras ser auditado por la Corte de Cuentas de la República.

Salud recurrió a la misma estrategia al estar involucrado por adjudicar millonarios contratos a familiares. En este caso en particular, Ronalth Ochaeta, representante de la Cicies, pidió a fiscalía iniciar una investigación en contra el ministro Francisco Alabi, porque otorgó $225 mil a venta de consumibles para vehículos Autodo S.A. de C.V, en concepto de compras de bota de hule.

Otra dependencia que decidió reservar la información pública fue el MOP, Wilson Sandoval, el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac),dijo que  “El MOP está obligado a rendir cuentas sobre sus actuaciones en materia de contrataciones. Es inmadurez política y falta de integridad, buscar restringir la fiscalización de la sociedad civil o de cualquier ciudadano”, por lo cual fue denunciado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

No obstante, las investigaciones siguen su curso, mientras el gobierno busca mecanismos para entorpecer la investigación mediante cortinas de humo para levantar su imagen salpicada por la corrupción, incluso fuera de la frontera salvadoreña.