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Corrupción

Bukele asolapa corrupción en el MAG

Pablo Anliker es uno de los amigos del círculo presidencial y es el titular del ministerio de Agricultura y Ganadería y también el que más rebeldía ha mostrado para rendir cuenta sobre los recursos recibidos durante la pandemia.

Sobre esta dependencia pesan fuertes señalamientos de malversación de los fondos asignados para contrarrestar la pandemia de covid-19.

Pablo Anliker es uno de los amigos del círculo presidencial y es el titular del ministerio de Agricultura y Ganadería y también el que más rebeldía ha mostrado para rendir cuenta sobre los recursos recibidos durante la pandemia.

A la fecha, el representante de esta cartera de Estado y responsable de la compra de alimentos para las canastas solidarias, granos básicos para la reserva y paquetes agrícolas no ha podido justificar más $273 millones asignados durante la emergencia sanitaria.

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, dijo que a principios de agosto, y según el informe que el mismo ministro entregó a la Asamblea Legislativa, ya llevaba más de $250 millones invertidos solo en el tema de paquetes agrícolas.

Además, recibió $40 millones de un presupuesto adicional para el Ministerio de Agricultura, dinero que el gobierno tomó de otras dependencias del Estado sin la autorización de la Asamblea, y que estaría relacionada con la renuncia del exministro de Hacienda, Nelson Fuentes.

La opacidad en la transparencia del manejo de estos recursos y la poca colaboración de las autoridades de MAG con la Corte de Cuentas de la República(CCR), es calificada por organizaciones civiles malversación de los fondos públicos.

Ante la negativa de rendir cuentas, la CCR envió una solicitud al presidente de la república para que girara instrucciones al ministro Pablo Anliker a fin de proporcionar a este ente contralor la información sobre los gastos realizados por dicha institución, las cuales vienen solicitándose desde el 22 de mayo.

Ante la negativa de rendir cuentas, la CCR envió una solicitud al presidente de la república para que girara instrucciones al ministro Pablo Anliker a fin de proporcionar a este ente contralor la información sobre los gastos realizados por dicha institución, las cuales vienen solicitándose desde el 22 de mayo.

Posibles delitos en compras del MAG

El nuevo presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, dijo ayer haber encontrado no menos de 12 irregularidades en el manejo de los fondos públicos utilizados para la compra de alimentos realizados por el MAG.

De acuerdo a Anzora, entre los hallazgos se encuentran tres exámenes especiales relacionado a paquetes agrícolas, el segundo con las canastas alimentarias y untercero con la compra de arroz, frijol y maíz como parte de una reserva estratégica que se ha querido mantener por parte del Gobierno.

FGR indaga transferencia de fondo realizados por Agricultura

Debido a la resistencia por rendir cuentas, el partido del FMLN presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República para que investigara posibles irregularidades del MAG en los movimientos en las partidas presupuestarias.

Tras la notificación, la Unidad Especializada Delitos de Corrupción de la FGR, solicitó a la comisión legislativa de hacienda una certificación del expediente de ese caso.

Entre los movimientos realizados por el MAG se detallan $7.7 millones en remuneraciones, $15.7 millones para adquisiciones de bienes y servicios, más $33,500 para gastos financieros.

En junio, el Ministerio de Hacienda informó a la Asamblea Legislativa que Agricultura realizó una compra de $23.4 millones en granos (maíz, arroz, frijol) por «a fin de satisfacer las necesidades alimenticias de la población de escasos recursos».

En dicha carta, Hacienda confirmó que Agricultura reorientó recursos destinados al pago de salarios, adquisición de bienes y servicios, entre otros, para adquirir esa reserva. Tras el movimiento, Hacienda solicitó a la Asamblea reponer los $23.4 millones al MAG con un financiamiento externo.

Empresas fantasmas proveedoras del MAG

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también favoreció a funcionarios del gabinete de Bukele, ya que aparte de comprar con sobreprecio, hizo negocios fuera del marco legal, con la empresa de Inversiones del Café Zarco, S.A de C.V, propiedad de la familia del entonces presidente de Fonaes, por un monto de $1.6 millones en alimentos.

A las dudosas compras se sumó los $2.8 millones a una empresa de Sinaloa, Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) fue con sobreprecio, aseguraron que el gobierno compró la tonelada de maíz mexicano a $320 mientras que en el país su precio ronda los $264 para los productores.

Otra compra que llamó la atención es la realizada a una empresa B-Eminent fantasma de atún, también mexicana. Según la revista Factum, se trata de una compañía que estafó a los venezolanos con productos de mala calidad nutricional y con sobreprecios.

Recientemente, el Diario de Hoy, hizo pública una información sobre la compra de $9.2 millones en pastas a empresa brasileña M Dias Branco brasileña involucrada en sonado caso de corrupción.

A esta lista podrían sumarse más inversiones realizadas por esta cartera de Estado debido al manejo millonario de fondos y que se niega a trasparentar los gastos de la pandemia.

En un año, el controversial presidente salvadoreño es señalado de más de 20 casos de corrupción y donde la CICIES solo es espectadora.

Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Corrupción

EE.UU y Reino Unido inician sanciones a funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Ambas naciones están decididas a combatir los actos ilícitos y han iniciado con Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Las penalizaciones han comenzado penalizando a funcionarios vinculados con la corrupción en los países que son parte del Triángulo Norte.

En Guatemala, las sanciones son para un funcionario y un exfuncionario, se trata de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, sobre quien pesa serias acusaciones, entre ellas interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones.  

Según el Departamento de Estado, Alejos sirvió como secretario privado para la administración presidencial 2008-2012 de Álvaro Colom, y Felipe Alejos es un diputado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.  

De acuerdo al informe, ambos funcionarios facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.     

“Estas acciones de sanción se realizan en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción.  

Al coordinarnos con socios globales con ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluyendo la interrupción de acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes”, cita el comunicado de prensa del Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, se detalla que los funcionarios sancionados son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Tras el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunión de manera virtual con el presidente guatemalteco, para anunciar que aumentarán la ayuda en la región a fin de gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras buscan los medios para calmar la crisis migratoria en la frontera con México.

«Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa», manifestó Harris.

Es la segunda conversación que la funcionaria sostiene con el gobernante, Alejandro Giammattei. Se tiene previsto que Harris visite a esa nación en el mes de junio.

Mas sanciones a Centroamérica

El Gobierno británico quien también congeló activos y vetó la entrada a tres personas con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que son tres centroamericanos incluidos en una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso sanciones en el marco de un nuevo régimen contra la corrupción internacional.

Oscar Ramón Nájera, diputado hondureño, utilizó su cargo «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros».

Asimismo, se castigó al guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», siendo su segunda sanción.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida».

«Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indica el Gobierno británico, que le acusa de «privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».

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