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Corrupción

Juez ordena investigar a Ricardo Méndez-Ruiz por filtración de documento del caso de Alejandro Sinibalidi

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ordenó al Ministerio Público que inicie una investigación contra Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, luego que este divulgó en redes sociales un documento del Sistema Penitenciario con las visitas que recibió en la cárcel el exministro Alejandro Sinibaldi, procesado por el caso Cooptación del Estado, el cual está en reserva.

Según el juez Miguel Ángel Gálvez, Méndez-Ruiz habría violentado la reserva del caso al divulgar en redes sociales un registro de las visitas de Alejandro Sinibaldi en la cárcel.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ordenó al Ministerio Público que inicie una investigación contra Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, luego que este divulgó en redes sociales un documento del Sistema Penitenciario con las visitas que recibió en la cárcel el exministro Alejandro Sinibaldi, procesado por el caso Cooptación del Estado, el cual está en reserva.

El 24 de agosto pasado el Ministerio Público pidió la reserva parcial del caso, esa protección fue respaldada por la defensa de Sinibaldi y avalada por el juez Miguel Ángel Gálvez.

La reserva se dispuso debido a que la publicación de alguna información podría vulnerar el proceso.

El 4 de septiembre pasado, Méndez-Ruiz publicó un tuit en cual contenía una imagen del oficio  No. 432-2020 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Delitos Menores y Faltas,  Anexo B de la zona 18 de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El oficio, del 2 de septiembre del 2020, está dirigido a Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, y le informan que en respuesta a su solicitud le envían el reporte diario de visitas al privado de libertad Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.

En la imagen se observa que el 1 de septiembre Sinibaldi fue visitado por el juez Miguel Ángel Gálvez y por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Según Méndez-Ruiz, ese informe demuestra que el juez y fiscal “violaron el principio de inmediación procesal, el cual obliga a las partes a reunirse solamente en un juzgado”.

El 5 de septiembre, a través de Twitter, Méndez Ruiz también publicó que presentaría una denuncia contra Sandoval y el juez Gálvez, por haberse reunido ilegalmente con Sinibaldi.

“No estoy obligado a guardar secreto”

Este 8 de septiembre, Méndez-Ruiz respondió a la acción del juez Gálvez de ordenar que se le investigue y publicó en Twitter el siguiente mensaje:

“Bienvenida la denuncia de Miguel Ángel Gálvez, que es una respuesta a la denuncia que presenté ayer en su contra, por reunirse en secreto con Sinibaldi en la cárcel. No soy parte del proceso. No estoy obligado a guardar secreto por los abusos del juez y de Juan Francisco Sandoval”.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Alejandro Sinibaldi está señalado en cinco procesos

  1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
  2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
  3. Odebrecht
  4. Transurbano
  5. Caso Arca

Nota tomada de prensalibre.com

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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