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Corrupción

Juez ordena investigar a Ricardo Méndez-Ruiz por filtración de documento del caso de Alejandro Sinibalidi

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ordenó al Ministerio Público que inicie una investigación contra Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, luego que este divulgó en redes sociales un documento del Sistema Penitenciario con las visitas que recibió en la cárcel el exministro Alejandro Sinibaldi, procesado por el caso Cooptación del Estado, el cual está en reserva.

Según el juez Miguel Ángel Gálvez, Méndez-Ruiz habría violentado la reserva del caso al divulgar en redes sociales un registro de las visitas de Alejandro Sinibaldi en la cárcel.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ordenó al Ministerio Público que inicie una investigación contra Ricardo Méndez-Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, luego que este divulgó en redes sociales un documento del Sistema Penitenciario con las visitas que recibió en la cárcel el exministro Alejandro Sinibaldi, procesado por el caso Cooptación del Estado, el cual está en reserva.

El 24 de agosto pasado el Ministerio Público pidió la reserva parcial del caso, esa protección fue respaldada por la defensa de Sinibaldi y avalada por el juez Miguel Ángel Gálvez.

La reserva se dispuso debido a que la publicación de alguna información podría vulnerar el proceso.

El 4 de septiembre pasado, Méndez-Ruiz publicó un tuit en cual contenía una imagen del oficio  No. 432-2020 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Delitos Menores y Faltas,  Anexo B de la zona 18 de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El oficio, del 2 de septiembre del 2020, está dirigido a Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, y le informan que en respuesta a su solicitud le envían el reporte diario de visitas al privado de libertad Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.

En la imagen se observa que el 1 de septiembre Sinibaldi fue visitado por el juez Miguel Ángel Gálvez y por el fiscal Juan Francisco Sandoval.

Según Méndez-Ruiz, ese informe demuestra que el juez y fiscal “violaron el principio de inmediación procesal, el cual obliga a las partes a reunirse solamente en un juzgado”.

El 5 de septiembre, a través de Twitter, Méndez Ruiz también publicó que presentaría una denuncia contra Sandoval y el juez Gálvez, por haberse reunido ilegalmente con Sinibaldi.

“No estoy obligado a guardar secreto”

Este 8 de septiembre, Méndez-Ruiz respondió a la acción del juez Gálvez de ordenar que se le investigue y publicó en Twitter el siguiente mensaje:

“Bienvenida la denuncia de Miguel Ángel Gálvez, que es una respuesta a la denuncia que presenté ayer en su contra, por reunirse en secreto con Sinibaldi en la cárcel. No soy parte del proceso. No estoy obligado a guardar secreto por los abusos del juez y de Juan Francisco Sandoval”.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Alejandro Sinibaldi está señalado en cinco procesos

  1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
  2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
  3. Odebrecht
  4. Transurbano
  5. Caso Arca

Nota tomada de prensalibre.com

Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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