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Blindaje de Mauricio Arriaza Chicas en la cuerda floja

Por “incumplir deberes que ordena la Ley, fiscales de la Unidad de Intereses de la Sociedad asignados al caso presentaron una solicitud de antejuicio para quitarle el fuero al funcionario.

La lealtad del director de la Policía Nacional Civil y Viceministro de Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas hacia el presidente de la República puede pasarle factura al anteponer los principios que rigen a la corporación policial, fruto de los Acuerdos de Paz.

Hasta el día de hoy, el director de este cuerpo de seguridad se ha negado a dar cumplimiento a las leyes de la República y solo se limita a obedecer, al pie de la letra, las instrucciones dictadas por el presidente de la República.

De acuerdo a uno de los fiscales, Arriaza Chicas ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un Órgano de Estado, por lo consiguiente “hay quebrantamiento al Estado de Derecho y a la democracia de nuestro país”.

Con esta demanda, la Fiscalía busca procesar al funcionario policial debido a que se resistió a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigar el uso de los fondos durante la pandemia.

A sus actos de desobediencia se suman la orden emitida por la Fiscalía para desalojar a sindicalistas de ASTRAM, sindicato afin al gobierno, quienes bloquearon el relleno sanitario de Nejapa, sumergiendo a San Salvador en una crisis de insalubridad.

En el requerimiento de la FGR, se señala que el comisionado Arriaza realizó valoraciones personales y contraargumentó la solicitud, cuando su única función era darle cumplimiento a la orden.

Para Raúl Melara, la PNC es una institución no deliberante y debe cumplir la Constitución, así como cumplir lo que las leyes ordenan, sin embargo, no se apegó a ello.

Asimismo, manifestó que la única obligación legal era dar cumplimiento a la orden, conforme al artículo 165 del Código Procesal Penal, pero el director de la Policía fue más allá de sus atribuciones.

Melara fue tajante en afirmar que como fiscal no puede permitir que » la Policía desobedezca las órdenes de quién sea y debe acatarlas siempre y cuando estas sean legales y “en este caso era una orden legal”.

Por estas faltas, las cuales ya habían sido advertidas por el fiscal, hoy es acusado del presunto delito de incumplimiento de deberes, estipulado en el artículo 321 del Código Penal y es sancionado con cuatro a seis años de cárcel e inhabilitado del cargo por el mismo período.

En el pasado, el director de la PNC y ahora Viceministro de Seguridad Pública,ya había sido inhabilitado de sus funciones por diversos señalamiento de actos ilegales.

En los años 1995, 96 y 97 fue acusado por supuestamente intervenir y manipular investigaciones de crímenes. En algunos de esos casos fue absuelto, pero en el 2000 fue despedido de la PNC.

Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) puso en duda la idoneidad de Arriaza al ser nombrado, ya que fue inerte ante el caso de Carla Ayala.

De igual manera, Arriaza Chicas es acusado de nepotismo dentro de la corporación policial y también por estar vinculado con el partido GANA, que es el que llevó a Nayib Bukele a la presidencia, por lo tanto, su nombramiento fue calificado por diferentes organismos como «una cuota política» y por ello le jura lealtad al mandatario a pesar de las críticas dentro de la corporación policial que descalifican su proceder.