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Blindaje al nepotismo en la Asamblea Legislativa

La Corte Suprema de Justicia declaró reserva sobre la información que revela los vínculos familiares de diputados que contienen las declaraciones de Probidad.

Once Magistrados Corte Suprema de Justicia (CSJ) blindaron la información sobre el parentesco de los diputados que contienen las declaraciones de Probidad solicitado por el Tribunal de Ética, solicitada el 20 de enero pasado.

Con esta reserva, ésta institución queda imposibilitado para  continuar las investigaciones sobre  la contratación de familiares en el congreso y  los casos de nepotismo.

Para TEG, la contratación de familiares en la Asamblea Legislativa por parte de los parlamentarios es una acción contraria a la Ley de Ética Gubernamental.

La normativa “prohíbe  nombrar, contratar , promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio”

El TEG inicio la investigación luego de conocer Guillermo Gallegos expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, reconociera  públicamente que en el parlamento laboraban varios familiares.

Según el Tribunal, esta investigación contemplaba a los 84 diputados, entre los que figuran  Cristina López, exdiputada del PCN, quien recibe un salario sin asistir a trabajar y una más contra  Osiris Luna, director de Centros Penales, por no dar a conocer la información de sus viajes.

La imposición de la reserva, según los Magistrados es porque se viola el artículo 240 de la Constitución de la República que impone la reserva a las declaraciones de bienes.

Por lo tanto, no se  podrán conocer las identidades de parejas, hijos y otros familiares de los parlamentarios.

Los firmantes de este dictamen son los magistrados Marina de Jesús Marenco de Torrento, Óscar Armado Pineda Navas, Carlos Sánchez Escobar, Ovidio Bonilla Flores, Sandra Luz Chicas Bautista, Dafne Yanira Sánchez, Carlos Sergio Avilés, Doris Luz Rivas Galindo, Roberto Argueta Manzano, Elsy Dueñas Lovos y Roberto Carlos Calderón.

 De acuerdo al magistrado Sánchez Escobar, la petición del TEG no procedía porque se trataba de una «actividad administrativa sancionadora»; recomendado al resto de magistrados reservar la información patrimonial, donde consta quienes son sus familiares, que los diputados entregaron a la Sección de Probidad.