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Aviación, ¿a terapia intensiva?

Han sido seis semanas de infructuosas gestiones. La primera misiva que los representantes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, su acrónimo en inglés) a las autoridades mexicanas fue remitida el lunes 2 de marzo. A la Seneam, para mayor precisión, para proponer un ajuste en los costos de los slots.

A partir de entonces, media docena de misivas a distintas instancias de la SCT que incluyen una comunicación conjunta con la Cámara Nacional del Aerotransporte y otra carta, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas, en el mismo sentido: sin medidas de alivio inmediatas, las aerolíneas que operan actualmente en México no estarán en condiciones de continuar en los niveles anteriores a la crisis sanitaria generada por el Covid-19 o, en el peor caso, podrían dejar de existir por completo.

Pero sus llamados para implementar medidas de mitigación, en el corto plazo, y salvar la integridad de las líneas aéreas no han encontrado respuesta, hasta ahora. “Esperaremos todo el tiempo que sea necesario”, comentaba ayer Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de IATA, en una rueda de prensa virtual convocada para hacer una evaluación del impacto económico del covid-19 en la industria aérea, al nivel global y local.

El diálogo con el gobierno mexicano inevitablemente pasaría por resolver el arranque del aeropuerto internacional de Santa Lucía que, de acuerdo con el vocero de IATA, debería ser reevaluado.

La industria aeronáutica aporta 37,000 millones de dólares al PIB del país y genera alrededor de 1.4 millones de empleos directos e indirectos. Hace 10 días, la Canaero advertía de la debilidad del gremio. “Tenemos que cuidar el flujo de caja de las aerolíneas porque se está acabando”, alertó el director general de ese organismo, Luis Osorio, “y sin ello, no habrá operaciones, aeropuertos ni cadenas de suministro aéreas”. Ayer, la IATA presentó una estimación sobre el impacto del Covid-19 en el aérea en México, que podría superar los 5,300 millones de dólares al cierre del 2020.

El Covid-19 logró que la aviación mundial redujera su actividad al mínimo. A nivel global, IATA estima una pérdida de ingresos de 250,000 millones de dólares. Sus directivos hablan con conocimiento de causa. La declaratoria oficial de la pandemia obligó al cierre de fronteras y, consecuentemente, a la disminución del tráfico aéreo. Europa redujo 46% sus vuelos, por 41% de América Latina; 37% de la región Asia-pacífico, 36% en Medio Oriente y 27% en Norteamérica.

Hace cuatro semanas, cuando comenzaban las restricciones, Delta tuvo que dejar en tierra más de 300 de sus aviones y, desde entonces, la conectividad de México con Estados Unidos y Canadá quedó reducida al mínimo. Para entonces, Emirates ya había suspendido 38 de sus rutas, incluido el vuelo Dubai-Barcelona-Ciudad de México.

A finales de marzo, Interjet suspendió indefinidamente sus destinos internacionales forzada por la pandemia y, también, por los arrendadores. La compañía de Miguel Alemán Magnani perdió la mayor parte de su flota, aunque justo una semana antes, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia permitió el uso de aparatos Sukhoi Superjet-100 en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Los SSJ-100 forman parte de la flota de Interjet, pero están en los hangares sin funcionar.

En las últimas dos semanas, tanto Interjet como Aeroméxico han participado en el puente aéreo organizado por la cancillería mexicana para regresar a ciudadanos de otros países del hemisferio a sus lugares de origen y repatriar a los mexicanos inmovilizados por el cierre de fronteras. Pero Aeroméxico Connect, Interjet, Volaris y Viva Aerobus han reducido sus operaciones al mínimo.

Ayer, la IATA confirmó que 85% de las operaciones aéreas en México están suspendidas. Y no descartan que la afectación fuera mayor en las próximas semanas.

El alto total en el tránsito aéreo implicaría bajar del aire 310 aeronaves de las principales aerolíneas, de las cuales, Grupo Aeroméxico tiene 125, Volaris 79, Interjet 69, Viva Aerobus 37.

¿Algunas aerolíneas terminarán en bancarrota? Tampoco es descartable.

Cuanto más tiempo progrese la crisis, cuanto más tiempo haya más gobierno sin ayudar al sector, más riesgo hay de que cierren las compañías aéreas.

Por ahora, Aeroméxico y Volaris han completado itinerarios dentro y fuera del país con carga. El problema, de acuerdo con los voceros de IATA, es que hay mucha carga para transportar, pero poca capacidad en las aeronaves que se han quedado en tierra.

Efectos secundarios

SIN FRENO. La contingencia sanitaria no detuvo la asignación del contrato para el arrendamiento de vehículos en Caminos y Puentes Federales, unidades por 36 meses y hasta un monto máximo de 578 millones de pesos. Un error de cálculo —literalmente— contenido en la propuesta presentada por Jet Van Car Rental trajo sospechas sobre el licitación LA-009JOU001-E30-2020, pues no obstante las dudas de los participantes y las rectificaciones de la firma de Teresa López y Cuauhtémoc Velázquez, recibieron tres de las cuatro partidas y la restante para Arrendomóvil. ¿Acaso alguien en Capufe recordará los incumplimientos y señalamientos de Jet Van en el IMSS, INE o ASF?

Este artículo fue publicado en eleconomista.com.mx

Alberto Aguirre

Alberto Aguirre
Periodista Signos vitales

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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