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Así afectará el Covid-19 al sistema de pensiones

El Fondo de Reservas se verá muy mermado y la caída de ingresos debería compensarse con impuestos o colocación de deuda, según Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones

La caída de ingresos, el parón de la actividad económica o los numerosos despidos, ya sean temporales o no, derivados de la necesidad de contener la propagación del Covid-19, ponen aún más en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones español, que no pasa por uno de sus mejores momentos desde la crisis económica de 2008.

Los Gobiernos están viendo cómo el confinamiento de los ciudadanos -con el parón de la economía que ello supone- es la medida más eficaz para contener el virus. Sin embargo, esta situación, necesaria para proteger a los ciudadanos, pone en jaque el Estado de bienestar y, en particular, uno de sus elementos fundamentales, las pensiones.

Los Fondos de Reserva de la Seguridad Social se verán impactados a corto, medio y largo plazo por la situación actual, afirman en un informe el Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Los recortes en las aportaciones realizadas y en las cotizaciones, el elevado desempleo y la disminución del empleo, la menor actividad económica, el aumento de la jubilación anticipada o una mayor incidencia de la jubilación por incapacidad permanente -que, explican, suele ser un recurso en estas crisis- incidirán gravemente en estos fondos que, no obstante, ya han probado no ser suficientes para situaciones de extrema gravedad o duraderas en el tiempo. Por ello, consideran que la falta de aportaciones a la hucha de las pensiones debería compensarse con ingresos derivados de impuestos generales o de otros implantados para tal fin, pagaderos sobre la marcha. Asimismo, también plantea como medida alternativa la colocación de deuda en los mercados y su devolución en el futuro, «poniendo entonces los impuestos que no se pusieran ahora».

Los expertos afirman que pueden ser «muy útiles» en los cambios de ciclo económico, al ayudar a superar restricciones de liquidez paliando las consecuencias hasta que la economía recupere su fase expansiva. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuál será el alcance del Covid-19, que «podría tener un duradero efecto fuertemente recesivo en el corto plazo o extenderse por un periodo más largo del previsto la duración de la crisis actual», evidencian sus limitaciones en este sentido. A ello hay que añadir la casuística española, donde la crisis de 2008-2013 acabó con las reservas de la hucha de las pensiones ya en 2019. No obstante, esta situación no solo sería un problema en España: «Muy pocos países en el mundo disponen de fondos de reserva de entidad suficiente», afirman.

Los expertos subrayan, no obstante, que se desconoce si la crisis actual tendrá el mismo impacto que la recesión de la década pasada y recuerdan la importancia de recurrir a los mecanismos de ajuste automáticos en situaciones como la actual. Estos, en cualquier caso, tampoco estarían preparados para garantizar el pago de las pensiones durante un periodo prolongado de tiempo y deberían «complementarse con elementos adicionales que mitiguen sus efectos aportando rentas vitalicias de jubilación complementarias».

Un reto mayor para los trabajadores activos

No obstante, el estudio señala que el impacto de la actual crisis no lo sufrirán tanto los actuales pensionistas como los trabajadores activos en la actualidad de cara a los derechos a percibir una pensión en un futuro. De hecho, sus responsables consideran que la posibilidad de una renta básica que ayude a aquellos ciudadanos en situación de pobreza no es necesaria para los pensionistas, cuya situación es mejor que la de otros muchos hogares.

En cualquier caso, creen que la propuesta de una renta básica, «ambigua y de la se habla sin compartir una definición común ni conocer bien las implicaciones», no es el «mejor instrumento» para apoyar a los asalariados o autónomos que han visto reducidos sus ingresos o incluso suprimidos. Los expertos optan por «racionalizar y enfocar mejor los numerosos programas de apoyo a las rentas que ya existen con soluciones transitorias» que ayuden a los afectados por esta crisis.

Asimismo, llaman a no recurrir a los planes de pensiones para garantizar unos ingresos, tal y como ha permitido el Gobierno realizar a quienes hayan perdido su empleo o sufrido el cese de actividad. Estos ahorros tienen el propósito de «mejorar las condiciones de vida durante los muchos años en los que, tras su jubilación, sus pensiones públicas o privadas serán la única fuente de ingresos», apuntan. Por tanto, aunque puede ser una alternativa en casos de necesidad, debe ser la última a considerar, apuntan.

Por otra parte, el informe destaca que la situación actual ha vuelto a sacar a la luz el auge del empleo precario tras la crisis económica. Falsos autónomos o trabajadores a tiempo parcial están viendo cómo carecen de una protección que les garantice unos ingresos ante el parón de su actividad. Por ello, el Instituto BBVA de Pensiones considera que deberían surgir «nuevas políticas públicas para abordar la cobertura de estos periodos de inactividad, evitando la pérdida de rentas presentes y de derechos a recibir rentas futuras de jubilación». Entre sus propuestas está la llamada mochila austriaca combinada con «una especie de cuenta individual en la que todo tipo de ahorros de ciclo vital del trabajador se combinasen con otros tipos de aportaciones a esquemas previsionales», explica.

Entre todas estas alertas, los expertos ven luz en una de las consecuencias que ha tenido este confinamiento: la adaptación acelerada al teletrabajo. Consideran que los esfuerzos realizados por las empresas para adaptar sus sistemas a este modelo podrán perdurar e «impulsar la productividad perdida» de muchas compañías y sectores. Asimismo, permitirán una mejor conciliación de la vida familiar y laboral así como una posible prolongación de la vida laboral que beneficiará al sistema de pensiones.

ste artículo fue publicado en cincodias.elpais

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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