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Asesor Venezolano de Bukele implicado en robo junto a Leopoldo López

La corrupción es el común denominador entre Lester Toledo, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela y ex diputado partido Voluntad Popular (VP) y el golpista Leopoldo López, quien guarda arresto domiciliar en la residencia del embajador español en Caracas.

El abogado opositor del régimen de Nicolás Maduro, Lester Toledo ha sido acusado de robar los fondos destinados para ayuda humanitaria  en complicidad con Leopoldo López.

La corrupción es el común denominador entre Lester Toledo, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela y ex diputado partido Voluntad Popular (VP) y el golpista Leopoldo López, quien guarda arresto domiciliar en la residencia del embajador español en Caracas.

Ambos políticos están ligados a la malversación de fondos gestionados por Lester y que serían destinados para asistir a los connacionales de ese país sudamericano.

Para este fin Toledo montó una serie de actividades en la ciudad de Miami, solicitando donaciones monetarias  así como la recolección de insumos para ser enviados a Venezuela.

Ese dinero, supuestamente sería enviado para atenuar la crisis inducida por el bloqueo económico que mantiene el gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, denunció en noviembre de 2019, la corrupción existente detrás de la supuesta ayuda humanitaria internacional enviada a Venezuela.

“Estados Unidos acaba de dar 90 millones de dólares para atenuar la crisis venezolana, con eso algo se hace, pero nuestros hospitales y los diversos servicios de atención y protección al ciudadano, ¿Cómo están? ¿A quién le llega ese dinero?”.

Tras esa reveladora declaración,  Lester Toledo, sumó otro escándalo por su cuestionable gestión de los recursos económicos vinculados con la ayuda humanitaria de la fundación de Guaidó.

En Junio de ese mismo año, el editor en jefe y columnista del PanAm Post, Orlando Avendaño, denunció en el artículo titulado “Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia” que los representantes del golpista venezolano en el país, bajo la responsabilidad de Toledo, se rodearon de lujos malversando los fondos a su disposición.

El alto nivel de vida del que disfruta Lester Toledo despierta curiosidad, pues, Darwin Chávez, director de Verdades y Rumores, asegura que no posee un trabajo conocido para justificar sus propiedades.

Fraude y engaño

Tanto Lester Toledo, Leopoldo López y Juan Guaido, son  acusados de estar “metidos en cosas muy oscuras” y son señalados de aprovecharse de la crisis y de las penurias de miles de venezolanos.

De los tres, Toledo es el que más ruido genera, quien es parte de ese entorno de Leopoldo López, que se mueve en un ambiente de fraudes y engaños.

Marvin Autry, un empresario tejano y además embajador para América Latina de la ONG “Project Cure” desde 2007, conoció a Lester Toledo en el 2019 en Miami y ofrece ayudar al equipo de la Coalición Ayuda y Libertad.

Toledo acepta el ofrecimiento, pero alega que carecen de la capacidad logística y el dinero para enviar ese cargamento a Venezuela. Inclusive Toledo y Autry conversan por videollamada con Leopoldo López, quien fue informado de la ayuda humanitaria disponible para Venezuela.

Una investigación del periodista, Juan Carlos Fernández de APUNTO, cita que el empresario norteamericano asumió los costos del  envío del primer contenedor valorado en US$500.000 en insumos y equipos médicos. Toledo le propone directamente una empresa que haría el traslado y por tanto debía recibir el pago de Marvin Autry.

El monto del cheque para el envío fue por $25,000 a  nombre de V and Sons Supply. Como respuesta recibe de V and Sons Supply el invoice (factura) #E201420026, Customer ID USPIPE, con fecha 18/02/2019, con el concepto de: “Asesoría, logística y envío de equipos médicos e insumos para Venezuela”.

De acuerdo a esta investigación, Autry pagó de su bolsillo US$45 mil por ese primer envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Todo eso ocurrió en febrero de 2019 y Toledo nunca retiró el contenedor y los insumos y equipos médicos siguen en Houston un año y cuatro meses después. 

Los fraudes del equipo de Leopoldo López y la denuncia contra Lester Toledo coincidieron con el escándalo que estalló en El Salvador, sobre venezolanos que trabajan para el gobierno de Nayib Bukele.

Sara Hanna y Miguel Arvelo son personas muy cercanas a López y han sido señalados de manipular los resultados de los exámenes para detectar casos de Covid-19 .Toledo y Sara Hanna, son parte de la empresa Salto Angel Political Consulting y  tiene contratos de supuesta asesoría con el gobierno de Bukele.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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