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Alianza oficialista busca 107 votos para desaforar a los magistrados de la CC

Los diputados de esta alianza buscan llegar a los 107 votos con los bloques Vamos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana (PC), Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN) -1 diputado- Bienestar Nacional (Bien), -5 diputado-, 20 diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), independientes -2 diputados-, Victoria y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

La alianza oficialista salió en busca de los 107 votos para retirarles la inmunidad a cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Comisión Pesquisidora continúa trabajando y hace caso omiso a la resolución emitida por la misma CC que deja sin efecto el trámite del antejuicio en contra de los togados.

Los diputados de esta alianza buscan llegar a los 107 votos con los bloques Vamos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana (PC), Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN) -1 diputado- Bienestar Nacional (Bien), -5 diputado-, 20 diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), independientes -2 diputados-, Victoria y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Algunos diputados, señalan que incluso cuentan con el voto del diputado Armando Melgar Padilla y que lo llevarían en silla de ruedas.

El tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la Comisión Permanente, Armando Catillo indicó que ellos lo que han hecho hasta este día es cumplir con lo que la ley manda, que es elegir una comisión pesquisidora.

“Nosotros creemos que estamos cumpliendo con la ley, no podemos cometer actos ilegales, si alguna Corte los está cometiendo es asunto de ellos, nosotros como comisión permanente no podemos cometer actos ilegales, nosotros esperamos que esto tenga un desenlace favorable”, dijo Castillo.

El parlamentario manifestó que esto sucede en el momento en el que los guatemaltecos están preocupados por los colapsos en los hospitales, y preocupados por la pandemia, y todos deberíamos de trabajar unidos para sacar adelante, esperamos que los magistrados recapaciten y que entiendan no pueden autoampararse y que esto se resuelva de la mejor manera posible.

Castillo añadió que a los magistrados no se les está condenando, y que el pleno solo debe determinar si hay un hecho ilícito. Considero que ellos debieron haberse inhibido de conocer un asunto que les afectaba a ellos, no puede alguien ser juez y parte, también del lado de la CSJ también debieron haberse inhibido algunos magistrados porque tenía interese en el asunto, todos debemos de recuperar la confianza al sistema de justicia.

“El expediente original lo tiene la Comisión Pesquisidora, eso se hizo en el trámite legal lo que la ley nos indica a nosotros. Hay un momento en la vida en el que los guatemaltecos lo debemos afrontar con valentía y creo que este es uno de estos momentos, de parte de mi representación de Viva en la Comisión Permanente no es venganza, sino que es en función en respeto al estado de Derecho si los impartidores de justicia pueden cometer algún ilícito y juzgarse ellos mismos creo que es un mal mensaje”, refirió.

Mientras que el diputado Luis Rosales del bloque Valor, integrante de la comisión permanente y de la Comisión Pesquisidora indicó que ellos van a continuar con la pesquisa en contra de los cuatro magistrados.

El presidente de la Comisión Pesquisidora, Luis Rosales explicó que continuarán con las pesquisas en contra de los magistrados de la CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Somos congruentes con la posición que hemos asumido los diputados que conformamos la comisión permanente, por supuesto que tenemos el expediente porque sobre el debemos de trabajar, la comisión pesquisidora se mantiene en firme, está trabajando y vamos a hacer lo que dice la Ley en Materia de Antejuicio, vamos a velar por el debido proceso, derecho de defensa, vamos a velar por las garantías que otras cortes no lo han hecho”, dijo el diputado.

Rosales dijo que por el momento no han recibido otra notificación, sabemos que la Corte remitió lo conducente, entiendo que ese es el procedimiento.

La denuncia que presentaron los magistrados de la CC, la conocerá la fiscalía de Delitos Administrativos.

Con la frase de Marco Tulio Cicerón: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”, explicó su postura el jefe de bancada del partido Humanista, Rudio Lecsan Mérida.

Mérida manifestó que ellos están del lado de la Constitución y del estado de Derecho, y lo que está sucediendo es que se estableció un poder más allá de la Constitución y la Ley que creen que pueden atentar contra la propia constitución.

“El autoamparo es un delito que se llama prevaricato, nadie puede ser juez y parte porque todos pueden ser sometidos al imperio de la ley. Cunado un juez o un magistrado utiliza el cargo para protegerse así mismo es un delito. Aunque la CC haya resuelto en otro tiempo lo mismo, el error no es fuente de derecho y mi posición es defender la Constitución, yo juré defenderla”, dijo Mérida.

Añadió: “Estoy dispuesto a votar para retirarles la inmunidad. Lo que quiero aclarar es que no estamos en una crisis constitucional. Los magistrados actuaron a título personal utilizando el cargo”.

Mientras que el jefe de bancada de Creo, no quiso referirse si van o no apoyar en retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC y que su mayor preocupación es la reactivación económica.

“Vemos con mucha preocupación este pleito entre abogados que representan el Poder Judicial, que nos va afectar a todos los guatemaltecos quienes queremos una justicia objetiva y clara, pero en este momento nuestra prioridad debe ser la reactivación económica. Según los análisis jurídicos que hemos visto, las decisiones de la CC pueden ser legales, no necesariamente son éticas por haberse autoamparado”, indicó Neutze.

Sin embargo, diputados de la bancada Creo podrían votar a favor de retirarles la inmunidad a los magistrados de la CC.

Guardan distancia

Por aparte, los bloques legislativos Bien -tres diputados- Winaq, Semilla, PAN -1 diputado- UNE -31 diputados-, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urgn) rechazaron las actuaciones de la Comisión Permanente y piden a la Organización de Estado Americanos que acompañe la crisis política para hacer vales la carta democrática ante las amenazas de rompimiento del orden constitucional.

Sin embargo, los 50 diputados que firmaron la carta no son suficientes para frenar lo que intentan hacer los parlamentarios aliados al bloque oficialista, ya que contarían con 110 votos para retirarles la inmunidad a los magistrados, lo mínimo que necesitaban con 107 votos.

En la carta que le enviaron a Almagro los diputados, le exponen que en el marco del esfuerzo por contrarrestar la cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción, se ha desarrollado un conflicto entre poderes del Estado en el que se está atentando contra la independencia judicial y se recurre a la persecución política de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

“Esta persecución amenaza el orden constitucional, la vigencia del estado de Derecho y la naturaleza democrática de nuestras instituciones”, exponen en la carta.

También que lo hacen en ejercicio de la responsabilidad que tiene como representantes políticos de la ciudadanía por lo que le solicitan iniciar gestiones para que de manera más urgente y en el marco de lo establecido en la Carta Democrática Interamericana proceda a hacer un análisis de la situación que atraviesa Guatemala en estos momentos.

El politólogo Jahir Dabroy indicó que acá hay una disputa de relación de poderes, cuando hay una interpretación constitucional de este tipo, lo que está detrás más allá del debate jurídico está el debate político.

“Los actores que están tratando de activar la Comisión Pesquisidora en contra de los magistrados, en buena medida lo que están buscando es aprovechar la coyuntura -pandemia- y la poca fiscalización a los diputados para tratar tener una readecuación en el tema de corte, para ellos es el momento perfecto para realizarla” refirió el politólogo.

Dabroy añadió que la poca institucionalidad que hay en el país está a punto de derrumbarse. Es importante que el presidente Alejandro Giammattei se pronuncie como líder de la unidad nacional, esto más allá de un debate jurídico es un debate de relaciones de poder.

Nota tomada de prensalibre.com

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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