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Corrupción

Alac-Funde: Nombramiento de Pablo Anliker es ilegal

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción interpuso una demanda ante la Sala de lo Constitucional y argumenta que el funcionario no reúne los requisitos para fungir como viceministro de Agricultura.
Según la organización, Pablo Anliker, carece de la moralidad notoria y, además, no cumplió con el finiquito de la Corte de Cuentas, requerimientos que contempla la Constitución.
Wilson Sandoval, coordinador de Alac- Funde, dijo que han presentado una demanda de inconstitucionalidad, la argumenta por esos dos aspectos, lo cual puede ser probado públicamente.

Asimismo, Sandoval aclaró que el funcionario dejó su antiguo cargo dejando pendiente la auditoria de la Corte de Cuentas, para explicar el por qué transfirió fondos sin autorización de la Asamblea Legislativa, solicitud que ha venido prorrogando.

El ahora viceministro Anlicker, ha venido postergando las auditorias sobre los paquetes alimenticios, y a la fecha, no ha entregado información sobre paquetes agrícolas, entre otros.

 “El funcionario no ha recibido finiquito de la CCR sobre sus actuaciones en el MAG como ministro, y eso según la Constitución no procede, tiene que tener ese finiquito para poder pasar a formar parte como viceministro”, explicó Sandoval.

El De acuerdo al artículo 160 de la Constitución, para ser ministro o viceministro de Estado se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de veinticinco años, del estado seglar y “de moralidad e instrucción notorias”.

Por otra parte, los artículos 161 y 127, establecen que no podrá ser ministro ni viceministro “los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos, mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas”.

Tras la renuncia como ministro de MAG, el pasado 7 de abril, Pablo Anliker fue nombrado como viceministro de Agricultura y Ganadería, según consta en el Tomo 431 del Diario Oficial.

El documento muestra el acuerdo 105 en el que el presidente de la República, Nayib Bukele, acepta la renuncia de Anliker y posteriormente, en el acuerdo 110, lo nombra como viceministro de esa cartera de Estado, lo cual lo hace mantener el fuero.

Para Sandoval, “detrás de todo esto lo que hay es un tema de impunidad, de tratar de proteger al viceministro por los posibles actos de corrupción que ha cometido al frente del MAG”, citó.

Cabe señalar que, la responsabilidad de Pablo Anliker, el MAG es investigada por la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas ya que se detectaron irregularidades en el proceso de compras realizadas para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para la entrega de paquetes alimenticios a la población en el marco de la pandemia por Covid-19.

En la auditoría de la Corte de Cuentas apunta la compra de harina de maíz con sobreprecio, compra de productos alimenticios sin registros sanitarios y nulos registros de consumo de las empresas extranjeras proveedoras.

Por lo tanto, Alac-Funde asegura que tras el nuevo nombramiento se evidencia un “fraude de ley” y por ello han presentado la demanda ante el máximo tribunal del país.

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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