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Agenda de Ricardo Zúniga incluye a la CICIES y organizaciones de la sociedad civil

Acompañado de Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte busca verificar el cumplimiento de los compromisos en temas de corrupción y migración irregular, entre otros.

La llegada de Zúniga se da a pocos días del enfrentamiento entre el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele con la congresista Norma Torres, quien también dará a conocer esta semana la nueva lista de funcionarios señalados de corrupción en el Triángulo Norte.

Tras su llegada este día y su corta estadía, el diplomático estadounidense abordará temas sensibles como lo son, entre otros, las causas que llevan a la población a migrar de manera irregular y los esfuerzos que se hacen para ampliar la protección de sus ciudadanos.

Según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, la agenda contempla una reunión privada con el representante de la CICIES, Ronalth Ochaeta, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, y el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Brendan O´Brien.

Asimismo, el emisario de presidente Joe Biden, también se reunirá con representantes de organizaciones de la sociedad civil como FUSADES, FUNDACION DTJ, Acción Ciudadana, entre otros.

Por su parte, Brendan O´Brien escribió en su cuenta de Twitter que” el Enviado Especial Zúniga trabajará de cerca con nuestros socios salvadoreños para abordar los retos de la región, incluyendo la migración irregular, corrupción e impunidad, así como temas prioritarios de gobernanza, respeto a derechos humanos, oportunidad economía y seguridad”.

“Zúniga continuó con un tema prioritario para la Administración Biden en un encuentro con miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción de El Salvador (GTIAC). Esas instituciones son claves para combatir el flagelo de la corrupción”, citó en su red social.

Sobre este tema, Ricardo Zúñiga, dijo ante los medios que “es importante hablar de la cooperación que (EE.UU) tiene con la Cicíes” al tiempo que resaltó que la ausencia de fondos públicos es un desafío importante a enfrentar en los esfuerzos anticorrupción que EE.UU. busca impulsar en El Salvador.

Sin embargo, CICIES que en un momento fue una promesa de campaña de Bukele para frenar la corrupción, hoy es bloqueada por el mismo gobernante, quien rechazó este día la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil, que busca garantizar la independencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES) respecto al Ejecutivo, y habilitarla como querellante para llevar los casos de corrupción ante los tribunales.

En cuanto al problema de migración irregular, el delegado del gobierno de Biden,destacó que uno de los retos en materia de migración es generar “condiciones habilitantes para que los centroamericanos puedan hacer su futuro en Centroamérica y no tengan la necesidad de migrar de forma irregular. Tenemos un gran interés nacional en que aparte de asegurar que la migración se haga sea por vías legales por el bienestar de Centroamérica”, precisó.

Contrario a esto, Nayib Bukele vetó la ley que había sido aprobada el pasado 26 de marzo y que fue celebrada por Estados Unidos porque, según su Embajada en El Salvador, protege a quienes son «vulnerables al tráfico ilegal de personas y castiga duramente a los traficantes».

El argumento del presidente Bukele fue que se está «criminaliza a todos sin distinción». “Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya. Pero no podemos seguir criminalizando la migración (…) alguien que secuestra y trafica a su víctima es MUY DIFERENTE de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera», expresó Bukele y apuntó: «Esta ley será VETADA».

Hasta el momento, ni el presidente Bukele y ni el Enviado de Estados Unidos para el Triángulo Norte han confirmado si habrá cruce de palabras, como lo hiciera con el presidente Alejandro Giammattei.

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Internacionales

Comunidad internacional llama al gobierno restablecer el “orden constitucional» tras la destitución de cinco magistrados de CSJ y el Fiscal General.

La vicepresidenta, Kamala Harris, el Relator Especial de la ONU, Congresistas de Estados Unidos, la OEA y HRW, condenaron la decisión del órgano legislativo, la cual fue avalada por el presidente Nayib Bukele.

En su primer día y tras ocupar los curules del palacio Legislativo, la empoderada bancada de Nuevas Ideas, apartó del camino a cinco Magistrado de la Sala de lo Constitucional por considerar que cometieron «fraude a la constitución» y violar la separación de poderes.

Además, de los Magistrados de la CSJ, los diputados oficialistas también destituyeron, horas más tardes, al Fiscal General de la República, Raúl Melara.

Según el mismo Bukele, “la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, citó en su cuenta oficial de twitter.

Para la comunidad internacional, la iniciativa, tildada por la oposición salvadoreña como la “orden presidencial”, fue calificada como un “Golpe de Estado al poder judicial” y “asalto a la democracia”.

La noticia provocó un tsunami reacciones por parte del gobierno norteamericano, entre ellos el de la Vicepresidenta de Estados Unidos Kamara Harris y miembros del Senado norteamericano, quienes expresaron su preocupación de la situación política que viven en El Salvador e hicieron el llamado a restablecer el orden constitucional.

En su cuenta oficial, Harris escribió: “Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del tribunal constitucional”. “Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”.

Asimismo, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también externo y aclaró que «una relación sólida» entre ambos países dependerá de que el gobierno respete y defienda la separación de poderes y las normas democráticas. 

Por su parte, Jim McGovern, miembro de la Cámara de los Representantes, dijo sentirse preocupado y “enojado por la nueva votación mayoritaria de la Asamblea Nacional del presidente Bukele para destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional».

El mismo sentir expresó el relator especial de la ONU, Diego García- Sayán, quien tampoco vaciló en condenar «los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional».

Otro que se refirió a la destitución de los Magistrados salvadoreños fue el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco y declaró que harían todos los esfuerzos posibles para afectar la relación de El Salvador y Estados Unidos, lo cual provocó otro enfrentamiento con el mandatario.

“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE.UU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de Derecho es una condición necesaria”, reitero Vivanco.

Con la avalancha de críticas de la comunidad internacional, Bukele se respondió con otro tuit en el cual aseguraba que estaba limpiando la casa y “eso no es de su incumbencia”.

Al respecto, la exdiplomática estadounidense Maricarme Aponte , afirmó en una entrevista a la Voz Pública, que la decisión de “destituir a magistrados y al fiscal está fuera de los márgenes de la Constitución. creo que hay órdenes y procesos que todos los países del mundo observan y son sus reglas. Aquí hubo una violación de las reglas y creo que incumbe”.

Finalmente, se conoció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken dijo que habló hoy con el presidente Bukele para expresarle sus serias preocupaciones sobre la decisión de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general de la República.

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Nacionales

Organizaciones y sindicatos listos para conmemorar el 1 de mayo

Trabajadores del sector público y privado afirman que se volcarán a las calles para defender los derechos laborales, la libertad sindical y la democracia ante los atropellos del gobierno de Bukele.

Las organizaciones sindicales, incluyendo los veteranos de guerra de La Fuerza Armada y del FMLN anunciaron diferentes actividades que realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Representantes de los sectores públicos y privados a nivel nacional instaron a las bases a apoyar la manifestación en las principales calles del país este primero de mayo y defender los derechos laborales que están en riesgos de ser arrebatados.

Asimismo, expresaron que el objetivo de la marcha es “exigir y reclamar” los temas pendientes, entre ellos, las pensiones, ley del agua y su descontento con las últimas acciones que ha hecho el Gobierno central; por ejemplo, la situación en el Centro Nacional de Artes, donde los maestros viven una gran incertidumbre.

“Representamos el esfuerzo, independiente clasista y autónomo de la clase trabajadora”, detalló uno de los líderes sindicales, durante la conferencia de prensa.

Los representantes afirmaron estar claros que es una “lucha acérrima”, fuerte, ya que el sistema los ve como enemigos, pero en estos tiempos modernos, se cuenta con la oportunidad de expresar mensajes de realidad al pueblo salvadoreño.

Aseguran que buscan la unidad total, porque día a día se van construyendo los derechos laborales, y cada elemento que se ha obtenido, hasta el momento, se tiene que garantizar.

La marcha iniciará en la 29 calle Poniente y finalizará en la Plaza Morazán. ellos buscan una unidad total, porque los sectores que representan son pilares de la sociedad.

Policías se suman a las marchas

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía(MTP),también suman a las marchas conmemorativas del día del trabajador, por cuarto año consecutivo.

La corporación policial, asegura que son parte de la clase trabajadora y como tales tienen derechos, junto a diferentes sindicatos, organizaciones y colectivos de trabajadores.

Asimismo, expresaron en sus redes sociales que:” Policía que defiende sus derechos, puede defender a su pueblo”, aún cuando hay intimidación por parte de los altos mandos.

Recordaron que, gracias a ellas, los miembros de la corporación ahora reciben bonos trimestrales, y que, pese a la persecución de sus líderes, éstos fueron aprobados por el gobierno del FMLN y que hasta la fecha se mantienen.

Sería su cuarto año consecutivo, desde su fundación, que participan en la conmemoran el día internacional del trabajador y reivindicar los derechos de los miembros de esta institución policial.

Por otra parte, denunciaron que en los municipios de San Salvador y Santa Tecla, las autoridades han suspendido las licencias para garantizar, según ellos, la seguridad en la toma de posesión de la Asamblea y concejos municipales.

Los uniformados, aseguran que es anormal el dispositivo especial, “algo que nunca se había hecho, ya que es un acto político y la PNC había brindado seguridad únicamente con un equipo de la UMO por cualquier eventualidad», indicó.

El pasado 28 de abril el Movimiento de los Trabajadores de la Policía cumplieron seis años en su lucha por defender los derechos laborales de todos los elementos que la conforman.

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