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Abuso de poder: Bukele en tiempos de dictadura salvadoreña

13 febrero, 2020

La Sala de lo Constitucional admitió la demanda y le ordena al Presidente que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos

Decenas de soldados del Ejercito tomaron las instalaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador este domingo, para cumplir órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, quien solicitó la militarización de ese órgano del Estado para presionar a los diputados en la discusión y aprobación de un crédito de 109 millones de dólares.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al parecer, la arbitrariedad del Jefe de Estado sobrepasó sus límites constitucionales e, incluso, se prendieron las alarmas de organismos que hasta la fecha le daban espaldarazos a Bukele y lo mostraban como un joven demócrata.

Pero en términos reales, la intransigencia de Bukele -al mejor estilo Donald Trump- tiene su prontuario y antecedentes; los cuales sirvieron para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo expulsara de sus filas, tras mostrar conductas antidemocráticas, misógenas y supremacistas.

Tras la arremetida de Bukele contra el Parlamento y la presencia del Ejército -con armas de guerra- dentro del propio hemiciclo de sesiones, el grupo parlamentario del FMLN presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera fue contra Bukele, por los delitos de «sedición y rebelión» y la segunda, contra el exdiputado Walter Araujo por «instigar a la sedición» promovida por el Mandatario, y además, por rebelión, detalló la diputada del FMLN, Nidia Díaz.

Además, ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Díaz explicó que presentaron una denuncia por la presencia de los miembros de la Fuerza Armada dentro de la Asamblea Legislativa.

«Pido se inicie el proceso correspondiente de investigaciones por violaciones a la División de Poderes de los Órganos del Estado e injerencias a la Asamblea Legislativa», cita la denuncia entregada a nombre de Díaz a la PDDH.

Además, Díaz, pidió a la FGR que «se ejerza de la Acción Penal Pública en contra del Presidente de la República, por cometer los delitos de rebelión, sedición y proposición y conspiración de rebelión y sedición», de acuerdo con un documento entregado el lunes a nombre de María Marta Concepción Valladares Mendoza, conocida como Nidia Díaz.

Entre las pruebas solicitadas a Fiscalía está un «peritaje informático» para extraer información de las cuentas de redes sociales del Presidente, así como, la realización de «actos urgentes de investigación tendientes a la obtención, resguardo o almacenamiento de la información», reza el documento.

¿Es el primer paso hacia una dictadura?

Los medios salvadoreños calificaron como «un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador» el uso del Ejército, la Policía y a las fuerzas antimotines por parte del Presidente para tomar por asalto y a la fuerza la Asamblea Legislativa.

Seguidamente, Bukele entró al Salón Azul para amenazar a los diputados y decirles que si en una semana no aprueban el préstamo de 109 millones de dólares que anhela, junto con el gobierno de Estados Unidos, para empezar la Fase III del Plan Control Territorial, le dará el poder al “pueblo” para que tome el Congreso.

La medida fue repudiada, incluso, por diputados que apoyan a Bukele y hasta por la organización internacional de derechos humanos Human Right Watch, que calificó la toma del parlamento como “una demostración de fuerza bruta”.

Previo a la arbitrariedad, el Consejo de Ministros de Bukele había convocado el jueves pasado a que la Asamblea realizara una plenaria extraordinaria, este domingo, hecho que recibió el rechazo de los legisladores porque no había una emergencia que la justificara, más allá de la discusión para aprobar el crédito.

Ante la postura de la mayoría de los diputados, Bukele ejecutó un sorprendente despliegue de efectivos militares y policiales con armas largas y con una multitud de partidarios y llegó al lugar con el sonar de la Marcha Presidencial. Inmediatamete se sentó en la silla del Presidente del Congreso, se puso a orar con las manos en el rostro y dijo: «Dios me pidió paciencia».

“En febrero de 2021 todos los sinvergüenzas de la Asamblea van para afuera. Les pido paciencia y si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el dinero del Plan Control Territorial nos volvemos a reunir acá el próximo domingo”, agregó Bukele previo a su entrada, ante una multitud que desde la mañana del domingo lo esperaba en respuesta a la convocatoria de “insurrección” que lanzó el jueves pasado.

La presencia de Bukele en la Asamblea estuvo marcada por un preámbulo de restricciones y agresiones a periodistas por el dispositivo de seguridad, y de denuncias de diputados de ARENA y del FMLN de “acoso” y “persecución” por parte de fuerzas policiales y militares.

Bukele militarizó desde el sábado los alrededores del Palacio Legislativo, pero el asalto militar al organismo era impensable, incluso, para los diputados de GANA, del PCN y algunos de ARENA, como Felissa Cristales y Milena Mayorga, quiees han mostrado su férreo apoyo a Bukele.

«Fue un error»

Los militares tomaron el control total del recinto legislativo y desautorizaron a los responsables de la seguridad de la Asamblea, algo que lamentó Reynaldo Cardoza, del PCN, encargado de la seguridad del Palacio Legislativo.

“Incluso, con la Policía hablamos que esto no tenía que pasar, porque de buena fe estamos aquí. Lamentamos la situación que ha ordenado el señor ministro, porque esta situación la ha ordenado el señor ministro de Seguridad y no entendemos por qué. Aquí en la Asamblea Legislativa no hay ninguna persona que sea delincuente o que quiera agredir a alguien”, reaccionó Cardoza.

Las caras de asombro y de miedo fue evidente en los diputados cuando un pelotón de antimotines irrumpió en el Salón Azul hasta donde está la mesa principal de la Junta Directiva, describen los medios salvadoreños.

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, corrigió después de que se trató de un “error” en la orden que les habían dado para dar protección a Bukele.

“Ustedes pueden observar que los efectivos se fueron al frente del Salón Azul. Quizás ese fue un error en su maniobra, pero luego ya estaban ubicados en el lugar que les corresponde. Es parte del Estado Mayor presidencial. Acuérdense que al señor Presidente de la República, cuando llega a cualquier lugar, es la Unidad de Mantenimiento del Orden la que le proporciona seguridad”, justificó Arriaza.

Pero, la indignación se apoderó de algunos diputados que dijeron no soportar este abuso. Cristales se retiró del Salón Azul, al ver cómo ingresaban decenas de soldados, policías y personal de la UMO, quienes desde antes que Bukele llegara a la Asamblea, habían desplazado a los encargados de la seguridad legislativos para tomar el control total del recinto.

“Ver que el Ejecutivo se toman la seguridad de la Asamblea es prestarse a un juego en el que no estoy de acuerdo. Como salvadoreña libre que soy, me retiro. El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, sentenció Cristales justo antes de salir.

Mientras que Mayorga, quien también ha mostrado simpatía y apoyo al Presidente, dijo en su Twitter: “De buena voluntad estoy en la Asamblea, no necesitamos militares para legislar. Estoy sorprendida igual que ustedes, apoyé la convocatoria que es legal, constitucional el Consejo de Ministros. Sin embargo no lo puedo negar, los militares nos han asustado”, acotó.

Después de incitar a sus seguidores en las afueras de la Asamblea, la intervención de Bukele en el Salón Azul fue breve. Allí lo esperaban un poco más de 20 diputados de GANA, PCN y algunos de ARENA.

Se sentó al lado del segundo vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, quien minutos antes había declarado que no se trataba de una plenaria extraordinaria la que se realizaría, pues así lo anunció Bukele, una convocatoria ordenada por el Consejo de Ministros, amparándose en el artículo 167 de la Constitución.

Gallegos explicó que era un “acto de recibimiento” a Bukele, ya que no tenían ni convocatoria oficial del titular de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, ni los 43 votos para instalarla. La plenaria ordinaria estaba convocada por Ponce para el lunes al mediodía.

«En manos de Dios»

“Vino a hacer una oración para la decisión que iba a tomar nuevamente, pues nosotros por cortesía y por ser el Presidente lo hemos recibido. Hemos firmado un acta en la que hacemos constar los diputados presentes. Atendimos la convocatoria de ministros y el presidente no dejó nada. El presidente oró, yo estaba a la par de él y después salió”, comentó Gallegos.

Al llegar al Salón Azul, Bukele felicitó a los diputados que estaban y dijo: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”.

Se sentó, colocó sus manos en su rostro y oró durante varios minutos, después alzó su cabeza, miró al techo y sin decir una sola palabra, se levantó abruptamente de la silla y pasó de largo ante todos los diputados, que miraban atónitos su retiro.

Regresó a la tarima en donde aún lo esperaban los ciudadanos convocados y les dijo que tuvieran paciencia, que eso era lo que Dios le había manifestado en su oración, no sin antes decirles que los diputados tenían una semana como plazo para aprobar el préstamo.

Los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y FMLN denunciaron al Gobierno de cometer distintos actos arbitrarios en contra de sus militantes, así como violentar el Estado de Derecho.

El grupo parlamentario de ARENA informó que en el Juzgado 10mo de Paz, de San Salvador, presentará una demanda de inconstitucionalidad “ante los abusos de poder por parte del Ejecutivo” con representantes de los distintos órganos de su partido.

Por otra parte, en la 38 convención nacional extraordinaria “construyendo futuro desde las bases del FMLN”, celebrada el domingo, los convencionistas tomaron una resolución para “expresar nuestro total rechazo a la violación de la Constitución de la República por parte del presidente (Nayib Bukele), quien juró cumplir y hacer cumplir la Ley. Él no puede violar la Ley de manera sistemática”.

Asimismo, llamaron “a todas las fuerza vivas -trabajadores, jóvenes, academia, empresarios, la iglesias- a defender lo que tanto ha costado conquistar a El Salvador: una democracia naciente pero creciente, que tuvo como escenario la pérdida de miles y miles de vidas. No es posible que por caprichos y por actuaciones irresponsables de un funcionario como el Presidente generemos un daño irreparable a nuestra democracia”.

Por su parte, Ruth Eleonora López y Luis Portillo, abogados y analistas locales, habían presentado el sábado una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa y contra el llamado a la insurrección realizada por el Presidente.

El lunes, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda y le ordena a Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.

Piden a Bukele respetar independencia de poderes

El enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea provocó también amplias reacciones en la comunidad internacional que, en general, pidió respeto a la independencia de los poderes del Estado y llamó a la calma y al diálogo.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador dijo, a través de un comunicado, que el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática, causaría un daño a la convivencia y a la imagen internacional del país.

“Las relaciones de la Unión Europea con sus socios siempre se han basado en un conjunto de principios universales, entre otros el Estado de Derecho, el respeto al pluralismo político y la separación de poderes, que garantizan una democracia estable y duradera”, explicó la UE.

La UE reconoció que “el problema de la seguridad ciudadana es una prioridad nacional” y expresó su apoyo a “todos los esfuerzos en este sentido”, pero considera que “el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador causa gran preocupación”.

“Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador y a la Asamblea Legislativa para que la situación se resuelva de forma satisfactoria y pacífica y que la independencia de las instituciones se respete, con el pleno acatamiento a la Constitución”, aseveró a UE.

Por su parte, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, interesado en que se aprueben los mencionados recursos, expresó que los poderes del Estado deben “mantener la calma” y “dialogar en búsqueda de consensos”.

Johnson, quien ha respaldado el Plan Control Territorial, manifestó que la mejor vía de resolución de conflictos es “el diálogo razonable y el respeto mutuo”.

De igual manera, el embajador de Reino Unido, David Lelliot, recordó que su país “es un socio en el camino a la paz, la seguridad y el desarrollo”.

“Seguimos confiando que los actores políticos del país puedan resolver sus diferencias por el diálogo. Situaciones tensas no ayudan a los salvadoreños”, sostuvo Lelliot.

Entre tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también llamó a El Salvador mantener un “diálogo” abierto y garantizar “el pleno respeto de la institucionalidad democrática”.

La OACNUDH reiteró en su mensaje que se debe respetar “la independencia de las ramas del poder público”, “condición necesaria para el cumplimiento de la Constitución y en conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por el Estado”.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al país resolver pacíficamente la actual crisis y respetar la separación de poderes y la Constitución.

“El diálogo, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho son condiciones fundamentales para las obligaciones internacionales de derechos humanos”, escribió la CIDH.

También, el director ejecutivo Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió que “esta exhibición de fuerza bruta” debe ser atendida por la OEA con urgencia y llamó a su secretario general, Luis Almagro, a atender este pedido.

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