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Abuso de poder: Bukele en tiempos de dictadura salvadoreña

La Sala de lo Constitucional admitió la demanda y le ordena al Presidente que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos

Decenas de soldados del Ejercito tomaron las instalaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador este domingo, para cumplir órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, quien solicitó la militarización de ese órgano del Estado para presionar a los diputados en la discusión y aprobación de un crédito de 109 millones de dólares.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al parecer, la arbitrariedad del Jefe de Estado sobrepasó sus límites constitucionales e, incluso, se prendieron las alarmas de organismos que hasta la fecha le daban espaldarazos a Bukele y lo mostraban como un joven demócrata.

Pero en términos reales, la intransigencia de Bukele -al mejor estilo Donald Trump- tiene su prontuario y antecedentes; los cuales sirvieron para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo expulsara de sus filas, tras mostrar conductas antidemocráticas, misógenas y supremacistas.

Tras la arremetida de Bukele contra el Parlamento y la presencia del Ejército -con armas de guerra- dentro del propio hemiciclo de sesiones, el grupo parlamentario del FMLN presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera fue contra Bukele, por los delitos de «sedición y rebelión» y la segunda, contra el exdiputado Walter Araujo por «instigar a la sedición» promovida por el Mandatario, y además, por rebelión, detalló la diputada del FMLN, Nidia Díaz.

Además, ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Díaz explicó que presentaron una denuncia por la presencia de los miembros de la Fuerza Armada dentro de la Asamblea Legislativa.

«Pido se inicie el proceso correspondiente de investigaciones por violaciones a la División de Poderes de los Órganos del Estado e injerencias a la Asamblea Legislativa», cita la denuncia entregada a nombre de Díaz a la PDDH.

Además, Díaz, pidió a la FGR que «se ejerza de la Acción Penal Pública en contra del Presidente de la República, por cometer los delitos de rebelión, sedición y proposición y conspiración de rebelión y sedición», de acuerdo con un documento entregado el lunes a nombre de María Marta Concepción Valladares Mendoza, conocida como Nidia Díaz.

Entre las pruebas solicitadas a Fiscalía está un «peritaje informático» para extraer información de las cuentas de redes sociales del Presidente, así como, la realización de «actos urgentes de investigación tendientes a la obtención, resguardo o almacenamiento de la información», reza el documento.

¿Es el primer paso hacia una dictadura?

Los medios salvadoreños calificaron como «un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador» el uso del Ejército, la Policía y a las fuerzas antimotines por parte del Presidente para tomar por asalto y a la fuerza la Asamblea Legislativa.

Seguidamente, Bukele entró al Salón Azul para amenazar a los diputados y decirles que si en una semana no aprueban el préstamo de 109 millones de dólares que anhela, junto con el gobierno de Estados Unidos, para empezar la Fase III del Plan Control Territorial, le dará el poder al “pueblo” para que tome el Congreso.

La medida fue repudiada, incluso, por diputados que apoyan a Bukele y hasta por la organización internacional de derechos humanos Human Right Watch, que calificó la toma del parlamento como “una demostración de fuerza bruta”.

Previo a la arbitrariedad, el Consejo de Ministros de Bukele había convocado el jueves pasado a que la Asamblea realizara una plenaria extraordinaria, este domingo, hecho que recibió el rechazo de los legisladores porque no había una emergencia que la justificara, más allá de la discusión para aprobar el crédito.

Ante la postura de la mayoría de los diputados, Bukele ejecutó un sorprendente despliegue de efectivos militares y policiales con armas largas y con una multitud de partidarios y llegó al lugar con el sonar de la Marcha Presidencial. Inmediatamete se sentó en la silla del Presidente del Congreso, se puso a orar con las manos en el rostro y dijo: «Dios me pidió paciencia».

“En febrero de 2021 todos los sinvergüenzas de la Asamblea van para afuera. Les pido paciencia y si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el dinero del Plan Control Territorial nos volvemos a reunir acá el próximo domingo”, agregó Bukele previo a su entrada, ante una multitud que desde la mañana del domingo lo esperaba en respuesta a la convocatoria de “insurrección” que lanzó el jueves pasado.

La presencia de Bukele en la Asamblea estuvo marcada por un preámbulo de restricciones y agresiones a periodistas por el dispositivo de seguridad, y de denuncias de diputados de ARENA y del FMLN de “acoso” y “persecución” por parte de fuerzas policiales y militares.

Bukele militarizó desde el sábado los alrededores del Palacio Legislativo, pero el asalto militar al organismo era impensable, incluso, para los diputados de GANA, del PCN y algunos de ARENA, como Felissa Cristales y Milena Mayorga, quiees han mostrado su férreo apoyo a Bukele.

«Fue un error»

Los militares tomaron el control total del recinto legislativo y desautorizaron a los responsables de la seguridad de la Asamblea, algo que lamentó Reynaldo Cardoza, del PCN, encargado de la seguridad del Palacio Legislativo.

“Incluso, con la Policía hablamos que esto no tenía que pasar, porque de buena fe estamos aquí. Lamentamos la situación que ha ordenado el señor ministro, porque esta situación la ha ordenado el señor ministro de Seguridad y no entendemos por qué. Aquí en la Asamblea Legislativa no hay ninguna persona que sea delincuente o que quiera agredir a alguien”, reaccionó Cardoza.

Las caras de asombro y de miedo fue evidente en los diputados cuando un pelotón de antimotines irrumpió en el Salón Azul hasta donde está la mesa principal de la Junta Directiva, describen los medios salvadoreños.

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, corrigió después de que se trató de un “error” en la orden que les habían dado para dar protección a Bukele.

“Ustedes pueden observar que los efectivos se fueron al frente del Salón Azul. Quizás ese fue un error en su maniobra, pero luego ya estaban ubicados en el lugar que les corresponde. Es parte del Estado Mayor presidencial. Acuérdense que al señor Presidente de la República, cuando llega a cualquier lugar, es la Unidad de Mantenimiento del Orden la que le proporciona seguridad”, justificó Arriaza.

Pero, la indignación se apoderó de algunos diputados que dijeron no soportar este abuso. Cristales se retiró del Salón Azul, al ver cómo ingresaban decenas de soldados, policías y personal de la UMO, quienes desde antes que Bukele llegara a la Asamblea, habían desplazado a los encargados de la seguridad legislativos para tomar el control total del recinto.

“Ver que el Ejecutivo se toman la seguridad de la Asamblea es prestarse a un juego en el que no estoy de acuerdo. Como salvadoreña libre que soy, me retiro. El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, sentenció Cristales justo antes de salir.

Mientras que Mayorga, quien también ha mostrado simpatía y apoyo al Presidente, dijo en su Twitter: “De buena voluntad estoy en la Asamblea, no necesitamos militares para legislar. Estoy sorprendida igual que ustedes, apoyé la convocatoria que es legal, constitucional el Consejo de Ministros. Sin embargo no lo puedo negar, los militares nos han asustado”, acotó.

Después de incitar a sus seguidores en las afueras de la Asamblea, la intervención de Bukele en el Salón Azul fue breve. Allí lo esperaban un poco más de 20 diputados de GANA, PCN y algunos de ARENA.

Se sentó al lado del segundo vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, quien minutos antes había declarado que no se trataba de una plenaria extraordinaria la que se realizaría, pues así lo anunció Bukele, una convocatoria ordenada por el Consejo de Ministros, amparándose en el artículo 167 de la Constitución.

Gallegos explicó que era un “acto de recibimiento” a Bukele, ya que no tenían ni convocatoria oficial del titular de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, ni los 43 votos para instalarla. La plenaria ordinaria estaba convocada por Ponce para el lunes al mediodía.

«En manos de Dios»

“Vino a hacer una oración para la decisión que iba a tomar nuevamente, pues nosotros por cortesía y por ser el Presidente lo hemos recibido. Hemos firmado un acta en la que hacemos constar los diputados presentes. Atendimos la convocatoria de ministros y el presidente no dejó nada. El presidente oró, yo estaba a la par de él y después salió”, comentó Gallegos.

Al llegar al Salón Azul, Bukele felicitó a los diputados que estaban y dijo: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”.

Se sentó, colocó sus manos en su rostro y oró durante varios minutos, después alzó su cabeza, miró al techo y sin decir una sola palabra, se levantó abruptamente de la silla y pasó de largo ante todos los diputados, que miraban atónitos su retiro.

Regresó a la tarima en donde aún lo esperaban los ciudadanos convocados y les dijo que tuvieran paciencia, que eso era lo que Dios le había manifestado en su oración, no sin antes decirles que los diputados tenían una semana como plazo para aprobar el préstamo.

Los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y FMLN denunciaron al Gobierno de cometer distintos actos arbitrarios en contra de sus militantes, así como violentar el Estado de Derecho.

El grupo parlamentario de ARENA informó que en el Juzgado 10mo de Paz, de San Salvador, presentará una demanda de inconstitucionalidad “ante los abusos de poder por parte del Ejecutivo” con representantes de los distintos órganos de su partido.

Por otra parte, en la 38 convención nacional extraordinaria “construyendo futuro desde las bases del FMLN”, celebrada el domingo, los convencionistas tomaron una resolución para “expresar nuestro total rechazo a la violación de la Constitución de la República por parte del presidente (Nayib Bukele), quien juró cumplir y hacer cumplir la Ley. Él no puede violar la Ley de manera sistemática”.

Asimismo, llamaron “a todas las fuerza vivas -trabajadores, jóvenes, academia, empresarios, la iglesias- a defender lo que tanto ha costado conquistar a El Salvador: una democracia naciente pero creciente, que tuvo como escenario la pérdida de miles y miles de vidas. No es posible que por caprichos y por actuaciones irresponsables de un funcionario como el Presidente generemos un daño irreparable a nuestra democracia”.

Por su parte, Ruth Eleonora López y Luis Portillo, abogados y analistas locales, habían presentado el sábado una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa y contra el llamado a la insurrección realizada por el Presidente.

El lunes, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda y le ordena a Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.

Piden a Bukele respetar independencia de poderes

El enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea provocó también amplias reacciones en la comunidad internacional que, en general, pidió respeto a la independencia de los poderes del Estado y llamó a la calma y al diálogo.

La Delegación de la Unión Europea (UE) en El Salvador dijo, a través de un comunicado, que el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática, causaría un daño a la convivencia y a la imagen internacional del país.

“Las relaciones de la Unión Europea con sus socios siempre se han basado en un conjunto de principios universales, entre otros el Estado de Derecho, el respeto al pluralismo político y la separación de poderes, que garantizan una democracia estable y duradera”, explicó la UE.

La UE reconoció que “el problema de la seguridad ciudadana es una prioridad nacional” y expresó su apoyo a “todos los esfuerzos en este sentido”, pero considera que “el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador causa gran preocupación”.

“Hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador y a la Asamblea Legislativa para que la situación se resuelva de forma satisfactoria y pacífica y que la independencia de las instituciones se respete, con el pleno acatamiento a la Constitución”, aseveró a UE.

Por su parte, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, interesado en que se aprueben los mencionados recursos, expresó que los poderes del Estado deben “mantener la calma” y “dialogar en búsqueda de consensos”.

Johnson, quien ha respaldado el Plan Control Territorial, manifestó que la mejor vía de resolución de conflictos es “el diálogo razonable y el respeto mutuo”.

De igual manera, el embajador de Reino Unido, David Lelliot, recordó que su país “es un socio en el camino a la paz, la seguridad y el desarrollo”.

“Seguimos confiando que los actores políticos del país puedan resolver sus diferencias por el diálogo. Situaciones tensas no ayudan a los salvadoreños”, sostuvo Lelliot.

Entre tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también llamó a El Salvador mantener un “diálogo” abierto y garantizar “el pleno respeto de la institucionalidad democrática”.

La OACNUDH reiteró en su mensaje que se debe respetar “la independencia de las ramas del poder público”, “condición necesaria para el cumplimiento de la Constitución y en conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por el Estado”.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al país resolver pacíficamente la actual crisis y respetar la separación de poderes y la Constitución.

“El diálogo, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho son condiciones fundamentales para las obligaciones internacionales de derechos humanos”, escribió la CIDH.

También, el director ejecutivo Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió que “esta exhibición de fuerza bruta” debe ser atendida por la OEA con urgencia y llamó a su secretario general, Luis Almagro, a atender este pedido.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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