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Corrupción

$344 mil en mascarillas compró el gobierno a ex diputado de ARENA

La controversial administración de Bukele está dando de qué hablar tras destaparse varios casos de corrupción por sus funcionarios, aliados políticos y favorecer a los “amigos” cercanos.

Crítico de los casos de corrupción en el país, Nayib Bukele se comprometió a transparentar los fondos en su gobierno, pero es lo que menos ha cumplido en un año de gestión.

La controversial administración de Bukele  está dando de qué hablar tras destaparse  varios casos de corrupción por sus funcionarios, aliados políticos y favorecer a los “amigos” cercanos.

Otro caso denunciado que pone en evidencia la nula transparencia del gobierno es la compra de  $344 mil en mascarillas al diputado de ARENA Gustavo Escalante Zelaya, quien hace unas semanas renuncia a su partido para apoyar a Bukele.

De acuerdo a una investigación periodística del Faro, Escalante es fundador y administrador junto a otros miembros de su familia de  Grupo GME Inversiones dedicada al rubro informático, pero aprovecharon la pandemia del covid-19 para hacer un negocio redondo con el Ministerio de Salud, el cual adquirió un lote de 800,00 mascarillas quirúrgicas.

Según el contrato, con fecha 20 de marzo, el precio fijado al por mayor de las mascarillas fue de 0.43 centavos, cuando lo  autorizado por el gobierno al inicio de la pandemia era de $0.17, mientras que los lineamientos para el público era 0.26centavos.

Además, la adjudicación al contrato fue exprés y amparado al Estado de Emergencia Nacional, la compra se hizo directa bajo “adquisición de mascarillas quirúrgicas”, de acuerdo al memorándum GS No. 2020-8400-1453.

«Para efectos de presentación de la oferta del presente proceso de Contratación directa por Estado de Emergencia Nacional, será en las oficinas de la UACI o podrá ser remitida por correo electrónico a partir de las 11:00 a.m. hasta las 03:00 p.m. del día 20 de marzo», se lee en la misiva, que fue firmada por Manuel de Jesús Corea Barahona, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), cita el documento al que el Faro tuvo acceso.

La orden de compra fue bajo la responsabilidad  de la exministra Ana Orellana Bendek, que fue sustituída por Francisco Alabí, siete días más tarde.

Con este negocio de “amigos”, el Estado no aplicó ese estándar de precios y pagó 0.17 centavos más por cada mascarilla, pese al volumen de la compra, demostrando favoritismos para sus aliados y haciendo negocios fuera de la ley.

El administrador de Grupo GME Inversiones, Manuel Escalante, hermano del diputado, confirmó la compra y apuntó que “no hay ninguna violación de ley.

Para desvincular al funcionario del acto de corrupción, la familia argumenta que ya no es administrador único suplente de la sociedad, sin embargo,  hasta el 23 de junio de 2020, el Registro de Comercio dice lo contrario y no hay ninguna modificación.

«La prohibición no es solo para los diputados accionistas de empresas, sino también se refiere a los que son directivos, porque estos administran un servicio que eventualmente podrían también fiscalizar», opina Roberto Burgos, abogado con amplia experiencia fiscalizando la función pública.

La Constitución salvadoreña prohíbe a los diputados ser contratistas de servicios u obras pagadas con fondos del Estado. En teoría, la empresa de la cual el diputado Escalante es administrador no podría haber vendido mascarillas al Gobierno. 

Ante estos señalamientos, el diputado dijo que hará uso del derecho de respuesta y tomará acciones legales contra el periódico digital El Faro por publicaciones falsas en su contra y su familia.

La familia Escalante es afín a Nayib Bukele y Ernesto Muyshond.
El hermano del diputado, Manuel José, es Gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Salvador.

René Gustavo Escalante Durán, padre de los hermanos Escalante, se afilió al partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, a finales de 2019.

El presidente es señalado de negociar voluntades para sus intereses políticos y para desviar la atención recurre al “famoso maletín negro” que, según sus opositores, el mismo entrega.

Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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