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Corrupción

$344 mil en mascarillas compró el gobierno a ex diputado de ARENA

La controversial administración de Bukele está dando de qué hablar tras destaparse varios casos de corrupción por sus funcionarios, aliados políticos y favorecer a los “amigos” cercanos.

Crítico de los casos de corrupción en el país, Nayib Bukele se comprometió a transparentar los fondos en su gobierno, pero es lo que menos ha cumplido en un año de gestión.

La controversial administración de Bukele  está dando de qué hablar tras destaparse  varios casos de corrupción por sus funcionarios, aliados políticos y favorecer a los “amigos” cercanos.

Otro caso denunciado que pone en evidencia la nula transparencia del gobierno es la compra de  $344 mil en mascarillas al diputado de ARENA Gustavo Escalante Zelaya, quien hace unas semanas renuncia a su partido para apoyar a Bukele.

De acuerdo a una investigación periodística del Faro, Escalante es fundador y administrador junto a otros miembros de su familia de  Grupo GME Inversiones dedicada al rubro informático, pero aprovecharon la pandemia del covid-19 para hacer un negocio redondo con el Ministerio de Salud, el cual adquirió un lote de 800,00 mascarillas quirúrgicas.

Según el contrato, con fecha 20 de marzo, el precio fijado al por mayor de las mascarillas fue de 0.43 centavos, cuando lo  autorizado por el gobierno al inicio de la pandemia era de $0.17, mientras que los lineamientos para el público era 0.26centavos.

Además, la adjudicación al contrato fue exprés y amparado al Estado de Emergencia Nacional, la compra se hizo directa bajo “adquisición de mascarillas quirúrgicas”, de acuerdo al memorándum GS No. 2020-8400-1453.

«Para efectos de presentación de la oferta del presente proceso de Contratación directa por Estado de Emergencia Nacional, será en las oficinas de la UACI o podrá ser remitida por correo electrónico a partir de las 11:00 a.m. hasta las 03:00 p.m. del día 20 de marzo», se lee en la misiva, que fue firmada por Manuel de Jesús Corea Barahona, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), cita el documento al que el Faro tuvo acceso.

La orden de compra fue bajo la responsabilidad  de la exministra Ana Orellana Bendek, que fue sustituída por Francisco Alabí, siete días más tarde.

Con este negocio de “amigos”, el Estado no aplicó ese estándar de precios y pagó 0.17 centavos más por cada mascarilla, pese al volumen de la compra, demostrando favoritismos para sus aliados y haciendo negocios fuera de la ley.

El administrador de Grupo GME Inversiones, Manuel Escalante, hermano del diputado, confirmó la compra y apuntó que “no hay ninguna violación de ley.

Para desvincular al funcionario del acto de corrupción, la familia argumenta que ya no es administrador único suplente de la sociedad, sin embargo,  hasta el 23 de junio de 2020, el Registro de Comercio dice lo contrario y no hay ninguna modificación.

«La prohibición no es solo para los diputados accionistas de empresas, sino también se refiere a los que son directivos, porque estos administran un servicio que eventualmente podrían también fiscalizar», opina Roberto Burgos, abogado con amplia experiencia fiscalizando la función pública.

La Constitución salvadoreña prohíbe a los diputados ser contratistas de servicios u obras pagadas con fondos del Estado. En teoría, la empresa de la cual el diputado Escalante es administrador no podría haber vendido mascarillas al Gobierno. 

Ante estos señalamientos, el diputado dijo que hará uso del derecho de respuesta y tomará acciones legales contra el periódico digital El Faro por publicaciones falsas en su contra y su familia.

La familia Escalante es afín a Nayib Bukele y Ernesto Muyshond.
El hermano del diputado, Manuel José, es Gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Salvador.

René Gustavo Escalante Durán, padre de los hermanos Escalante, se afilió al partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, a finales de 2019.

El presidente es señalado de negociar voluntades para sus intereses políticos y para desviar la atención recurre al “famoso maletín negro” que, según sus opositores, el mismo entrega.

Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

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