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$250,000 en publicidad televisiva para René Merino Monroy

Mientras el Ejecutivo pide la aprobación de un nuevo préstamo, la institución castrense pagó un cuarto de millón en siete días.

Las pautas publicitarias del gobierno de Nayib Bukele se han incrementado de cara a las elecciones de 2021 y con ello buscan reflejar una falsa realidad tanto de los funcionarios como del país, el cual está sumergido en un hoyo fiscal que en poco tiempo pasará la factura a todos los ciudadanos.

Con este nuevo gasto de $250 mil por espacios publicitarios pagados en diferentes canales de televisión y en las franjas de alta audiencia, que también son las más costosas, el gobierno deja claro cuál es su prioridad y deja sin recursos a las alcaldías, programas sociales, incluso el retraso del hospital El Salvador, cuyos avances son a cuenta gotas y con una millonaria inversión que no se ve.

Según información publicada en el Diario de Hoy, el ministerio de la Defensa invirtió, del 24 al 30 de septiembre pasado dicha cantidad. Es más, en redes sociales circularon videos donde el ministro René Merino Monroy posa entre lodo y escombros para elevar su cuestionado desempeño, opacado con la militarización del palacio Legislativo el 9F.

Sobre los gastos, el portal de Comprasal, solo publicó una escueta descripción de 15 contrataciones de Defensa realizó para promocionar su labor en la programación local de las televisoras.

Los montos asignados para cada canal fueron establecidos de la siguiente manera: La empresa Indesi, S.A. de C.V. (Grupo Megavisión) que recibió $53,110 , Canal 12, $40,960 dólares, Canal 2, $47,019.30,  Canal 6, $34,645.80 y  Canal 4, $28,656.

De acuerdo al rotativo, los espacios pagados por el Ministerio de la Defensa, salieron al aire a los pocos días que la Asamblea Legislativa recomendara la destitución de Merino Monroy por el ingreso de la Fuerza Armada a ese Órgano de Estado.

La estrategia de difundir estos spots era distraer la atención de la ciudadanía ante la exigencia de abrir los archivos militares de la masacre de El Mozote y que por orden del presidente Bukele, la Fuerza Armada negó el ingreso al Estado Mayor Conjunto, así como a otras dependencias castrenses.

Además. El jefe castrense intentó frenar la investigación enviando una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento que la apertura de los archivos militares podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Otra crítica que se sumó a su gastada imagen fue su auto condecoró por las acciones realizadas durante la pandemia de covid.19 y las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristobal.

La abogada Ruth López, catedrática de la UCA, solicito al Tribunal de Ética Gubernamental abrir una investigación contra el ministro, ya que el funcionario fue juez y parte en el proceso de condecoración.

Sobre este nuevo gasto, Defensa oculta información y  viola la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), según el inciso segundo del artículo 1 establece que: “Las adquisiciones y contrataciones de la Administración Púbica se regirán por principios y valores tales como: no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, tal como están definidos en la Ley de Ética Gubernamental”.

Las organizaciones civiles hacen fuertes críticas sobre el manejo de los fondos, ya que los gastos están centrados única y exclusivamente en promocionar la gestión gubernamental, mientras la población afectada por la pandemia y los desastres naturales siguen a la espera de que cumpla su promesa.

A la fecha las arcas del Estado han sido utilizadas para realizar lujosas remodelaciones en las oficinas de los ministros, compras de insumos médicos con sobreprecio, millonarias inversiones en pago de servicios profesionales y contrataciones de agencias internacionales de relaciones públicas y los gastos continúan sin control.

El gobierno de Bukele pasa por alto los análisis financieros, el más reciente es el de la agencia calificadora de riesgo Moody’s, la cual puso este lunes en revisión la calificación crediticia soberana de El Salvador, actualmente de B3, por su alto riesgo de liquidez, dificulta para el financiamiento externo, capacidad limitada para obtener créditos internos, tarjeta de crédito esta al tope, no reduce el gasto, Déficil lo tiene al 11% y finalmente, las confrontaciones políticas.