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Corrupción

$25 millones invertidos y con camas prestadas

El gobierno de Nayib Bukele deja más dudas sobre la transparencia de la utilización de los fondos recibidos para la adecuación de las instalaciones de los pabellones del Cifco para atender a los pacientes con Covid-19.

El hospital de Cifco que atenderá a pacientes con Covid- 19 inicia atención con médicos y equipo prestad

Durante la cadena nacional del pasado domingo 21 de junio, aseguró que la cifra invertida en la remodelación fue de $25 millones, invirtiendo más $11 millones  en mobiliario y equipo.

El mandatario precisó que  la obra se realizó con fondos “provenientes de desembolsos por la cooperación internacional y a los destinados para la compra de insumos”, sin especificar las compras realizadas, ya que el equipamiento es con insumos propiedad del seguro social.

Para anticiparse a las críticas, Bukele justificó los gastos aduciendo que el Cifco pasaría a ser un hospital permanente y de esta manera evadir cualquier acusación sobre el manejo de los recursos.

Sin embargo, todo el equipo médico  y no médico, incluyendo los medicamentos y ropa hospitalaria,  son propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), según consta en un documento publicado en la página de transparencia  de ésta y que también especifica que serán devueltos cuando finalice la emergencia.

En un documento firmado  y sellado por Delmy Cañas de Zacarías, directora General del ISSS y ex gerente de comercialización y ventas de SINQUIMIA, empresa farmacéutica de los Bukeles,  detalla que  dicho mobiliario fue solicitado en abril de 2020.

Además, para completar el funcionamiento del nuevo hospital,  el gobierno también trasladó a 12 especialistas del equipo élite de cuidados intensivos del hospital San Rafael, así como una supuesta contratación de personal, desconociéndose la cantidad y las profesiones requeridas.

El gasto  de $25 millones solo por la adecuación de  pabellones,  ha sido cuestionado por la sociedad civil por considerarlo elevado,  sobre todo porque no cuenta con equipo propio, sino que ha recurrido a préstamos a otros centros hospitalarios.

Los señalamientos cobran fuerza, porque en la misma cadena nacional, el presidente Bukele, dijo que esta era la primera fase porque  la totalidad del proyecto supera los $70 millones, fondos que provienen del ISSS, de la Cooperación Japonesa y del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FODPROMID).

El elevado costo por adecuación de infraestructura, sin considerar el equipamiento total, pone en duda la administración de los recursos, en comparación  a la inversión 6 millones de quetzales (US$ 1 millón) que Guatemala realizó para levantar en tiempo record el hospital para concentrar a los pacientes y evitar el contagio dentro de la red hospitalaria.

Además en  marzo, el ISSS también realizó un préstamo de $25 millones al Gobierno para atender la construcción del hospital provisional, pero por ahora no se tiene claro si esos fondos fueron los utilizados para el equipamiento de éste.

Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, confirmó que el mandatario tomó prestados más de $30 millones de los fondos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para construir y equipar el hospital El Salvador.

La funcionaria manifestó que la Corte verificará la adquisición de insumos médicos realizados durante la emergencia por el coronavirus, así como la construcción y el equipamiento del hospital El Salvador  para presentar los resultados de las auditorías el próximo 28 de julio.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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