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1,892 fiscales electorales y 3,000 observadores vigilarán los comicios legislativos y municipales del 28F

“No vamos a permitir ningún tipo de fraude”, con estas palabras el fiscal general, Raúl Melara promete garantizar que la voluntad electoral de los salvadoreños sea respetada.

Ante la infundada campaña de fraude por parte del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, la Fiscalía General de la República desplegará 1,892 fiscales electorales a los 1,595 centros de votación en las elecciones de mañana.

Cada delegado tendrá bajo su responsabilidad diez Juntas Receptoras de Votos(JRV), las cuales se instalarán para el escrutinio final de los resultados Asimismo, una vez terminadas las elecciones y el conteo de los votos, un fiscal electoral estará en cada una de las 49 mesas para el escrutinio final de los resultados de los comicios.

Raúl Melara, dijo que el objetivo del Plan de Acción electoral es garantizar que la voluntad electoral de los salvadoreños sea respetada y “no vamos a permitir ningún tipo de Fraude”, apuntó.

El titular de la FGR también dejó claro que toda la sociedad civil tiene la responsabilidad de vigilar y generar transparencia, sin recurrir a la violencia como ha sucedido en los simulacros realizados por el Tribunal Supremo Electoral.

“El resultado de una elección no depende del proceso de transmisión de los datos de esa elección, depende del recuento, de la vigilancia y del escrutinio final. Ahí vamos a estar los fiscales electorales, ahí va a estar este servidor, viendo de que cada voto sea respetado”, aseveró el Fiscal General.

El funcionario detalló, que la labor de los fiscales electorales se suma al monitoreo que realizarán los observadores nacionales e internacionales, como también lo hará la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los representantes de los partidos políticos en contienda que están delegados en cada JRV.

Finalmente, Melara dijo que “con tecnología o ya sea que me toque abrir todas las cajas y me toque contar voto por voto, la voluntad del salvadoreño va a ser respetada, esa es nuestra obligación”.

Amenazas al escrutinio

Tras las amenazas que circulan en redes sociales y que abiertamente han sido expuestas por la militancia de Nuevas ideas, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia católica, políticos y la empresa privada, solicitan el apoyo de la comunidad internacional.

Por su parte, Melara llamó a la dirigencia de los partidos políticos a mantener la calma y cordura entre sus simpatizantes para evitar situaciones violentas durante el proceso eleccionario y luego ante la posible tardanza en los resultados de los comicios, como suele suceder.

“Jamás llamar a la violencia, jamás incitar que haya otras maneras de expresarse más allá de las racionales, y confiar en las autoridades (electorales)”, solicitó Melara y pidió a la policía desempañar un papel como garante de la seguridad pública.

El mismo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, acusó al gobierno de Bukele de intentar hackear el sistema, pero le resultó imposible.

“El objetivo de «sabotear» el proceso electoral, es atender la petición del gobierno, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y Nuevas Ideas (NI), citó el funcionario del ente colegiado.

Sin embargo, las amenazas llegan comandadas por Walter Araujo, inhabilitado por la Sala como diputado, quien continúa con incitaciones a la violencia si los resultados no son los que esperan.

“Todo el puedo a las 5:00pm alrededores de los centros de votación…a estar listos”, tuiteó, mensaje que incluso sus seguidores cuestionaron “Eso no don Walter, seamos civilizados! Solo pidamos a los ciudadanos que redoblen esfuerzos y tomen fotos de cada acta y no permitan el fraude desde ahí”, mientras que otros tuitearon: esperando órdenes. Ese mismo discurso de fraude y amenazas hacia los magistrados del TSE, pronunciaron en toda la contienda electoral tanto candidatos como funcionarios de gobierno, incluso el mismo presidente Bukele, pese a los llamados de atención de congresistas norteamericanos. El clima de violencia que se respira a un día de las elecciones, hizo que El Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció a través de un vocero este viernes sobre las elecciones en el país.

“Esperamos del Gobierno salvadoreño que asegure condiciones que reafirmen su compromiso con la democracia celebrando unas elecciones legislativas y municipales libres, justas, transparentes y pacíficas”. El pronunciamiento del Secretario de Estado, Antony Blinken, se dio 24 horas después que 15 congresistas instaran al funcionario a tomar una postura más contundente frente al aumento de la tensión política en El Salvador y no dar “respaldo inadvertido a individuos o sistemas antidemocráticos”. Los comicios legislativos y municipales del mañana cuenta con más 3,000 observadores internacionales que estarán pendientes del desarrollo de las elecciones, donde unos de los principales es el Centro de Criptología Nacional de España, quien dará la ciberseguridad al sistema informático para evitar que sea alterado.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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