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1,892 fiscales electorales y 3,000 observadores vigilarán los comicios legislativos y municipales del 28F

“No vamos a permitir ningún tipo de fraude”, con estas palabras el fiscal general, Raúl Melara promete garantizar que la voluntad electoral de los salvadoreños sea respetada.

Ante la infundada campaña de fraude por parte del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, la Fiscalía General de la República desplegará 1,892 fiscales electorales a los 1,595 centros de votación en las elecciones de mañana.

Cada delegado tendrá bajo su responsabilidad diez Juntas Receptoras de Votos(JRV), las cuales se instalarán para el escrutinio final de los resultados Asimismo, una vez terminadas las elecciones y el conteo de los votos, un fiscal electoral estará en cada una de las 49 mesas para el escrutinio final de los resultados de los comicios.

Raúl Melara, dijo que el objetivo del Plan de Acción electoral es garantizar que la voluntad electoral de los salvadoreños sea respetada y “no vamos a permitir ningún tipo de Fraude”, apuntó.

El titular de la FGR también dejó claro que toda la sociedad civil tiene la responsabilidad de vigilar y generar transparencia, sin recurrir a la violencia como ha sucedido en los simulacros realizados por el Tribunal Supremo Electoral.

“El resultado de una elección no depende del proceso de transmisión de los datos de esa elección, depende del recuento, de la vigilancia y del escrutinio final. Ahí vamos a estar los fiscales electorales, ahí va a estar este servidor, viendo de que cada voto sea respetado”, aseveró el Fiscal General.

El funcionario detalló, que la labor de los fiscales electorales se suma al monitoreo que realizarán los observadores nacionales e internacionales, como también lo hará la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los representantes de los partidos políticos en contienda que están delegados en cada JRV.

Finalmente, Melara dijo que “con tecnología o ya sea que me toque abrir todas las cajas y me toque contar voto por voto, la voluntad del salvadoreño va a ser respetada, esa es nuestra obligación”.

Amenazas al escrutinio

Tras las amenazas que circulan en redes sociales y que abiertamente han sido expuestas por la militancia de Nuevas ideas, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia católica, políticos y la empresa privada, solicitan el apoyo de la comunidad internacional.

Por su parte, Melara llamó a la dirigencia de los partidos políticos a mantener la calma y cordura entre sus simpatizantes para evitar situaciones violentas durante el proceso eleccionario y luego ante la posible tardanza en los resultados de los comicios, como suele suceder.

“Jamás llamar a la violencia, jamás incitar que haya otras maneras de expresarse más allá de las racionales, y confiar en las autoridades (electorales)”, solicitó Melara y pidió a la policía desempañar un papel como garante de la seguridad pública.

El mismo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, acusó al gobierno de Bukele de intentar hackear el sistema, pero le resultó imposible.

“El objetivo de «sabotear» el proceso electoral, es atender la petición del gobierno, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y Nuevas Ideas (NI), citó el funcionario del ente colegiado.

Sin embargo, las amenazas llegan comandadas por Walter Araujo, inhabilitado por la Sala como diputado, quien continúa con incitaciones a la violencia si los resultados no son los que esperan.

“Todo el puedo a las 5:00pm alrededores de los centros de votación…a estar listos”, tuiteó, mensaje que incluso sus seguidores cuestionaron “Eso no don Walter, seamos civilizados! Solo pidamos a los ciudadanos que redoblen esfuerzos y tomen fotos de cada acta y no permitan el fraude desde ahí”, mientras que otros tuitearon: esperando órdenes. Ese mismo discurso de fraude y amenazas hacia los magistrados del TSE, pronunciaron en toda la contienda electoral tanto candidatos como funcionarios de gobierno, incluso el mismo presidente Bukele, pese a los llamados de atención de congresistas norteamericanos. El clima de violencia que se respira a un día de las elecciones, hizo que El Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció a través de un vocero este viernes sobre las elecciones en el país.

“Esperamos del Gobierno salvadoreño que asegure condiciones que reafirmen su compromiso con la democracia celebrando unas elecciones legislativas y municipales libres, justas, transparentes y pacíficas”. El pronunciamiento del Secretario de Estado, Antony Blinken, se dio 24 horas después que 15 congresistas instaran al funcionario a tomar una postura más contundente frente al aumento de la tensión política en El Salvador y no dar “respaldo inadvertido a individuos o sistemas antidemocráticos”. Los comicios legislativos y municipales del mañana cuenta con más 3,000 observadores internacionales que estarán pendientes del desarrollo de las elecciones, donde unos de los principales es el Centro de Criptología Nacional de España, quien dará la ciberseguridad al sistema informático para evitar que sea alterado.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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